¿Pagó usted el IBI de su vivienda? Fue la última pregunta que se escuchó en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Orense, convocado con el objetivo de que el alcalde, el socialista Agustín Fernández, aclarase el escándalo urbanístico que rodea las obras de urbanización de su casa. La respuesta es sencilla. Desde que terminaron las obras en 1993 hasta que le fue concedida la licencia de ocupación pasaron 13 años, los mismos que el regidor ocupó la vivienda —así lo admitía este martes, «como muchos vecinos», dijo— sin que le fuera reclamado el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).

El ahora primer edil no registró la casa en el catastro hasta el 2006, fecha en la que se le autorizó el permiso de ocupación. Los hechos se remontan a 1991 cuando solicita la licencia para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable, que se condiciona al pago de una fianza como garantía de una serie de obligaciones. Esto es, asumir el coste de las obras de urbanización en el entorno de la casa; extremo que no se produjo tal y como estaba estipulado, sino que Fernández endosó con cargo a las arcas públicas en 2009, cuando ya era concejal de Hacienda en el gobierno del dimisionario Francisco Rodríguez.

Ahora el caso está en manos de la Fiscalía que, a instancias del PP, ha abierto una investigación que dirimirá si hubo prevaricación y malversación de fondos públicos, entre otros delitos, en la actuación del munícipe de As Burgas. Cabe recordar que formaba parte de la Junta de Gobierno que hace cinco años, con la oportunidad del Plan E dispuesto por el Ejecutivo central, aprobó las obras de mejora en la calle Clara Corral Aller, donde coincide que se encuentra la polémica vivienda.

Escrito de devolución

El 28 de octubre de 2009, Fernández reclama el aval depositado, que le es devuelto el 15 de abril de 2010. Ahora, Intervención le exige el pago de unos 28.000 euros por las obras en la acera de su casa.

El expediente correspondiente fue expuesto por la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, como primer punto de debate en el pleno extraordinario. La edil detalló hasta media docena de casos similares en los que los vecinos no corrieron con los gastos de urbanización de sus calles, sino que se hizo con cargo a las distintas administraciones.

El tono de la sesión se elevaba coincidiendo con la intervención de Rosendo Fernández, portavoz municipal del PP, que mostró un documento de alegaciones presentadas por el munícipe para reclamar la devolución del aval, escritas en una hoja de la Agencia Tributaria. «O no la rascaba usted en la oficina o robó el papel para escribirlas en casa», le espetó el popular, a lo que no tardó en contestar el alcalde, que en varias ocasiones se refirió a la situación judicial del documento: «Le acuso de crear la tormenta perfecta para aniquilarme y le salió el tiro por la culata». Se refería el primer edil a un documento supuestamente falso que el PP adhirió a la denuncia.

«No me van a echar, la pieza es difícil de abatir y a veces el cazador acaba siendo cazado», señaló para reiterar que pagará cuando los servicios municipales concreten la cuantía y luego se defenderá donde tenga que hacerlo. El mismo argumento en el que se ampara el regidor, que apunta a que «hay una trama para echarle» en la que el portavoz del PP actúa de «interlocutor directo», utilizó el edil socialista José Ángel Vázquez Barquero, quien auguró que «con sus denuncias (la oposición) llevará a todos al juzgado, primero unos y después otros».

También preguntó el PP al respecto del desfase de 35.000 euros que el consistorio tuvo que devolver al Gobierno por obras «no subvencionables» en la intervención de la calle del alcalde. «¿A qué se dedicaron? ¿Al retranqueo de su cierre?», soltó cargado de ironía el líder del PP orensano. Muchas preguntas, por ahora, sin respuesta.