El segundo exalcalde de Ciempozuelos declara acusado de blanqueo, cohecho y falsedad

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel y multas por valor de 29 millones para Pedro Antonio Torrejón y seis años y medio de cárcel y multas por valor de 23 millones para Joaquín Tejeiro. El caso fue destapado por ABC .

En declaraciones a los periodistas, Tejeiro, que fue alcalde de Ciempozuelos entre 1991 y 1995, ha reconocido que cometió el «error» y la «barbaridad» de aportar un contrato «falso» para justificar los fondos de una cuenta bancaria en Andorra que aparentemente acreditaba que iba a recibir 40 millones de euros por recalificaciones urbanísticas.

«Ahorros familiares»

Ha explicado que los 106.000 euros que ingresó en una cuenta en Andorra provenían de «ahorros familiares» , de una herencia y las contribuciones que sus hijos solteros hacían a la familia por estar en su casa.

Tejeiro ha señalado la «intención política» del Partido Popular en el «caso Ciempozuelos» y ha mostrado su satisfacción por la celebración del juicio , al considerar «insoportable» un procedimiento que se prolonga desde hace más de siete años.

El abogado, Julio Aranda , representante legal de Tejeiro, ha solicitado la libre absolución de su cliente, ya que, desde su punto de vista, "no tiene nada que ver" con los delitos que le atribuyen las acusaciones.

Relato de la Fiscalía

Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, el 4 de febrero de 2006, Torrejón y Tejeiro abrieron una cuenta cifrada cada uno en el banco andorrano «Andbanc» , donde el primero ingresó 11.500 euros y el segundo 6.000.

La Fiscalía considera que Torrejón y Tejeiro viajaron a Andorra con la intención de «ocultar una parte del dinero que durante años habían estado recibiendo de particulares en consideración a sus cargos públicos».

Los exalcaldes socialistas obtuvieron alrededor de ocho millones de euros de constructoras con intereses urbanísticos en Ciempozuelos como Sanedi, Edificaciones Tifan y Bitango Promociones desde 1999 hasta 2007, precisa el fiscal.

Las imputaciones están relacionadas con un supuesto pacto de una comisión de 40 millones de euros entre Tejeiro y la inmobiliaria Esprode por la recalificación urbanística de un sector del municipio incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) , aprobado provisionalmente por el Consistorio.