El Ayuntamiento de Orense sigue inmerso en sus líos internos, y no solo en el seno del PSdeG. La inestabilidad que manda desde hace meses en la Plaza Mayor de la ciudad de As Burgas ha acabado por contagiar a toda la corporación, oposición incluida. El cruce mutuo de acusaciones entre unos y otros no ha hecho más que evidenciar la ingobernabilidad de una urbe que no gana para sobresaltos, desde que en septiembre de 2012 veía como su exalcade, Francisco Rodríguez, era detenido en el marco de la «Pokemon».

Dos años y varias imputaciones después (un 30 por ciento del equipo de gobierno está imputado a día de hoy) la situación no difiere de aquella que estalló de la mano de la mayor trama de corrupción que se recuerda en Galicia. Muchas son las explicaciones que tendrán que dar los responsables municipales sobre la acumulación de causas abiertas por parte de algunos de sus miembros.

Todo ello, mientras que resuelven sus propias cuitas internas, las que este lunes llevaban al ex secretario general del partido, Manuel «Pachi» Vázquez, a acusar a sus colegas de Orense de «estar dañando al PSOE».

Dos son los frentes más inmediatos para el alcalde Agustín Fernández. El primero de ellos, el protagonizado por la edil de Urbanismo, Aurea Soto, y la opositora de Democracia Ourensana (DO), Susana Gómez, que este lunes hacía pública la «persecución» a la que —afirma— la tiene sometida la primera. El segundo, el pago de las obras de peatonalización de su casa con cargo a los fondos públicos del Plan E, sobre los que la oposición espera explicaciones.

Respecto al espectáculo protagonizado en el pleno del pasado viernes y que acabó con el alcalde llamando a la Policía para identificar y desalojar a la concejal de DO, el primer edil volvía este martes a amparar la actuación de Soto —con cinco causas judiciales abiertas— después de que esta exhibiese en público unos documentos privados, relativos al expediente laboral de Gómez.

«Una auténtica kale borroka»

Este martes el regidor cargaba las tintas contra la representante de Democracia Ourensana, comparando su actuación con la de la «kale borroka». A su juicio, comportamientos como los de la concejala son «inaceptables». «Me parece increíble que, a fin de que el alcalde le resolviera un problema personal, desobedeciese y desautorizase a la máxima autoridad», señaló el primer edil. «Solo por eso debería dejar la política y ser expulsada», agregó.

Fernández, quien respaldó su argumentario en el reglamento orgánico del funcionamiento del un pleno —que recoge que corresponde al alcalde presidir las sesiones plenarias—, se mostró convencido de que DO «lo tenía todo preparado», puesto que «con el rifirrafe político impidió, conscientemente, que prosiguiese la sesión».

Una sesión en la que estaba previsto en el orden del día tratar las obras de peatonalización de la casa del alcalde, denunciadas por el PP ante la Fiscalía. El socialista, que atendió la petición de los populares de celebrar un pleno extraordinario —sin fecha determinada— para tratar el asunto, volvía a denunciar la política de «acoso y derribo» por parte del portavoz de esta formación, Rosendo Fernández.

«¿Qué les importará a los ciudadanos mi casa?, se preguntó el regidor, al tiempo que señaló que «la justicia pondrá a cada uno en su lugar». Por su parte, Rosendo Fernández, que explicó que el expediente de reclamación «de cobros indebidos por las obras de su calle —fueron pagadas con dinero público cuando tenía que hacerse cargo a título personal—, prescribirá en una semana», justificó que es su deber velar por la devolución de los 27.776 euros que le reclama Intervención.