El Congreso cita al Defensor del Pueblo para presentar su informe de abusos en la Iglesia con un Gobierno cercado por la corrupción

De nada han servido las constantes recriminaciones del propio Gabilondo a los parlamentarios y al Gobierno, tanto en público como en privado, a cuenta del significativo retraso en cumplir este paso. Ni tampoco la política de hechos consumados del Ejecutivo, que ha hecho firmes esas recomendaciones, sin estar aprobadas por las Cámaras, y ha tratado de convertir en norma lo especificado por el Defensor del Pueblo. Con una exigua y compleja mayoría en el Congreso y en franca minoría en el Senado, el Gobierno ha postergado esta convocatoria.

Sin embargo, ha sido necesaria la publicación del informe de la UCO sobre el «conseguidor Aldama» -que cita de forma directa al exministro Ábalos, al presidente Sánchez y a la propia Armengol- para precipitar los acontecimientos. Será el próximo martes cuando Ángel Gabilondo comparezca, por fin, ante «la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, una respuesta necesaria'», según confirma la Oficina del Defensor.

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De forma discreta, publicitado solo en la agenda de las páginas web del Defensor y la del Congreso, este paso, necesario para que el proceso encargado a Gabilondo se concrete en unas medidas efectivas por parte de las Cámaras, se suma a otros dos acontecimientos. Uno previo, la visita de Pedro Sánchez al Papa Francisco del pasado viernes, en la que el presidente le mostraba su «absoluta predisposición a llegar a un acuerdo con la Iglesia católica para resolver estas dos cuestiones».

Se refería a la «resignificación del Valle de Cuelgamuros» -eufemismo que esconde la intención de expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos y convertir la basílica en un memorial contra el franquismo- y a «la aplicación y desarrollo del informe y las conclusiones que impulsó el Defensor del Pueblo». De nuevo, una expresión genérica que encierra la pretensión del Gobierno de imponer a la Iglesia un sistema de indemnización a las víctimas diferente al que la propia institución aprobó el pasado julio con su 'Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas equiparadas en derecho' (Priva).

El segundo de los acontecimientos tiene que ver con otro de los implicados en este intento de marcar a la Iglesia un camino desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Tal como avanzó ABC este sábado, Bolaños visitará el Vaticano en próximas fechas con la intención de seguir adelante con la agenda apuntada por Sánchez este viernes, en concreto con los temas del Valle de los Caídos y la creación de un órgano paralelo al ya implementado por la Iglesia, en este caso fiscalizado por el Gobierno y que le imponga las indemnizaciones a las víctimas.

Según ha podido conocer este diario, esta intención de Bolaños de visitar el Vaticano viene de varios meses atrás, aunque el presidente Sánchez le había pedido que esperara a que primero se materializara su audiencia con el Santo Padre, como finalmente ha ocurrido este viernes. Bolaños lleva desde el pasado mes de abril, cuando se reunió con la recién elegida cúpula de la Conferencia Episcopal, tratando de imponer a la Iglesia, sin ningún éxito, un plan de acción sobre las víctimas de abusos que permitiera al Ejecutivo erigirse en el artífice de la resolución del problema.

Sin embargo, los obispos le han respondido desde el primer momento con su propio plan de trabajo, que han ido ejecutando a pesar de los intentos de boicot llegados desde el Ejecutivo. El primero fue el 23 de abril con la aprobación en Consejo de Gobierno y de forma unilateral, de un plan de indemnización a víctimas, que trataba de imponer a la Iglesia la participación de un fondo para financiar las indemnizaciones. Los obispos se enteraron de la decisión del Gobierno por la prensa cuando tan solo cinco días el nuevo presidente de la Conferencia Episcipal había mantenido un «encuentro cordial» para presentarse ante el ministro, sin que este le anticipara sus pretensiones.

Sólo tres días después, Gabilondo comparecía ante la comisión mixta para presentar el informe anual del Defensor del Pueblo y aprovechaba para recriminar a los parlamentarios que no le hubieran citado para presentar el trabajo sobre los abusos en la Iglesia. «Hace medio año que se presentó a la presidenta [decía entonces] y todavía está pendiente de ser debatido en el Pleno»; les recordaba a senadores y congresistas. Y también hacía referencia a la decisión tomada unos días antes. «El Gobierno ha dicho algunas cosas que va a hacer, me parece bien, pero es que el Gobierno es poder ejecutivo. Pero es que ustedes tienen también algo que decir. Y por tanto, sobre ese informe, podrán tomar medidas en relación con sus propias competencias», recordaba Gabilondo a senadores y diputados como representantes del poder legislativo.

La reprimenda no fue suficiente y Gabilondo no logró que le citaran. El Gobierno seguía guardando la carta de agitar el tema de los abusos en la Iglesia para momentos más convulsos. Por contra, Bolaños intentó contraprogramar de nuevo a la Iglesia cuando conoció que tenía la pretensión de implementar su propio plan de indemnización a víctimas que no tenían posibilidad de acudir a un juicio por haber prescrito su caso o muerto su victimario.

A principios de julio, el ministro convocaba, de forma «urgente y discreta», a las asociaciones de víctimas a Moncloa apenas 24 horas antes de la reunión en que la Conferencia Episcopal iba a votar su plan, a la par que enviaba una carta al presidente, Luis Argüello en la que le instaba a que no aprobaran su propuesta de reparación a las víctimas sin la fiscalización del Gobierno. No consiguió su objetivo, y al día siguiente la Iglesia sacaba adelante su plan casi por unanimidad. Ante la prensa, Argüello convertía las críticas de Bolaños en un «elogio». «Ayer un ministro decía que la Iglesia ha actuado de manera unilateral, ¡claro que sí!», afirmaba con contundencia. «Es unilateral -añadía- porque es una toma de decisión libre que responde a una obligación no jurídica sino moral, que asumimos por propia iniciativa, 'motu proprio' en lenguaje eclesial».

Ante todos estos intentos de injerencia, el presidente del Episcopado siempre se ha mantenido firme. En julio afirmaba a ABC en una entrevista que «nunca vamos a aceptar una imposición que no tiene base legal ni jurídica». No cuesta imaginar que ante estos reveses Bolaños quisiera explorar la vía que antes trataron de poner en marcha dos de sus antecesoras socialistas en la responsabilidad de interlocución con la Iglesia, María Teresa Fernández de la Vega y Carmen Calvo. En ambos casos las vicepresidentas, buscaron puentear a los obispos españoles y acudir de forma directa a la Santa Sede para resolver sus diferencias con los representantes de la Iglesia española. Sin embargo, se encontraron con la misma respuesta: el interlocutor para los asuntos de la Iglesia española es la Conferencia Episcopal.

Si la política vaticana no ha cambiado en este tiempo, es probable que Bolaños encuentre en la Santa Sede una similar indicación. En todo caso, su visita no tendría sentido si trata de apelar a unas propuestas del Defensor del Pueblo que ni siquiera han sido validadas por las cámaras que las encargaron. Por más que Sánchez ya recurriera este viernes a una política de hechos consumados y afirmara sin rubor que las recomendaciones cuentan con el respaldo «de una amplísima mayoría de grupos parlamentarios que lo respaldan y que lo aprueban», lo cierto es que ese paso todavía no se ha dado. De ahí la urgencia sobrevenida para que Gabilondo comparezca este martes, amén de la necesidad de desviar la atención ante la compleja situación política en que que dejan a Sánchez sus incoherencias desveladas por el informe de la UCO.