Las presas políticas venezolanas, violadas y obligadas a prostituirse en las cárceles chavistas

Es el sexto informe que elabora la Comisión de la ONU desde 2020. Tiene 17 folios y aporta «nueva evidencia de la dura represión poselectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024» cuando el régimen arrestó por razones políticas a más de 2.200 personas, entre ellas a 200 menores de edad, y establece que la persecución política «ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades».

La presentación la hizo este lunes la jefe de la Misión, Marta Valiñas, quien resaltó los abusos que cometen los carceleros desde puñetazos, golpes con planchas de madera o bates envueltos en espuma, descargas eléctricas (incluyendo en los genitales), asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño mediante iluminación y música a alto volumen las 24 horas del día.

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La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela Identificó cuatro tipos de celdas de castigos en Tocorón y Tocuyito, cuyo uso «constituye una forma de tortura, así como de trato cruel, inhumano o degradante».

También realizó 237 entrevistas remotas y directas con personas y víctimas, familiares, testigos e informantes. Analizó 364 evidencias y recibió información de organizaciones nacionales e internacionales, de la sociedad civil, organismos intergubernamentales, judiciales, peritajes forenses independientes, vídeos, audios y fotografías.

El informe recoge testimonios de 19 casos sobre violencia sexual y prostitución forzada. «Al menos una mujer y cinco adolescentes, entre 15 y 17 años, fueron sometidos a explotación sexual a través de actos de sexo transaccional coercitivo. Una mujer que estuvo detenida en una dependencia de la Guardia Nacional Bolivariana durante cuatro meses informó que fue testigo de un acto sexual contra otra mujer detenida. También informó que los sargentos exigían a las mujeres mantener relaciones sexuales a cambio de una llamada telefónica».

De acuerdo con el testimonio de un hombre detenido en la cárcel de Tocorón, entre agosto y noviembre de 2024, «los custodios seleccionaban a internos por las noches y les ofrecían beneficios sexuales. El testigo presenció la comisión de estos actos en un pasillo de la planta primera del ala B del centro penitenciario».

El informe añade que en otro centro «mujeres privadas de libertad en el marco de las protestas de 2024 fueron víctimas de violencia sexual reiterada por parte de las autoridades, quienes además compartían con los hombres detenidos una lista de precios por los servicios sexuales de las internas. Algunos de estos casos, con información adicional, podrían ser considerados como prostitución forzada».

Según información de un equipo psico-médico que recogió testimonios de 18 personas excarceladas (15 hombres y 3 mujeres) y dos familias, «la mitad reportaron haber sido sometidos a la desnudez forzada al inicio de su detención y dos hombres señalaron haber recibido descargas eléctricas en sus genitales para extraerles una confesión».

Entre las detenidas hubo dos mujeres embarazadas. A una de ellas con 11 semanas de alto riesgo, se le negó el control prenatal y el examen de ecosonografía. A la segunda los funcionarios de la Guardia Nacional le prohibieron amamantar a su bebé, pero le exigieron favores sexuales a cambio de poder alimentar a su bebé.

Las requisas más graves practicadas en las cárceles del Rodeo I y Yare III, instalaciones militares y comisarías de la Policía Nacional Bolivariana «consistieron en la desnudez forzada, a veces con contacto físico e inspección vaginal, patrones ya identificados por la Misión en anteriores informes».

Añade el informe que «los maltratos lo sufrieron las mujeres jóvenes principalmente, aunque también las niñas, incluyendo a una a quien dos funcionarios la obligaron a mostrar sus genitales como condición para permitirle la visita de sus familiares».

La presidenta de la misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, aseguró que Venezuela sigue cometiendo el crimen de persecución por razones políticas y destacó que ninguna institución nacional ha mostrado capacidad para prevenir, sancionar o reparar las violaciones. «La única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional», afirmó.

La Unión Europea expresó profunda preocupación por las detenciones arbitrarias y pidió la liberación inmediata de presos políticos y defensores de derechos humanos. España se sumó a esta postura, denunciando que mantiene cuatro ciudadanos y 16 personas con doble nacionalidad detenidos de manera arbitraria en Venezuela.

Argentina calificó de desaparición forzada el aislamiento de detenidos extranjeros, mientras que su embajador, Carlos Mario Foradori, evocó el caso del gendarme Nahuel Gallo, aún bajo custodia. Chile describió el informe como prueba de una «reactivación de la represión» en Venezuela. Paraguay y Perú también denunciaron hostigamiento, desapariciones y encarcelamientos de opositores, con Lima reclamando por dos ciudadanos peruanos detenidos.

La OEA criticó que un año después de las elecciones no se hayan publicado las actas de recuento y denunció que 25 muertes vinculadas a protestas electorales permanecen impunes.

Aunque Brasil mostró preocupación por los arrestos de carácter político, también expresó inquietud por las sanciones contra Venezuela, a las que atribuyó impactos humanitarios. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva también alertó sobre recientes ataques estadounidenses contra supuestos barcos de narcotraficantes venezolanos, que calificó como posibles «ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales».

Solo un reducido grupo de países -Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue- salió en defensa del Gobierno de Maduro, cuestionando la legitimidad de la misión de Naciones Unidas y condenando las sanciones internacionales contra Venezuela.