La mujer de Rafael Pineda fue la única que ofertó para hacerse con el uso de la parcela del Higuerón

Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla tiene abierta en estos momentos una causa bajo secreto de sumario en la que investiga si en aquella adjudicación se produjo algún tipo de trato de favor a la persona que resultó arrendataria de estos suelos o si, supuestamente, ésta contó con algún tipo de información privilegiada a la hora de presentarse al concurso en el que terminó por ser la única interesada. De hecho, dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron hace hoy justo una semana en la sede de Emvisesa del Parque de Arte Sacro para requisar el expediente completo de aquella cesión de suelo público, sobre el que ahora se encuentran ultimando un informe con todos los detalles que será puesto a disposición de la autoridad judicial. Según ha podido saber este periódico, los agentes estuvieron algo más de dos horas esperando a que se le facilitaran todos los documentos, dado el elevado volumen de los mismos, así como los correos electrónicos que se cruzaron en su día.

La elaboración de los pliegos correspondientes a la enajenación mediante subasta pública de la parcela Q4-2 del plano 6 del proyecto de reparcelación SUP-PM16 de Pino Montano Norte se elaboraron en los meses de verano del año 2016, una fecha en la que habitualmente decae de forma considerable el nivel de actividad en la gestión municipal. Se redactaron con unas cláusulas muy concretas para permitir el alquiler de los terrenos a aquella empresa o particular que mostrara interés en los mismos, al que se le permitiría que con posterioridad subarrendara los suelos para ubicar en ellos uno o varios negocios que encajaran con el uso terciario de su calificación. El plazo para la presentación de la ofertas se abrió entre el 1 y el 30 de septiembre de 2016 y sólo se registró la propuesta de Olga Pérez Jiménez, que una vez que supo que había ganado el concurso público creó la firma Higuerón Real Estate a la que traspasó la titularidad de esta concesión.

La oferta presentada por Pérez Jiménez no sólo pretendía ajustarse a las bases de los pliegos sino que se acogía una parte de los criterios objetivos que aumentaban la puntuación que se otorgaba a los licitadores. Por un lado, procedió a una mejora del canon, pasando de los 105.000 euros que planteaba Emvisesa a los 108.000 euros con los que se presentó a este concurso público. Un aspecto por el que se le daban 41 puntos. También redujo el plazo de vigencia del derecho de superficie, de los 50 años que se proponían a los 40 por los que licitó. Finalmente, el proyecto incluía la generación de una serie de puestos de trabajo que sumaban puntos a la propuesta ganadora. Rafael Pineda, por su parte, en las declaraciones que realizó a ABC el pasado viernes, aseguró que «Emvisesa tenía muchas parcelas ociosas», confirmando así que tenía bastante conocimiento sobre la situación de la empresa municipal, presumiblemente por su estrecho vinculo con sus compañeros de militancia en el PSOE.

Poco después de que Higuerón Real Estate (la empresa de la que Olga Pérez Jiménez es administradora única) firmara con Emvisesa el 8 de febrero de 2017 el contrato de alquiler durante 40 años de esta parcela, su inquilina la subarrendó a otras tres empresas que se establecieron en ella, abriendo dos restaurantes dedicados a servir comida rápida y una estación de servicio. Por un lado, la firma Megafood puso en marcha una franquicia de Burger King, mientras que Petronieves estableció allí una gasolinera e Higuerón Restauración hizo lo propio con un local de KFC. A cada uno de ellos se le cobraba una renta por implantarse en estos suelos que, en suma, era más elevada que el canon anual de 108.000 euros (IVA excluido) que tenía que pagar la adjudicataria a Emvisesa por esta concesión, obteniendo así un supuesto beneficio con el resultante de ambas operaciones.

Sin embargo, estos negocios han estado salpicados desde el principio por una serie de polémicas que han puesto en duda su viabilidad. Sobre el local de Burger King, por ejemplo, pesó una orden de cierre de Urbanismo por haber empezado a operar sin la preceptiva licencia. De hecho, un día antes de que en el Pleno de diciembre de 2018 se debatiera una moción vinculada con estos terrenos, el gobierno del PSOE envió a una patrulla de la Policía Local para que cerrar el negocio por ese motivo. Tampoco ha estado libre de críticas la estación de servicio, situada a menos de 50 metros de los pisos que Emvisesa construyó en la calle Estrella Vega. Sus vecinos intentaron impedir su apertura, alegando entre otros que cuando compraron sus viviendas se les indicó que en esos suelos se construiría un colegio. El por entonces delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, actual portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, justificó que estos dos negocios cumplían con la legalidad, a pesar de las dudas que pesaban sobre ellos.