La Justicia de EE.UU. prueba que el régimen chavista armó a las FARC

Se trata de una admisión directa de algo que la Fiscalía estadounidense lleva tratando de probar más de una década: que el régimen chavista protegió y hasta ayudó a la guerrilla de las FARC mientras esta se financiaba con el narcotráfico y planificaba actos de terrorismo no sólo en Colombia, sino también en Estados Unidos.

En la vista presencial del 29 de junio en la corte del distrito sur de Nueva York, Alcalá se declaró culpable de auxilio en la provisión de apoyo material o recursos a una organización terrorista y de recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo que serían utilizadas para cometer terrorismo. Cada uno de esos dos cargos conlleva una pena máxima de 15 años, pero con su autoinculpación Alcalá elude penas mayores, al haber decidido colaborar con la fiscalía estadounidense.

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Las FARC fueron un grupo guerrillero colombiano fundado en 1964 implicado en actividades ilegales como el narcotráfico y el secuestro para financiarse. Durante el conflicto armado, en el que se implicaron también los paramilitares, hubo más de 260.000 muertes, 35.600 de ellas provocadas por la guerrilla, según el Observatorio de Memoria y Conflicto de Colombia. Fueron consideradas organización terrorista por varios países, incluidos EE.UU. y los de la Unión Europea. En 2016 las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, poniendo fin a su lucha armada y convirtiéndose en un partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

El general venezolano Alcalá se entregó en Colombia en marzo de 2020, en plena pandemia, después de que EE.UU. ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares [unos 9 millones de euros al cambio actual]. En esta misma causa están imputados también por actividades relacionadas con narcotráfico y terrorismo Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela; Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Hugo Carvajal, alias El Pollo, que reside en España y de quien EE.UU. pide la extradición, que se puede producir en los próximos días por fallo favorable respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La fiscalía norteamericana también denunció a los colombianos Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y a Marín Arango, alias Iván Márquez, por conformar con los jerarcas venezolanos el llamado Cártel de los Soles, una supuesta red de tráfico de drogas que involucra a altos funcionarios y oficiales militares de Venezuela. El nombre proviene de las insignias solares que llevan los generales en el ejército de Venezuela.

Esta organización delictiva supuestamente está involucrada en el tráfico de cocaína a gran escala, principalmente hacia EE.UU. y Europa, incluida España, con la cooperación de grupos rebeldes colombianos y carteles de droga mexicanos, con el objetivo final de sostener económicamente al gobierno venezolano en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país.

Ante el juez de distrito Alvin K. Hellerstein, Alcalá admitió haber sido comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con rango de general, y bajo el mando directo de Chávez. Como tal, impidió el arresto de guerrilleros de las FARC y «proporcionó protección, incluyendo libertad de movimiento y libertad de interferencia, a los integrantes de las FARC y sus asociados a pesar de que sabía que traficaban cocaína», según lo expresó el juez y lo admitió el reo. «La organización dependía del narcotráfico para sostenerse», dijo Alcalá, «y yo lo sabía».

Estas declaraciones están recogidas en una transcripción oficial de 27 páginas que se hará pública en octubre. El acuerdo fue presentado por cuatro abogados que representaban al venezolano y tres fiscales de Nueva York, encabezados por Damian Williams, jefe del Ministerio Público en ese distrito, nombrado por el presidente Joe Biden en 2021.

Antes de entregarse, Alcalá se había convertido en crítico abierto de Maduro, como sucedió con Hugo Carvajal. Eso no les ha impedido tener que rendir cuentas en EE.UU. Alcalá salió de Venezuela en 2018 tras descubrirse un complot que lideraba en secreto con la esperanza de derrocar a Maduro.

En 2020 participó en un chapucero intento de derrocar a Maduro con un exsoldado de élite estadounidense, Jordan Goudreau, y un pequeño grupo improvisado de desertores militares venezolanos a los que Alcalá estaba entrenando en campamentos secretos en Colombia. La intentona fracasó, y dos soldados estadounidenses fueron detenidos y condenados a 20 años en Venezuela.

Antes de entregarse aquel mismo año, Alcalá asumió ser custodio de un arsenal de armas de asalto y equipos militares de fabricación estadounidense incautados en una carretera de Colombia, que dijo eran para una incursión planificada en Venezuela para derrocar a Maduro. Ese arsenal incautado por el chavismo contenía 26 rifles de asalto AR-15.

En la causa en la que ahora se ha declarado culpable Alcalá, los fiscales le acusaban de ser parte de un cartel que enviaba 250 toneladas métricas de cocaína a EE.UU. cada año. En 2008, cuando Alcalá era un asistente de confianza de Chávez, este le asignó la coordinación de los envíos de droga por medio de equipos corruptos del ejército venezolano y guerrilleros de las FARC.

Alcalá y Chávez tenían una estrecha relación desde un intento de golpe de estado en febrero de 1992 que fracasó. Se le considera uno de los arquitectos del proyecto chavista dentro de las fuerzas armadas. En sus críticas a Maduro desde 2018, Alcalá acusó al actual dictador de traicionar los principios del chavismo, y de haber llevado al país a una situación de anarquía.

Antes de sellar su acuerdo con la Fiscalía, los abogados de Alcalá trataron de invalidar los cargos revelando su cooperación con las agencias de inteligencia de EE.UU. «Los esfuerzos para derrocar al régimen de Maduro son conocidos por el gobierno estadounidense», afirmaron los abogados de Alcalá en una moción para desestimar los cargos fechada en 2021. «Su oposición al régimen y sus supuestos esfuerzos para derrocarlo fueron informados a los niveles más altos de la Agencia Central de Inteligencia, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro», añadieron

Sus abogados trataron de demostrar que Alcalá estuvo en contacto con la Administración de Donald Trump para coordinar acciones contra Maduro, pero esa estrategia fracasó y llevó al actual acuerdo judicial.

Tras años de demoras y recursos de casación, el que fue jefe de la inteligencia del régimen chavista está a punto de enfrentarse a la Justicia en EE.UU. en la causa abierta por narcotráfico en Nueva York. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado un intento de Hugo Carvajal, alias El Pollo, de evitar su extradición desde España. Carvajal fue arrestado en septiembre de 2021 en un apartamento de Madrid por la Policía Nacional y está detenido en Estremera. En sus recursos, el imputado ha negado estar implicado en el tráfico de cocaína a EE.UU. Si Carvajal no llegara a un acuerdo con la fiscalía, como el general Clíver Alcalá, se enfrentaría a unas cinco décadas de prisión como pena máxima. Carvajal ya fue arrestado en la isla de Aruba, en el Caribe, en 2014, pero fue liberado sin ir a juicio. En 2021 huyó a España tras romper con el régimen de Nicolás Maduro, y ha estado tratando desde entonces de eludir su captura y extradición, pero ya ha agotado todas las vías de recurso que tenía a su alcance.