Bolaños rechaza, ante las víctimas de abusos, el plan de reparación que la Iglesia tiene previsto aprobar este martes

Según ha manifestado Bolaños en su encuentro en el complejo de la Moncloa, «el plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación», una descripción muy ajustada si se tiene en cuenta que antes había manifestado que «no había sido transmitido al Ejecutivo». El ministro se ha posicionado a favor de la asociaciones al afirmarles que «ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada». «El Gobierno estará a vuestro lado», ha añadido Bolaños según la nota de prensa del ministerio.

Bolaños también ha explicado a los representantes de las asociaciones de víctimas que «durante los últimos meses el ministerio ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito». También ha añadido que esa fórmula de reparación se haría «de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo, que consisten en la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado».

Pero, según ha podido conocer ABC, en la práctica sólo ha habido dos reuniones en las que se ha hablado de lacuestión de abusos. La primera, fue el «encuentro cordial» del 18 de abril con el que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal se presentó al ministro tras su elección. En aquel momento, Bolaños, anticipó a los obispos su intención de avanzar en una línea de colaboración en ese sentido.

Sin embargo, unos días después, el 23, el Gobierno se descolgaba, de forma unilateral, con su plan de indemnización, aprobado en el Consejo de Ministros. Los obispos consideraron que «el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado». A pesar de ello, ambas partes volvieron a encontrarse el 3 de junio, en una «reunión técnica», para tratar la cuestión.

El 27 de junio, cuando ya era público que la Iglesia tenía previsto aprobar el Priva en los primeros días de julio, Bolaños reclamó a la Conferencia Episcopal para otra reunión «para alcanzar un acuerdo». Los obispos se mostraron dispuestos a ello, pero a partir del 10 de julio, cuando ya tuvieran aprobado su plan de reparación.

En todo caso, el Gobierno insiste en que su planteamiento está basado en las «recomendaciones del Defensor del Pueblo» e incluso especifica que consisten «en la creación de un órgano micro entre Iglesia y Estado», cuando no es totalmente cierto. Primero, porque Ángel Gabilondo, a pesar de haberlo reclamado en varias ocasiones, todavía no ha comparecido ante el Congreso para presentar su informe y que sea la Cámara quien decida cuales deben ser los siguientes pasos. El Gobierno se ha saltado ese paso, sabedor de que no cuenta con una mayoría parlamentaria que respalde su posición.

Y segundo, porque en las recomendaciones establece la creación de un «órgano independiente» -y no un «órgano mixto Iglesia-Estado» como sostiene Bolaños-, para la reparación de las víctimas que no tienen la posibilidad de acudir a un proceso penal. La recomendación plantea la exigencia de la colaboración de la Iglesia católica «de modo que esta asuma el compromiso de hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones», aunque también prevé una alternativa «en caso de no colaboración de la Iglesia» que pasaría por el «reconocimiento de la condición de víctima».

Además, el Informe del Defensor del Pueblo explica que «tanto si se configura un modelo mixto entre Iglesia y Estado como si se opta por un sistema administrativo de reconocimiento y reparación, el órgano debería incluir la competencia de acordar compensaciones conforme a un baremo». «Cualquiera de las opciones mencionadas requeriría una ley específica», aclara el Informe, un paso que Bolaños parece no haber tenido en cuenta en su reunión con las víctimas.

Por contra, Bolaños ha transmitido a las asociaciones de víctimas que «el Gobierno mantiene su apuesta por cumplir fielmente con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, que fueron además asumidas formalmente por el Ejecutivo a través de un plan de implementación aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024».

«Para finalizar- afirma la nota de prensa del ministerio publicada una hora antes de que acabara la reunión- el ministro ha reiterado que se seguirá dirigiendo a la CEE para negociar un sistema de reparación acordado entre Iglesia y Estado que vincule a la Iglesia, cuente con la participación y la aprobación de las víctimas, genere un entorno seguro y de confianza para plantear sus casos, actúe con criterios transparentes, esté integrado por profesionales independientes y compense adecuadamente a las víctimas de los abusos a cargo de la propia Iglesia».

Las asociaciones de víctimas que han acudido a la reunión han sido la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), - Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet. La representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha estado integrada por el ministro, Félix Bolaños, el subsecretario, Alberto Herrera, y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.