El asunto de las obras de humanización de la casa del alcalde de Orense, que Agustín Fernández endosó al Plan E y por las que Intervención le reclama 28.000 euros, se ha convertido en el cuento de nunca acabar. Cuando hace unos días el regidor se refirió a que «el tiempo y la Justicia pondrían a cada uno en su lugar» ya tenía un as guardado bajo la manga. Una salida, a sus ojos victoriosa, aunque no tanto para el PP, promotor de la denuncia, quien defiende que se basó en documentos oficiales, custodiados por Urbanismo para poner el caso en conocimiento del Ministerio Fiscal.

En una rueda de prensa no poco preparada, pues Agustín Fernández exhibió en una pantalla varios documentos que están en el expediente de las citadas obras y que este jueves hizo llegar al Ministerio Público, el primer edil compareció para denunciar posibles delitos de falsedad en documento público y suplantación de personalidad en un escrito utilizado por el PP. «Una burda maniobra de distracción», a juicio del portavoz de esta formación, Rosendo Fernández, quien en su réplica conminó al alcalde a que se centre en lo importante. Esto es, que «pague lo que debe por las obras de peatonalización de su casa».

Dos firmas diferentes

Para justificar la supuesta legalidad que defiende el alcalde de As Burgas en la devolución del aval —depositado como garantía de pago de las obras que posteriormente se cargaron a las arcas públicas (Plan E)— , y que según Intervención supuso un «perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento, al dar por válidas actuaciones administrativas contrarias a la normativa vigente», Fernández (PSdeG) se refirió en concreto a dos escritos que tumbarían la versión de los populares.

Uno de los documentos en los que se respaldó el PP fue un informe del 25 de marzo de 2014, en el que un ingeniero municipal pide una revisión de la devolución de avales en base a la petición de un vecino que, supuestamente, invocaba al principio de Igualdad para pedir el mismo trato. Al respecto, el munícipe mostró un escrito, fechado hace tres días (8 de abril), en el que esta persona niega ser el autor de la citada solicitud.

Expresamente el regidor mandó fijarse en la falta de coincidencia de las firmas manuscritas, en las que basa su denuncia. Así, tras lamentar la repentina «resurrección» del expediente de esas obras de urbanización «para acusar, en lugar de hacerlo para resolver», en referencia al Partido Popular, señaló que «serán los tribunales los que determinen las posibles responsabilidades del PP y su portavoz, si colaboraron, instigaron o se aprovecharon de estos posibles delitos».