Los presos políticos extranjeros, moneda de canje para Maduro
Entre los favoritos del régimen chavista se encuentran los españoles, los estadounidenses y los colombianos, que son inculpados de delitos sin presentar pruebas con el fin de utilizarlos como rehenes para negociar prebendas con sus gobiernos
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, trafica con los prisioneros de conciencia. Y no lo hace sólo con los venezolanos, sino también con los extranjeros, utilizándoles como rehenes. Los inculpa de delitos que no han cometido para después canjearlos a cambio de prebendas o ... de la retirada de sanciones de sus países.
En Venezuela hay alrededor de 300 presos políticos, de los cuales la mitad tendría doble nacionalidad. Son extranjeros por sus orígenes parentales sin que todavía hayan podido tramitar su segunda condición para ser protegidos como tales por la Convención de Viena. Muchos de ellos han visto cómo sus derechos son violados sistemáticamente por criticar al régimen chavista.
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No hay una cifra exacta de los presos políticos extranjeros encarcelados en el país. «Los presos de Maduro», como los llama el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, citando a los carceleros locales que utilizan el término para identificar a tal o cual detenido, bien podrían superar el medio centenar de personas, que «hoy día pagan su disidencia injustamente tras las rejas», explica a ABC el letrado.
Entre los 50 prisioneros extranjeros encarcelados destacan los españoles, los estadounidenses y los colombianos. En su mayoría son venezolanos nacidos en el país con ascendencia foránea, que gozan en teoría de ciertos privilegios que no son respetados por el régimen autoritario. Según Mundaray, al régimen no le interesa reconocer a los presos políticos como extranjeros para así eludir las obligaciones de la Convención de Viena, que recoge el derecho a permitir visitas de los familiares, la asistencia de consulados diplomáticos, la atención médica sanitaria y una alimentación adecuada, entre otros aspectos.
Entre los 50 extranjeros encarcelados destacan los españoles, americanos y colombianos
El letrado cree que hay un patrón en la manera de actuar del régimen, que consiste en retener selectivamente a los extranjeros -estén solicitados o no por la Interpol- en los pasos migratorios y secuestrarlos arbitrariamente en las cárceles para ser sometidos a juicios sumarios y después canjearlos, o bien negociar, a cambio de retirar las sanciones según el interés político de los jerarcas del régimen.
Las principales personas que controlan actualmente el sistema judicial chavista son el presidente Nicolás Maduro, su hijo Nicolasito, su esposa Cilia Flores, Diosdado Cabello, el fiscal general Tareck William Saab, el exministro de Petróleo Tareck el Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno.
Sin visita consular
En relación con la violación de los derechos de los presos, el cónsul español, Marcos Rodríguez Cantero, en declaraciones a ABC, lamenta que las autoridades venezolanas «no permiten la visita consular». «El Consulado mantiene contacto periódico con los detenidos o con sus familiares, aunque no todos los detenidos son igualmente accesibles y unos mantienen vinculaciones más intensas con España que otros», señala.
Ángela Expósito fue condenada por intento de magnicidio
En la actualidad permanecen injustamente detenidos en las cárceles del país cinco venezolanos -que también tienen nacionalidad española-. Los inculpados han sido condenados sin pruebas ni evidencias. Entre ellos se encuentra Ángela Expósito Carrillo, quien fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en 2018 y que actualmente se encuentra en la prisión del Helicoide, donde según han denunciados varias ONG, los presos políticos sufren torturas. Expósito Carrillo fue condenada en agosto del 2022 por un presunto intento de magnicidio con drones.
Juan Francisco Dos Ramos fue detenido por el caso Drones
En la sede de la Dgcim (división de inteligencia militar) en Boleíta, al norte de Caracas, se encuentra encarcelada María Auxiliadora Delgado Tabosky, hermana de Osmán, uno de los presuntos implicados en el intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018, que fue señalado como autor intelectual del asalto al Fuerte Paramacay. Delgado Tabosky fue detenida junto con su esposo Juan Carlos Marrufo, de nacionalidad italiana, y el coronel Juan Francisco Dos Ramos, de nacionalidad portuguesa. Los tres fueron condenados a 30 años de prisión en diciembre del 2022, acusados de tener vínculos en el denominado caso de los drones. Sus expedientes no pueden ser abiertos al público.
María Auxiliadora Delgado es hermana de un acusado de magnicidio
Por su parte, Keren Sheydell Hernández Rodríguez, que se encuentra detenida también en el Helicoide, fue acusada de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y otros delitos en la operación Gedeón. Tres años después de su arresto, todavía no ha empezado su juicio.
Tampoco ha terminado el juicio de Jorge Henrique Alayeto Bigott, que se encuentra en la cárcel común del Rodeo III tras ser acusado de traición a la patria, rebelión militar y otros cargos por el asalto al Fuerte Paramacay.
