Denuncian ante la Fiscalía que el alcade de Orense urbanizó su casa con cargo a fondos públicos

Fernández entiende que debe garantizar, mediante el pago de una fianza, las obras de urbanización en el entorno de la vivienda, para lo que deposita un aval de 10.631 euros —cuantía que se estima suficiente para la ejecución de su parte de las obras—. Esto sucede en 1997. El regidor sabe que no podrá ocupar el inmueble hasta certificar la conclusión de las preceptivas actuaciones urbanísticas.

Con la llegada del plan E, en el año 2009, el concello de Orense aprueba en junta de gobierno y en presencia de Agustín Fernández, entonces concejal de Economía y Hacienda, las obras de mejora de la calles Clara Corral Aller, donde coincide se encuentra la casa del edil. La actuación supone un desembolso de 227.873,76 euros que el Ayuntamiento de la ciudad gallega carga a los citados fondos públicos, cuando la legislación urbanística recoge textualmente que «los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado —como es caso— deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que alcancen la condición de solar».

El 8 de octubre de 2009, siete meses tras la mencionada junta de gobierno, la adjudicataria recepciona las obras al concello y el ahora munícipe socialista no deja pasar ni veinte días para reclamar el aval pagado doce años antes.

No tardaba en justificarse Fernández ante lo que calificó de «terrorismo político» . Se escudó el regidor municipal este jueves en la imposibilidad técnica de hacer la obra, un procedimiento, según dijo, que se extendió a «todas las calles de Orense, en donde ningún vecino pagó la urbanización».

No obstante, fuentes consultadas por ABC desmienten esta afirmación. Según pudo saber este diario, al menos a dos vecinos del político socialista que reclamaron al Ayuntamiento se les negó la devolución de la fianza por el mismo concepto. A uno de ellos le fue reintegrada después de recurrir la negativa; el otro, tuvo peor suerte, y sigue esperando una respuesta del concello.

Así, frente a la denuncia de los populares, que le acusan de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, y piden a la Fiscalía que se posicione, el regidor socialista negó «responsabilidad penal» alguna. «Lo que cuenta el PP es mentira» y un «auténtico acoso político».

Fernández defendió que se trata de un caso «administrativo y personal», y que no se ausentó de la junta de gobierno en la que se aprobó la humanización de su calle porque él era «un vecino más, sin un interés particular». Sí se ausentó, dijo, cuando se decidió la devolución del aval.