El trato de Biden con el prófugo Maduro por el que ofrece 15 millones

Esto no ha impedido que Juan González, coordinador de política latinoamericana en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, haya viajado con otros funcionarios a Caracas a verse con Maduro y haya coordinado una política presidencial norteamericana que ha culminado en un canje de presos que ha permitido el regreso a Venezuela de condenados o imputados de delitos graves en EE.UU. como los sobrinos de la mujer de Maduro, Cilia Flores, y el supuesto testaferro del dictador, Alex Saab, extraditado antes desde Cabo Verde.

EE.UU. ofrece además 10 millones por pistas que den con el paradero de Diosdado Cabello, un destacado miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela que ha desempeñado varios roles importantes en el gobierno venezolano, incluyendo vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional y ministro de Obras Públicas y Vivienda; y otros 10 millones por información sobre Tarek el Aissami, ex vicepresidente y ministro de Industria de Venezuela.

Todos estos prófugos de la Justicia estadounidense están imputados por delitos relacionados con el narcotráfico y la conformación de grupos terroristas. Se les acusa de integrar el llamado cártel de los Soles, que planificó el envío de drogas a EE.UU.

Según una acusación formal presentada en marzo de 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro habría ayudado a dirigir y liderar el cártel de los Soles. La acusación sostiene que Maduro colaboró con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), calificadas por EE.UU. como una organización terrorista extranjera, para negociar envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC y proveer armas de grado militar a las FARC, y de coordinar asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Además, se acusa a Maduro de cooperar con líderes de las FARC para entrenar a una milicia que funcionaba esencialmente como una unidad de fuerzas armadas para el cartel de los Soles. Maduro se enfrenta a cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos.

No son sólo hipótesis de la Fiscalía norteamericana. De esa macrocausa contra el cártel de los Soles hay dos imputados en juicio. El primero en entregarse fue Clíver Alcalá, que fue general chavista, y este pasado verano declaró, según reveló este diario, haber proporcionado dos lanzagranadas y 20 granadas a dos dirigentes de la guerrilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. Se trata de una admisión directa de que el régimen chavista protegió y hasta ayudó a la guerrilla de las FARC mientras esta se financiaba con el narcotráfico y planificaba actos terroristas.

El 29 de junio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Alcalá se declaró culpable de auxilio en la provisión de apoyo material o recursos a una organización terrorista y de recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo que serían utilizadas para cometer terrorismo. Cada uno de esos dos cargos conlleva una pena máxima de 15 años, pero con su autoinculpación Alcalá elude penas mayores, al haber decidido colaborar con la fiscalía estadounidense. Comparecerá ante el juez de nuevo este mes.

El otro preso en EE.UU. por este caso es Hugo 'El Pollo' Carvajal, huido a España, detenido y extraditado y hoy juzgado en Nueva York. Según informó ABC, el juez que lleva su caso lamentó las demoras injustificadas de la Fiscalía en avanzar en su proceso, y apremió al ministerio público a que permita que el proceso judicial como tal comience en junio o antes. Carvajal fue extraditado de España a EE.UU. en junio de 2023.

Tanto por Alcalá como por Carvajal, el Departamento de Justicia de EE.UU. llegó a ofrecer 10 millones de dólares. También busca, aunque sin recompensa, a otros jerarcas de la dictadura chavista, como Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, o Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

El 20 de diciembre, el presidente Biden admitió que tiene una vía de diálogo abierta con Maduro. En una breve conversación con periodistas, dijo: «He hecho un trato con Venezuela para que celebren elecciones libres. Hasta ahora, han cumplido con los requisitos. Y eso es todo». De momento, la ganadora de las elecciones primarias en la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada por el régimen para las elecciones presidenciales de este año. Maduro solo le ha permitido llevar su caso a la justicia electoral, que controla el mismo régimen.

Altos funcionarios del Gobierno de Biden han viajado varias veces a Caracas en un intento de reconducir las relaciones con Venezuela. La diplomacia norteamericana ha defendido que la prioridad de esas visitas es liberar a presos estadounidenses, cosa que ha logrado, a cambio de que Biden haya intervenido en el poder judicial para excarcelar a imputados por delitos graves, como Saab, o condenados, como los llamados 'narcosobrinos'.  

Estos son Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Fueron arrestados en noviembre de 2015 en Haití por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y luego extraditados a EE.UU. En noviembre de 2016 fueron declarados culpables y condenados a 18 años por un tribunal federal por conspirar para importar y distribuir cocaína, porque habían planeado transportar 800 kilogramos de cocaína a EE.UU. Biden los liberó y entregó a Maduro en octubre de 2022.

En mayo de aquel mismo año había visitado Caracas Juan Gonzalez, el director del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina, en el que fue el primer viaje de la Casa Blanca a ese país caribeño en más de dos décadas. Se hizo en secreto, y la Casa Blanca sólo informó de él cuando hubo culminado. El año pasado, en junio de 2023, González se vio en Qatar con Jorge Rodríguez, que preside la Asamblea Nacional oficialista y es hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El programa de 'Recompensas por la Justicia' es una iniciativa administrada por el departamento de Estado desde 1984, como parte de la estrategia de Ronald Reagan de combatir el terrorismo internacional. Este programa ofrece recompensas monetarias por información que conduzca a la detención o condena de personas involucradas en actos terroristas contra intereses estadounidenses, la prevención de actos de terrorismo, o la identificación y localización de líderes terroristas.

El máximo ofrecido fueron los 25 millones por pistas sobre el paradero de Osama bin Laden, el urdidor de los atentados del 11-S, responsable de más de 3.000 muertes en EE.UU. Cuando los Navy SEALS lo mataron no hubo recompensa alguna porque según dijo la diplomacia norteamericana, fue identificado por programas de espionaje electrónico, y no por medio de pistas.

La Administración Trump incluyó ese programa a los jerarcas del chavismo durante su estrategia de máxima presión para forzar un cambio de régimen en Venezuela. Biden dio un giro drástico al llegar a la Casa Blanca y ha pasado de aislar a Maduro a dialogar con él. La Casa Blanca, en diversas ocasiones, ha alegado que el diálogo con la dictadura obedece a la necesidad de conseguir crudo barato o rebajar la presión migratoria, aunque la razón dada de forma más reiterada es la de conseguir la liberación de los presos estadounidenses, algo que ya ha conseguido.

El caso de Saab, el testaferro de Maduro, ha generado inquietud entre los conservadores en el Capitolio, especialmente por los denodados esfuerzos que hizo la fiscalía por conseguir su extradición desde Cabo Verde para juzgarle por delitos de lavado de dinero. Maduro hizo todo lo posible por liberarle, llegando a nombrarle embajador, acusando a Biden de una persecución de tipo político.

La Casa Blanca siempre mantuvo que no interferiría en el curso del sistema judicial, hasta que a mediados de diciembre la fiscalía se movilizó para liberar a Saab sin que culminara su juicio.

No es la primera ocasión en que algo semejante sucede. En 2001, el entonces presidente Bill Clinton le otorgó un indulto presidencial en su último día en el cargo a Marc Rich, un financiero y empresario que ganó notoriedad por sus negocios internacionales en el comercio de petróleo. En 1983, fue acusado en EE.UU. de cargos como fraude, evasión de impuestos y violación de sanciones. Tras las acusaciones, viajo a Suiza y vivió allí hasta el indulto.