La UCO vuelve a Emvisesa por más papeles de la parcela adjudicada a la mujer de un alto cargo del PSOE de Sevilla

Fue el pasado 10 de septiembre cuando estos agentes especializados del Instituto Armado se personaron en las oficinas de Emvisesa para requerir los papeles relativos a la enajenación de estos terrenos ubicados en la zona norte del barrio de Pino Montano, en concreto, entre las calles Estrella Castor y Estrella Vega, muy próximos al área comercial del Higuerón.

Esta intervención de la UCO se encuadra en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que continúa bajo secreto y en la que el informe de la Guardia Civil se antoja relevante. Esta causa, aunque sin relación alguna a priori, surgió de los pinchazos telefónicos realizados por el Instituto Armado en un caso sobre blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico. Allí escucharon a uno de los investigados conversar con Pineda. Tirando del hilo, los investigadores se toparon con la parcela de Emvisesa.

Precisamente y en aras de cumplimentar dicho atestado, dos agentes de la Unidad Central Operativa, según ha podido conocer este periódico, volvieron este pasado miércoles a las oficinas de Emvisesa para hacerse, ahora sí, con todo el expediente administrativo relativo a dicha parcela desde que éste se abriera el 1 de julio de 2016 para su arrendamiento hasta su enajenación definitiva en septiembre de 2024.

El proceso que se abrió el citado 1 de julio, en pleno verano, para el arrendamiento de dicha parcela, propiedad de Emvisesa. Se concedió un plazo para la presentación de las ofertas por parte de los interesados. La fecha final fue el 30 de septiembre. La única propuesta que llegó fue la Olga Pérez Jiménez, odontóloga de profesión y mujer del que fuera uno de los altos cargos socialistas en el Consistorio hispalense, Rafael Pineda, que llegó hasta estas responsabilidades apadrinado por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Pineda también fue gerente de Lipasam en la etapa de Sánchez Monteseirín como alcalde.

La oferta presentada por la mujer de Pineda más allá de ajustarse a las bases de los pliegos buscaba acogerse a parte de los criterios objetivos que aumentaban la puntuación que se otorgaba a los licitadores: mejoraba el canon, pasando de los 105.000 euros que planteaba Emvisesa a los 108.000 euros con los que se presentó a este concurso público; redujo el plazo de vigencia del derecho de superficie, de los 50 años que se proponían a los 40 por los que licitó; e incluyó la generación de una serie de puestos de trabajo que sumaban puntos a la propuesta ganadora.

Como no podía ser de otra forma, al tratarse de la única propuesta interesada en la parcela de más de 10.000 metros cuadrados, Emvisesa adjudicó a Olga Pérez dichos suelos. Días después la mujer de Pineda registró la empresa Higuerón Real Estate, de la que es administradora única, y a la que trasmitió la titularidad del arrendamiento. Fue este entidad la que firmó el 8 de febrero de 2017 con Emvisesa el contrato de cesión.

El siguiente paso de la mujer de Pineda con estos suelos de uso terciario fue subarrendarlos a otras empresas, a las que cobraría un alquiler con el que pagar el canon al Consistorio y, a su vez, obtener un beneficio económico con el saldo restante entre ambas operaciones. Allí se instaló Megafood S.A., que abrió una franquicia de Burger King que Urbanismo clausuró provisionalmente en 2018 por carecer de la preceptiva licencia. También hizo lo propio Petronieves S.L., que puso en marcha una estación de servicio que provocó las quejas vecinales por estar a menos de 50 metros de las viviendas. Por último, se estableció un local de la cadena KFC, que gestionaba Higuerón Restauración S.L., una firma de la que era dueña también Olga Pérez y que se subarrendó a sí misma.

A pesar de esta operación de alquiler, la intención de Emvisesa con este suelo siempre fue el de su venta. El gobierno socialista intentó ejecutar una operación de permuta por vivienda ya construida para la ciudad, pero ésta no llegó a buen puerto. El mismo camino tomó el anuncio del concejal socialista Juan Manuel Flores en 2022 para tramitar un cambio de titularidad con el mismo fin de acumular pisos ya edificados. El precio de venta del suelo era de casi dos millones de euros y las pujas quedaban todas desiertas. Finalmente, en septiembre de 2024, el actual gobierno de José Luis Sanz se la vendió a Olga Pérez Jiménez por 1,7 millones de euros aproximadamente, precio marcado por tasación.

Este pasado miércoles dos agentes de la UCO acudieron a la sede de Emvisesa para hacerse con la documentación que le faltaba sobre esta parcela, en concreto, la relativa al procedimiento de arrendamiento. Toda la relacionada con la enajenación ya estaba en su poder. Estos papeles no estaban digitalizados, por lo que una vez escaneados y cotejados, se llevaron todo en un pen drive.

La juez de Instrucción 10 de Sevilla está a la espera del informe de la UCO, tras las pesquisas realizadas por los investigadores, para levantar el secreto. Será entonces cuando se determine contra quién se dirige estas diligencias y que son los hechos que están bajo sospechas, lo que podría ir desde la posible filtración a la mujer de Pineda sobre la licitación de la parcela aquel verano de 2016 (fue la única oferta que se presentó) hasta el origen de los fondos usados, sin descartar ninguna línea de investigación.

ABC contactó con Rafael Pineda cuando hace un mes informó de esta investigación de la Guardia Civil y aseguró que «Emvisesa tenía muchas parcelas ociosas», confirmando así que tenía bastante conocimiento sobre la situación de la empresa municipal, presumiblemente por su estrecho vínculo con sus compañeros de militancia en el PSOE.