El Gobierno impone a la Iglesia un plan de indemnizaciones a víctimas de abuso «sin garantía jurídica»

El plan ha seguido la línea de las recomendaciones que presentó el Defensor del Pueblo en octubre sobre los abusos en el ámbito religioso. Se enmarcan en cinco ejes de actuación: el reconocimiento y reparación, la atención a las víctimas, la prevención, la formación y sensibilización y finalmente la información e investigación de los casos.

Entre las primeras medidas anunciadas por Bolaños están la organización de un acto público de «reparación simbólica en nuestra democracia», que vendrá «acompañado» de una «reparación material suficiente para las víctimas» en los casos no resueltos en sentencia judicial. Incluso se prevé asumir indemnizaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento de la víctima, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Todo estará coordinado por un órgano mixto de nueva creación en el que participarán el Estado y la Iglesia. También se contará con una comisión de seguimiento en la que participarán otros ministerios implicados, como Juventud e Infancia o Educación, según el texto aprobado este martes.

Otras medidas que plantea el plan son ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban. Bolaños también ha expuesto que el Gobierno quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en España.

En este sentido, también tiene previsto generar «entornos seguros» con «salas amigables» para las declaraciones, para evitar que las víctimas puedan tener ningún contacto con su agresor. Asimismo, ha explicado que tienen previsto garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales que también quieran acceder a ella.

También ha avanzado que el Ejecutivo tiene previsto realizar un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia, con el objetivo de conocer las causas donde se produce con mayor frecuencia, «para adoptar decisiones y políticas públicas que sean adecuadas a esta cuestión». Asimismo, ha indicado que van a mejorar todos los sistemas de obtención de datos para poder adoptar «mejores decisiones», con información que sea «actualizada» y que ayude.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha explicado que el Gobierno ya ha iniciado un diálogo con la Iglesia católica para que «sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia».

Sin embargo, el mismo escrito del plan reconoce que el Estado también forma parte del problema: «En cuanto al papel de los poderes públicos, el informe concluye que el Estado español hasta la publicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia no contó con mecanismos eficaces de prevención y detección de los abusos ni protocolos obligatorios de denuncia o de traslado de quejas de los padres o personas menores de edad».

También se menciona un período de «tiempo de desatención y de inactividad» por parte de los poderes públicos entre 1970 y 2020, donde «no establecieron procedimientos adecuados de detección y reacción frente a los abusos sexuales de personas menores de edad de edad cometidos en centros escolares dependientes de la Iglesia católica».

El Gobierno prevé que el plan entre en acción entre 2024 y 2027, durante la actual legislatura.

Por su parte, desde la Conferencia Episcopal se han mostrado críticos con el plan. «El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones», han argumentado.

Pese a que Bolaños ha remarcado que existe diálogo con la Iglesia, el plan prevé la posibilidad de que el acuerdo no suceda. En tal caso, será «el Estado quien asuma las responsabilidades económicas para indemnizar a las víctimas». Sin embargo, se haría «con el apoyo de las comunidades autonómicas» y tras aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctimas y las medidas reparadoras pertinentes.

El plan del Gobierno no incluye un baremo de cantidades ni tampoco los procesos que tendrán que seguir los afectados. En España, a diferencia de otros países como Irlanda, Reino Unido o Canadá, no existe un baremo oficial específico para abusos de menores.

Durante la presentación de los dos nuevos obispos auxiliares de Madrid, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha declarado que está dispuesto a «colaborar con el Estado para afrontar todas las dimensiones de este asunto en materia de prevención y reparación asumiendo nuestra responsabilidad como Iglesia». El cardenal madrileño no entró en detalles sobre la iniciativa presentada por Moncloa, pero sí defendió que Madrid, a través del proyecto Repara, ya viene trabajando en esta línea.

De hecho, Cobo ha subrayado la necesidad de dar pasos adelante «teniendo en cuenta los apuntes del informe del Defensor del Pueblo». Pero, sobre todo, el arzobispo hizo hincapié en que, a la hora de tomar cualquier medida, urge «tener en cuenta la centralidad de las víctimas y la necesidad acompañamiento no solo penal ni a corto plazo, sino en profundidad».