Jorge Henrique Alayetto Biggot fue acusado de traición a la patria y rebelión militar
El quinto venezolano, con nacionalidad española, es Fernando Noya Contramaestre, detenido en el Helicoide desde 2020 por supuestos vínculos en la operación Gedeón. No ha sido condenado todavía.
Mundaray afirma que a los detenidos de doble nacionalidad «los enjuician y condenan sin poder ver las sentencias y los motivos por los que les aplican la máxima pena. Si reclaman o si se rebelan los castigan severamente. Si denuncian sus casos, entonces los amenazan con castigos».
«Esperamos que por razones de justicia, otras de carácter humanitario y de buen orden político, en algún momento las autoridades adopten medidas de indulto o de clemencia», señala el cónsul Rodríguez, que confía en que con la normalización de las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, los presos españoles puedan recibir mejor atención consular y aliviar de alguna manera su encierro.
La negociación secreta de los presos políticos también ha incluido la flexibilización de sanciones económicas como la autorización para que la petrolera española Repsol y la italiana ENI puedan volver a operar en Venezuela.
Intercambios con EE. UU.
Con respecto a los detenidos que tienen nacionalidad estadounidense, el caso más sonado ha sido el canje de siete presos políticos de la petrolera Citgo por los dos 'narcosobrinos' -Franki Flores y su primo Efrain Campo Flores- de la primera dama Cilia Flores, detenidos en EE.UU. en octubre de 2022. Unas semanas antes había sido liberado otro sobrino de la mujer de Maduro, Carlos Erik Malpica Flores, extesorero sancionado por corrupción.
Los ejecutivos petroleros liberados fueron José Ángel Pereira, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, José Luis Zambrano, Tomeu Vadell y Alírio José Zambrano. También los estadounidenses Mathew Heat y Osman Khan pudieron regresar a su país.
Maduro trata de eliminar y flexibilizar las sanciones de EE.UU. negociando con presos
Para evitar que sus ciudadanos se conviertan en posibles rehenes, el Gobierno de los Estados Unidos envía periódicamente comunicados alertando de no viajar a Venezuela para no ser víctimas de secuestros y detenciones arbitrarias solo por poseer pasaporte estadounidense. Además, hace un mes Washington volvió a incluir a Venezuela entre los países pocos seguros para visitar. Y renovó su calificación como amenaza para la seguridad del hemisferio por sus vínculos con países como Irán.
Entre los estadounidenses encarcelados en Venezuela se encuentra Jerred Kenemore, arrestado junto a su esposa venezolana hace año y medio en el fronterizo estado de Táchira. «Tras pasar inmigración las autoridades los detuvieron, acusándolos de terrorismo y espionaje. La mujer se encuentra en el centro femenino Inof, y Jerred en el centro de inteligencia militar Dgcim, totalmente desprotegidos», denuncia Mundaray.
El canje de prisioneros también ha formado parte de las negociaciones para eliminar y flexibilizar las sanciones que EE.UU. mantiene contra Maduro y su Gobierno. Es el caso de la empresa estadounidense Chevron, que ha vuelto a operar los campos petrolíferos de Venezuela.
Los colombianos
De todos los presos políticos extranjeros, los colombianos son los que se han llevado la peor parte. Hay más de un centenar, entre los que tienen doble nacionalidad y los nativos. Han sido detenidos por motivos comunes o políticos que el régimen manipula según el interés del momento, afirma el abogado defensor.
Entre los casos más llamativos está el de Jonathan Palacios, un colombiano defensor de los animales que fue arrestado y acusado por Tareck William Saab de instigación al odio porque criticó, a través de las redes sociales, al fiscal por tener un mono amarrado con cadena. Palacios, según Mundaray, «fue torturado».
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La Policía Nacional Anticorrupción detuvo a altos cargos como jueces, militares, alcaldes y diputados chavistas, todos ellos vinculados al viceministro de Economía Tareck El Aissami, que ha dimitido
Maduro ha ido liberando a los presos extranjeros mediante negociaciones secretas con gobiernos aliados, como el de su vecino, desde la llegada al poder de Gustavo Petro. Así sucedió con la exsenadora colombiana Aida Merlano, que estuvo encarcelada en Caracas tres años y fue deportada a Bogotá hace dos semanas.
Otro caso que menciona el letrado defensor es el del venezolano-peruano Luis de la Sota, un capitán de navío que ha sido víctima de torturas. Se le acusa de conspiración contra Maduro y de traición a la patria. Sus acusadores no han presentado pruebas de sus delitos. Las malas relaciones que mantienen en la actualidad el Gobierno de Maduro y el de Dina Boularte, tras la detención de Pedro Castillo por un autogolpe de Estado fallido, han convertido a este preso en un chivo expiatorio. «Luis de la Sota permanece confinado, enfermo y no le permiten visitas consulares», señala Mundaray.
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