La investigación sobre la parcela de la mujer del socialista Rafael Pineda parte de una causa por narcotráfico

Fue el pasado mes de diciembre cuando la Guardia Civil llevó a cabo una serie de entradas y registros en distintos inmuebles de Sevilla en una actuación contra el blanqueo de capitales, que se investiga en dicho órgano judicial de la capital. El foco estaba puesto en el uso de empresas pantallas y testaferros para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Actualmente el caso, aún en fase de instrucción, cuenta con más de una decena de acusados así como otras tantas sociedades mercantiles investigadas, según han informado a este periódico fuentes judiciales. Los detenidos allá por el mes de diciembre quedaron en libertad provisional.

Unas de las diligencias practicadas en esta causa, como ya detalló este periódico el pasado martes, fue la intervención de los teléfonos de los investigados. Precisamente, esas escuchas dejaron a la luz una conversación entre uno de los acusados y Rafael Pineda.

Ésta motivó la apertura de una pieza separada de la principal por blanqueo de capitales y la llegada de los agentes especializados de la Unidad Central Operativa (UCO) para hacerse cargo de esta segunda línea de investigación, cuyos hechos en cuestión no fueron determinantes, por lo que se descartó continuar adelante con dicha línea. De hecho, Rafael Pineda no ha sido citado por el momento por la Guardia Civil ni por el juzgado.

En cambio, en el desarrollo de las pesquisas los miembros de la UCO descubrieron algo de lo que tirar del hilo, aunque nada tuviera que ver con la causa principal por blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico: el solar de Pino Montano en el que hoy se levanta dos restaurantes de comida rápida y una gasolinera y cuya propietaria es la mujer de Rafael Pineda.

Éste y otros elementos que aún no han trascendido a la luz pública son los que ahora investigan la Unidad Central Operativa, cuyos agentes, tras comunicárselo a la juez Pilar Ordóñez, titular de Instrucción 10 de Sevilla, se personaron la semana pasada en la sede de la empresa municipal de Vivienda, Emvisesa, en el Parque Arte Sacro de la capital.

Allí, durante el transcurso de varias horas estuvieron esperando que los trabajadores municipales preparan la voluminosa documentación relativa a la adjudicación de la parcela en Pino Montano en la que hoy se levanta un Burger King, una gasolinera y un KFC. Fue tras el verano de 2016 cuando el Ayuntamiento, con el socialista Juan Espadas como alcalde, concedió dichos suelos a Olga Pérez Jiménez, la mujer del socialista Rafael Pineda, quien ocupó altos cargos en el Ayuntamiento de la capital hispalense como el de concejal del PSOE en la etapa de Sánchez Monteseirín o el de gerente de Lipasam y que mantenía unas estrechas relaciones de amistad con los miembros de su partido en la fecha en la que se produjo la concesión de estos terrenos y que aún tenían responsabilidades de relevancia dentro del organigrama municipal.

A dicho concurso público para el alquiler de esta parcela de uso terciario en la zona norte de Pino Montano sólo se presentó una oferta y fue precisamente la de la particular Olga Pérez Jiménez, odontóloga de profesión y, por tanto, ajena hasta ese momento a negocios inmobiliarios de esta índole.

Precisamente los agentes de la Unidad Central Operativa tendrán que determinar en sus análisis si en aquella adjudicación se produjo algún tipo de trato de favor a la persona que resultó arrendataria de estos suelos o si, supuestamente, ésta contó con algún tipo de información privilegiada a la hora de presentarse al concurso en el que terminó por ser la única interesada, sin descartarse otras posibles cuestiones que están bajo sospecha.

Y será en esta pieza separada donde se investiguen estos hechos, aunque, según fuentes de la investigación, nada tienen que ver con los de la causa principal vinculados al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Actualmente la causa enfocada inicialmente en la parcela de Emvisesa de Pino Montano está bajo secreto de sumario y en la misma se espera que la Guardia Civil presente un informe con las conclusiones de las diligencias que han practicado en estas semanas. Fuentes consultadas por este periódico esperan que la juez no tarde mucho en levantar el secreto.

Como ya ha explicado este periódico, la elaboración de los pliegos correspondientes a la enajenación mediante subasta pública de la parcela Q4-2 del plano 6 del proyecto de reparcelación SUP-PM16 de Pino Montano Norte se elaboraron en los meses de verano del año 2016, en pleno periodo estival en la que habitualmente decae de forma considerable el nivel de actividad en la gestión municipal.

Entonces se redactaron unas cláusulas muy concretas para permitir el alquiler de los terrenos a aquella empresa o particular que mostrara interés en los mismos, al que se le permitiría con posterioridad alquilar los suelos para ubicar en ellos uno o varios negocios que encajaran con el uso terciario de su calificación. El plazo de presentación ofertas se abrió el 1 y concluía el 30 de septiembre y sólo se registró la propuesta de Olga Pérez Jiménez, que una vez que supo que había ganado el concurso público creó la firma Higuerón Real Estate a la que traspasó la titularidad de esta concesión.

La mujer de Rafael Pineda, en su oferta, no sólo se ajustó a las bases de los pliegos sino que se acogía una parte de los criterios objetivos que aumentaban la puntuación que se otorgaba a los licitadores. Así, ofreció una mejora del canon, pasando de los 105.000 euros que planteaba Emvisesa a los 108.000 euros con los que se presentó a este concurso público. Un aspecto por el que se le daban 41 puntos.

De otro lado, redujo el plazo de vigencia del derecho de superficie, de los 50 años que se proponían a los 40 por los que licitó. Finalmente, su oferta incluía la generación de una serie de puestos de trabajo que sumaban puntos a la propuesta ganadora. A este respecto, Rafael Pineda, en declaraciones que realizó a ABC el pasado viernes, explicó que «Emvisesa tenía muchas parcelas ociosas», confirmando así que tenía bastante conocimiento sobre la situación de la empresa municipal, presumiblemente por su estrecho vinculo con sus compañeros de militancia en el PSOE.

Poco después de que Higuerón Real Estate (la empresa de la que Olga Pérez Jiménez es administradora única) firmara con Emvisesa el 8 de febrero de 2017 el contrato de alquiler durante 40 años de esta parcela, su inquilina la subarrendó a otras tres empresas que se establecieron en ella, abriendo dos restaurantes dedicados a servir comida rápida y una estación de servicio. Por un lado, la firma Megafood puso en marcha una franquicia de Burger King, mientras que Petronieves estableció allí una gasolinera e Higuerón Restauración hizo lo propio con un local de KFC. A cada uno de ellos se le cobraba una renta por implantarse en estos suelos que, en suma, era más elevada que el canon anual de 108.000 euros (IVA excluido) que tenía que pagar la adjudicataria a Emvisesa por esta concesión, obteniendo así un supuesto beneficio con el resultante de ambas operaciones.