El alcalde de Orense, el socialista Agustín Fernández; el exalcalde Francisco Rodríguez; y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, imputados por los últimos cinco contratos de asistencias técnicas del ayuntamiento, acudieron este lunes a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, donde defendieron que las asistencias técnicas «son estrictamente legales» y están contemplados en la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

Antes de entrar al Pazo de Xustiza, al que llegaron juntos, el actual regidor avanzó alguno de los argumentos relativos a su declaración y tres horas después, a la salida, relató que respondieron a todas las preguntas y cuestiones planteadas por la fiscala y el juez, pues no había más abogados que los suyos. «Quedó meridianamente clara la actuación de los tres al contratar de forma legal con asistencias técnicas hasta 2013, y que entonces, después de que yo tomase posesión como alcalde, decidimos cesar a estos contratados en áreas concretas, como la de Urbanismo, donde tenemos necesidades estructurales de personal», detalló el regidor. Las cinco asistencias técnicas por las que declararon son el centro de la denuncia presentada primero por los sindicatos CIG y USO, y luego ampliada por el PP, aunque ninguno de los denunciantes está todavía personado en la causa, pues fue rechazada esa condición por el Juzgado de Instrucción número 1 y pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que presentaron tanto las organizaciones sindicales como los populares.

Los tres políticos son los primeros que declaran como imputados en relación a las asistencias técnicas que, tras ser cesados en 2013, acudieron al juzgado y fueron readmitidos como laborales indefinidos tras la sentencia que consideró sus despidos como improcedentes. Se trata de cuatro arquitectos y un abogado contratados en el área de Urbanismo. Todos ellos declararon ya como testigos en este caso, igual que lo hicieron antes que ellos el interventor municipal y tres funcionarios.

«Muy habituales»

Agustín Fernández detalló que los contratos de asistencias técnicas «son muy habituales en cada una de las administraciones» y concretó que se puede comprobar, entre otros, en el informe del Consello de Contas de 2010 sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma. «En ese informe, se pone de manifiesto una diversidad de asistencias técnicas en 500 casos que fueron readmitidos luego por sentencia judicial, así que aquí estamos para responder a todas las cuestiones, como haría cualquier ciudadano, sobre un tema legal», comentó Fernández antes de entrar al juzgado.

Además, recordó que la denuncia presentada por sindicatos y PP se debe «al tipo de oposición que hay en Orense», a la que criticó por «instrumentalizar la Justicia, única y exclusivamente para desgastar a un gobierno». También se refirió a los sindicatos CIG y USO para repetir, como en ocasiones anteriores, que su denuncia «se enmarca en el expediente de compatibilidad pedida por un funcionario municipal y que le fue denegada».

Por su parte, en la denuncia presentada el 29 de octubre de 2013 por CIG y USO se aludía a la actuación «supuestamente ilegal» de la actual Corporación municipal, a la que acusaron de prevaricación y malversación de caudales públicos.