La UCO registra Emvisesa por una cesión de suelo público en la época de Juan Espadas

Los agentes –según señalan fuentes del Instituto Armado– realizaron un registro «rápido» de las dependencias de Emvisesa, obteniendo durante su visita una serie de expedientes que han incorporado a la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Se retiraron dos pendrives. Todo ello, a raíz de una denuncia que se centra en el 'Expediente de enajenación mediante subasta pública de la parcela Q4-2 del plano 6 del proyecto de reparcelación SUP-PM16 de Pino Montano Norte', que fue licitado por el Ayuntamiento de Sevilla en el año 2016, a cambio de un canon anual de más de 105.000 euros (IVA excluido). Según fuentes consultadas por este periódico, su arrendamiento estaba muy por debajo del precio real de mercado que tenía esta parcela municipal.

Varias empresas puganaron entonces por aquella licitación, que finalmente se adjudicó a la particular Olga Pérez Jiménez por un importe de 108.000 euros, tal y como consta en el citado expediente. En el detalle de esta concesión se especificaban algunas consideraciones como el hecho de que se adjudicaba «por un plazo de 40 años», aunque a priori se recogía en los pliegos que el tiempo sería de 50 años prorrogables hasta los 75. Poco después, la adjudicataria puso en valor la parcela, subarrendando la misma a tres firmas.

En concreto, se posibilitó la apertura en los terrenos de dos restaurantes de comida rápida (Burger King y KFC) y una gasolinera cuya licencia de obra fue solicitada por Kuwait Petroleum España. Al parecer, la adjudicataria cobraba un alquiler a cada una de las tres empresas con el que abonaba posteriormente el canon que había acordado con el Ayuntamiento de Sevilla, obteniendo como beneficio de la operación el saldo restante. La UCO investiga ahora si hubo personas vinculadas al PSOE que se lucraron supuestamente a través de esta tramitación.

Desde entonces, las tres empresas –Burger King, KFC y la gasolinera– han continuado operando con normalidad en estos terrenos, manteniendo el mismo 'modus operandi' que se advertía anteriormente. Es decir, abonando cada mes el pago de la renta fijada por la arrendataria por el uso habitual de estos suelos y esta, a su vez, pagando al Ayuntamiento de Sevilla el canon de 108.000 euros (IVA excluido) que quedó establecido en la concesión que le fue otorgada por Emvisesa en el año 2016 y que ahora está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. La misma operación a la que los agentes de la UCO han aportado ahora estos expedientes que fueron requisados esta semana de la sede social de la empresa municipal, situada en uno de los locales del Parque de Arte Sacro en el Distrito Norte.

Con posterioridad a lo ocurrido en el año 2016, el gobierno socialista de Juan Espadas hizo referencia en varias ocasiones al futuro que tendrían estos suelos de titularidad municipal. El ejecutivo los puso sobre la mesa cuando se abordó la realización de una licitación mediante concurso público para la permuta de unos terrenos situados en la avenida Ramón Carande, de la que resultó adjudicataria, en otros cuatro ofertantes, Inmobiliaria del Sur, recibiendo a cambio, conforme a las bases del concurso, una contraprestación económica dineraria, la cesión de suelo apto para la construcción de viviendas protegidas y varias viviendas ya construidas que se incorporarían al parque público de Emvisesa.

Más recientemente, a comienzos del mes de julio del año 2022, el que por entonces era el responsable político de Emvisesa, el concejal socialista Juan Manuel Flores, anunció en una intervención a los medios de comunicación el inicio de un procedimiento vinculado con esta parcela de usos terciarios. La intención del gobierno municipal era que se intercambiara su titularidad por inmuebles ya edificados en otras zonas de la ciudad que vendrían a incrementar de inmediato el parque de vivienda. Así, se anunció que quien se adjudicara la propiedad de la misma a cambio de los pisos ya edificados lo haría con dos establecimientos de hostelería y una estación de servicio radicados en ella, cuyos contratos de alquiler se incluían en la licitación pública. De este modo, quien se adjudicara la parcela tendría asegurada la explotación de la misma y los ingresos por arrendamiento.