El Congreso apoya la investigación de los abusos en la Iglesia con el apoyo de PSOE, PP, Podemos, ERC y EH Bildu

En la batalla de comunicados y aclaraciones, los primeros en comparecer, a primera hora de la mañana, eran los representantes de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para anunciar que habían «pasado del 'no' al 'sí'» . Justificaban su cambio en un «preacuerdo» armado con los socialistas, del que no quisieron aclarar los términos, pero que respetaba sus «principales reivindicaciones: por un lado, habrá comparecencias en el Congreso de aquellas víctimas que quieran intervenir y habrá una auténtica comisión de la verdad». Unas palabras que evidenciaban que los socios del Gobierno habían aflojado sus exigencias con respecto a la investigación que dirigirá el Defensor del Pueblo, después de ver cómo el pasado martes su propuesta de comisión parlamentaria era tumbada por el PSOE en la junta de portavoces.

A preguntas de los periodistas, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, también descartaba que la comisión se acabe convirtiendo en un «espectáculo», otra de las cuestiones que preocupaba tanto a las víctimas como a sectores de la Iglesia. «Sólo van a comparecer si así lo desean» , aclaraba Asens, quien también aseguró que «no va a ser ningún espectáculo, los diputados y diputadas no van a faltar el respeto a las víctimas».

Sus estudiadas palabras evitaban el lenguaje maximalista con que Gabriel Rufián se refería, hace apenas unas semanas, a esta comisión. El diputado de ERC afirmaba que nunca iban «a aceptar» que la investigación quedara fuera de la Cámara Baja y ponía como condición indispensable que se documentara «públicamente» con «cámaras y testimonios de víctimas y abusadores» .

Sin embargo, fuentes cercanas al grupo socialista esperaban a que se realizara la votación para reducir, hasta la nada, las pretensiones de sus socios de gobierno. Por una parte, confirmaban que lo pactado respetaba la idea inicial de que fuera el Defensor del Pueblo el que lideraba, «fuera del Congreso», una comisión de investigación. Además, descartaban que se tratara de «una comisión de la verdad» . Y añadían que «la única verdad es la de los tribunales».

También aclararon que serán « representantes de las asociaciones de víctimas , y no víctimas individualmente, quienes comparezcan en la Comisión de Justicia, y no para exponer su caso, sino para hablar de medidas» una vez que se elabore el informe. El Congreso confía en que el Defensor del Pueblo pueda tener sus primeras conclusiones a finales de este año. Así, en el primer periodo de sesiones de 2023, representantes de la asociaciones de víctimas serán invitados por la Comisión de Justicia a conocer el informe final y presentar sus sugerencias y aportaciones.

Desde el entorno del grupo socialista también desacreditaron el jueves las dudas que Podemos había sembrado sobre la legitimidad del Defensor del Pueblo para encabezar una comisión de este tipo. «El Defensor lleva años haciendo comisiones, no es necesario cambiar la ley orgánica» . Lo que sí harán las Cortes Generales es habilitar una dotación presupuestaria para los recursos materiales y humanos que puedan necesitar la oficina de Ángel Gabilondo para este cometido.

En medio del cruce de declaraciones entre PSOE y Podemos quedaba la decisión del PP de respaldar esta comisión. El pasado martes, en la toma de posiciones, ya dejaron entrever su posible respaldo, a pesar de que su pretensión era que el Defensor del Pueblo investigara a todas las víctimas de abusos , y no sólo las de la Iglesia católica. El hecho de que finalmente la investigación quede fuera del marco del Congreso y se evite la comparecencia de las víctimas parece haber inclinado su posición hacia el sí. Unos términos que el PSOE les habría garantizando para obtener su apoyo.

Unas horas antes de la votación en el Congreso, el ministro para la Presidencia, Félix Bolaños , se reunía con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella para tratar sobre la colaboración de la Iglesia con la comisión del Defensor del Pueblo, que tenían previsto aprobar.

Según una nota emitida por el ministerio, «el Gobierno considera positivo para la Iglesia, para la sociedad en conjunto y, sobre todo para las víctimas, que se esclarezcan estos hechos y que la Iglesia colabore en la investigación». En la reunión, el cardenal Omella reiteró «la voluntad de la Iglesia de colaborar con la comisión» ya manifestada en otras ocasiones. Además explicó al ministro que ese es uno de los fines que tiene la auditoría externa que los obispos ya han encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.