Gabilondo, al Congreso sobre los abusos en la Iglesia: «Ustedes tienen también algo que decir, deben tomar medidas»

«En 2023 finalizaron los trabajos del Informe sobre abusos en la Iglesia católica, –explicó Gabilondo–. Se presentó a la presidenta del Congreso el 27 de octubre. Mañana [por este sábado] cumplimos seis meses. Hace medio año y está pendiente de ser debatido en el Pleno. No hace falta que diga nuestra disposición y nuestra voluntad de que se haga ese debate, como señala la PNL de los grupos parlamentarios al respecto», añadía el Defensor del Pueblo.

Según ha podido conocer ABC, la Conferencia Episcopal siempre ha sospechado que esta convocatoria estaba supeditada a los intereses políticos del Gobierno, y que el presidente Sánchez «se guarda la carta del debate sobre los abusos en la Iglesia en sede parlamentaria para cuando necesite distraer la atención sobre algún tema incomodo».

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Una impresión ratificada en cierta forma este martes, cuando el Gobierno aprobaba un Plan de indemnización a las víctimas a pesar de que, cuando le fue dado a conocer, -en la reunión entre el ministro Félix Bolaños y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, de hace dos semanas- los obispos ya adelantaron su «valoración crítica», al fijarse la medidas de reparación para los abusados «sólo en la Iglesia católica», por que «dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas». La Iglesia calificó el texto como «parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado».

No fue tan duro Gabilondo este viernes, en su turno de réplica al hablar de este Plan pero sí que recordó a los parlamentarios que era su responsabilidad dar respuesta al problema. «El Gobierno ha dicho algunas cosas que va a hacer, me parece bien, pero es que el Gobierno es poder ejecutivo. Pero es que ustedes tienen también algo que decir. Y por tanto, sobre ese informe, podrán tomar medidas en relación con sus propias competencias», recordaba Gabilondo a senadores y diputados como representantes del poder legislativo.

En sus palabras, el Defensor recordó a los diputados y senadores presentes que el documento «consta de 777 páginas más sus correspondientes anexos», que ofrecen un análisis de la cuestión desde «múltiples aspectos». Además, destacó que el enfoque desde el que se desarrolla es «la atención central a las víctimas». «Nos equivocamos si hablamos de otras cosas y si no nos fijamos en las víctimas, en cuál es la orilla de nuestras preocupaciones, que deben ser las víctimas y la respuesta que debemos darles», explicaba.

Desde esa perspectiva, Gabilondo señaló que el informe recoge los testimonios de los afectados y las peticiones de las víctimas «que se concretan en las 24 recomendaciones» que se plantea. Ha añadido que tras la «presentación del informe [el 27 de octubre de 2023] se han registrado 180 nuevas solicitudes, nuevos testimonios de víctimas del entorno de la Iglesia católica, de los que se han considerado válidos 95».

Gabilondo explicó que las recomendaciones que realiza el Informe «están alejadas de toda dogmática» y que lo prioritario ahora «es el reconocimiento de las víctimas, teniendo en cuenta que la victimización permanente no es positiva». Además, se mostró partidario de «dar un estatuto de víctima, aunque ahora lo primero es el reconocimiento y luego veremos a qué da derecho».

Preguntado sobre la colaboración de las instituciones eclesiales en su trabajo, Ángel Gabilondo afirmaba que «ha sido desigual», porque la «Iglesia católica también tiene una composición mucho más compleja de la que los discursos planos suelen hacer». «En unos campos ha sido extraordinaria y, en otros, menos contundente», añadía. Y destacaba que «la Confederación de Religiosos (Confer) ha hecho un esfuerzo muy grande, han trabajando a fondo, han abierto caminos de qué puede hacerse mejor», pero ha insistido en no hacer «discriminación».

Con la referencia a los religiosos, ahondaba Gabilondo en la grieta intraeclesial sobre la forma de enfocar el problema de los abusos entre las congregaciones religiosas (que agrupan el mayor número de casos) y los obispos (que suelen tener una mayor interlocución pública). Unas diferencias que Argüello, desde su llegada a la presidencia, está tratando de salvar. Su primer objetivo es conseguir que el texto de la próxima versión del informe eclesial, 'Para dar luz', esté consensuada por ambas partes.