Orense se abona a la inestabilidad

Desde que en septiembre de 2012 el PSOE de Orense asistiese a la detención del entonces regidor municipal, Francisco Rodríguez, imputado por cohecho y prevaricación en el marco de la «operación Pokemon», que investiga supuestos sobornos a cambio de contratas públicas, la inestabilidad se ha instalado en el Ayuntamiento de As Burgas. La trama, que provocaba el relevo municipal y la toma del bastón por el número tres de la lista electoral, dejaba, tras la salida del BNG del gobierno local, a los socialistas en minoría.

«Es el momento de abandonar la política espectáculo. Soy consciente de la creciente pérdida de confianza de los ciudadanos a sus representantes políticos. Por eso estoy abierto a escuchar a los ciudadanos, buscar el consenso y hacerles partícipes activos de la decisiones políticas encaminadas a construir el mejor Orense posible». Eran palabras del recién investido alcalde en noviembre de 2012. Siete meses más tarde, las facturas que demostraban que el grupo municipal del PSdeG empleó fondos públicos en bebidas alcohólicas servían para agudizar si cabe aún más la lucha intestina que, desde la marcha de Rodríguez, dividía al gobierno de Orense en un bipartito entre doce socialistas.

«No es justo que por pequeños errores se someta al grupo de gobierno a un desgaste que no merece», aseguraba entonces y al respecto el munícipe, a quien se le ha podido oír en más de una ocasión que «se está utilizando a la justicia para coaccionar a mi equipo de gobierno».

Quien aguantó estoico, respaldado por la ejecutiva del PSdeG de José Ramón Gómez Besteiro, el desplante de hasta cinco ediles considerados del sector «pachista» , ha tenido que digerir que un 30 por ciento de su equipo se vea salpicado por supuestas gestiones irregulares. Tal es el caso de la teniente de alcalde, Marga Martín, imputada por la gestión del servicio de ayuda a domicilio.

Sin ir más lejos, este miércoles aseguraba que su imputación y la de otros políticos —entre ellos dos concejalas del PSOE— en relación con unas obras adjudicadas en la ciudad son consecuencia de la situación actual de «cacería política». En su opinión, «se están interponiendo por vía penal denuncias propias de lo contencioso, con el objetivo de derribar gobiernos, porque salen gratis».

Se refería el regidor orensano a la actuación del juez contra la junta municipal de 2008, a la que imputa por presunta prevaricación por adjudicar a dedo una obra de 623.000 euros a una empresa cuyo director financiero era a su vez miembro de la ejecutiva local del PSdeG.

Así las cosas, batallas judiciales e internas consumen desde hace dos años al gobierno de Orense, a la espera del golpe de gracia que podría estar a punto de llamar a la puerta.