EE.UU. demora el juicio al 'Pollo' Carvajal en pleno diálogo con Maduro

Esto significa que una macrocausa en la que está imputado también Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo, que se ha ido ampliando a lo largo de los años, quedará aplazada al menos hasta el término de la campaña de primarias en EE.UU., y con toda probabilidad no habría un veredicto o posible condena hasta después de las elecciones presidenciales de EE.UU. de noviembre. Carvajal huyó de Venezuela en noviembre de 2019 y pidió asilo en España. Como estrecho colaborador de Hugo Chávez y jerarca del régimen puede testificar sobre Maduro y los delitos que le imputó la Fiscalía en EE.UU., entre ellos el de tráfico de droga y actos terroristas.

La Casa Blanca, sin embargo, se encuentra hoy, bajo Joe Biden, en plenas negociaciones con el régimen de Maduro. Altos funcionarios de la presidencia norteamericana se han visto con el dictador en Caracas durante este mandato, y ambos países canjearon presos este mismo mes, incluido Alex Saab, testaferro de Maduro, procesado y extraditado antes a EE.UU. por lavado de dinero. Como reveló ABC, el propio presidente Biden, cuya Administración dijo antes que no interferiría sobre el curso de la Justicia, movilizó a la propia Fiscalía para sacar de prisión a Saab y entregarlo a Maduro. El portavoz de la Casa Blanca John Kirby dijo después que esa liberación podía facilitar también un acuerdo de tipo migratorio.

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La preocupación del juez por la lentitud del Ministerio Fiscal, que fue el que solicitó con insistencia la extradición de Carvajal desde España, ha quedado reflejada en una conferencia entre las partes que tuvo lugar el 12 de diciembre en el juzgado del distrito sur de Nueva York, a cuya transcripción ha tenido acceso este diario. El juez Alvin K. Hellerstein muestra abiertamente preocupación por la obligación de proporcionar a Carvajal un juicio rápido, preguntando repetidamente cómo las propuestas de la Fiscalía y la defensa se alinean con este requisito. En particular, el juez se centra en buscar formas de acelerar el proceso hacia el juicio.

La defensa de Carvajal ha presionado a la Fiscalía para que revise los documentos del caso y decida qué se puede desclasificar y qué no. De momento, la defensa ha recibido 700 gigas de información, una cantidad inmensa de pruebas que la defensa puede emplear para preparar el caso. Sin embargo, el abogado defensor, Zachary Margoulis-Ohnuma, afirma que el proceso «ha sido inaceptablemente lento. Es cierto que inicialmente se entregó un gran volumen. Pero falta lo que he identificado como nueve archivos discretos de la DEA [agencia antidroga norteamericana]».

El abogado de Carvajal dejó claro en esta audiencia con el juez Hellerstein que su cliente tiene mucho que contar sobre Maduro y sus socios en el caso en el que han sido imputados en EE.UU. Dice en un momento el letrado Margoulis-Ohnuma: «Está aquel avión que aterrizó forzosamente en Campeche en 2006. Muchas, muchas personas han sido procesadas en conexión con ese avión, incluyendo ahora a mi cliente, el general Carvajal. Entonces, en mi opinión, [los casos] están altamente relacionados. Es parte de una vasta conspiración de la cual él no formaba parte, pero ya ha sido procesada, y hay mucha información disponible».

En 2006 una avioneta se estrelló a en Campeche (México) con aproximadamente 5,5 toneladas de cocaína a bordo. La investigación posterior al aterrizaje forzoso desentrañó una compleja red que involucra a narcotraficantes, funcionarios corruptos y rutas internacionales de drogas con origen en el régimen de Venezuela. Varios individuos han sido procesados en relación con este caso: jerarcas venezolanos, como el mismo Maduro o Diosdado Cabello; mandos que desertaron de la dictadura, como el propio Carvajal y Clíver Alcalá; y guerrilleros colombianos como alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, ya fallecido.

En un momento de esta conferencia con el juez queda patente la lentitud de la Fiscalía, ya que el abogado defensor lamenta que los fiscales están ocupados en otros casos. En un momento, el fiscal Nicholas Bradley admite: «Hay otros componentes gubernamentales que, lamentablemente, condicionan lo que el Gobierno puede hacer tanto con respecto a otras partes, a otros interesados y el tiempo del que estos disponen».

La Fiscalía en este caso depende de lo que las agencias de inteligencia, en especial la DEA, quieran compartir con la defensa. En EE.UU., a nivel federal, la Fiscalía es liderada por el Departamento de Justicia, encabezado por el fiscal general de los Estados Unidos, quien a su vez es nombrado por el presidente y confirmado por el Senado. Aunque el fiscal general es miembro del Gabinete del presidente, se espera que mantenga una independencia significativa, especialmente en asuntos de aplicación de la ley y decisiones legales.

Hay otro procesado por esta gran causa contra el narcotráfico de la dictadura venezolana, pero este ya no revelará más información en juicio. En junio, ante el mismo juez Hellerstein, el que fue comandante de las fuerzas armadas venezolanas con Hugo Chávez, Clíver Alcalá Cordones, admitió haber proporcionado dos lanzagranadas y 20 granadas a dos dirigentes de la guerrilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Fue una admisión directa de algo que la Fiscalía estadounidense llevaba tratando de probar más de una década: que el régimen chavista protegió y hasta ayudó a la guerrilla de las FARC mientras esta se financiaba con el narcotráfico y planificaba actos de terrorismo no sólo en Colombia, sino también en EE.UU.

En la vista presencial del 29 de junio en la corte del distrito sur de Nueva York, Alcalá se declaró culpable de auxilio en la provisión de apoyo material o recursos a una organización terrorista y de recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo que serían utilizadas para cometer terrorismo. Cada uno de esos dos cargos conlleva una pena máxima de 15 años, pero con su autoinculpación Alcalá elude penas mayores, al haber decidido colaborar con la Fiscalía estadounidense. Debería haber sido sentenciado el 8 de noviembre, pero el juez atrasó la vista hasta el 18 de enero.

Cuando fue detenido en España en 2019, Carvajal denunció que su caso estaría sujeto a motivaciones políticas. «En la justicia de Estados Unidos no confío: el solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco», dijo Carvajal ante los tribunales españoles. Quien entonces era enviado especial para Venezuela del Gobierno norteamericano, Elliot Abrams, dijo a ABC que «la huida de Carvajal es una gran vergüenza para el Gobierno de España». Carvajal fue detenido de nuevo en septiembre de 2021 y extraditado casi dos años después. Para entonces ya había cambiado la Administración Trump a la de Biden, y esta última inició un acercamiento a Maduro que ha implicado hasta el levantamiento parcial de sanciones.