El Parlamento gallego ha aprobado este martes casi por unanimidad (AGE y Carmen Iglesias se han abstenido) la ley contra la discriminación del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), el primer texto normativo de estas características en España y que coloca a Galicia «en la vanguardia de Europa», ha recalcado la socialista Carmen Gallego. Precisamente, esta iniciativa fue impulsada por el PSdeG la pasada legislatura, si bien durante su tramitación se han incluido varias modificaciones a petición del PPdeG.

Uno de esos cambios ha afectado al régimen sancionador que se introducía en el texto oficial, eliminado finalmente en el dictamen final. A esta supresión se han acogido tanto Alternativa Galega de Esquerda como Grupo Mixto para negar su apoyo a una iniciativa que, en palabras de la diputada de la coalición electoral Eva Solla, «se queda descafeinada». La parlamentaria también ha criticado que se excluyese de esta norma a las personas intersexuales, aunque el PPdeG ha aceptado finalmente su inclusión.

Frente a los reproches de AGE, populares, socialistas y nacionalistas coincidieron a la hora de señalar el «hecho histórico» que marca la puesta en marcha de esta ley. Aunque con matices. El BNG ha puntualizado que su voto positivo no deja de ser «crítico», dado que entiende que se trata de un texto «imperfecto», mientras que el PSdeG se ha comprometido a «mejorarla» cuando alcance la Xunta. Por su parte, la popular Marta Rodríguez Vispo ha resaltado que no se trata de una ley de un grupo político, sino «de todos».

«No» a una réplica del Parlamento catalán

Además de rechazar la no discriminación del colectivo LGTBI, la Cámara autonómica también ha debatido este martes la toma en consideración de la proposición de ley, a petición del BNG, sobre la celebración de consultas populares en la Comunidad. Una iniciativa que ha contado con el respaldo de AGE y Grupo Mixto, pero no con el de populares y socialistas, que han destacado el difícil encaje de esta propuesta, muy similar a la aprobada por el Parlamento catalán, dentro de la Constitución.