Los rehenes españoles de Maduro olvidados por el Gobierno de Sánchez y Zapatero

González se refiere a José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, detenidos desde septiembre y acusados de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro. «A los otros, como tienen doble nacionalidad, no los consideran españoles, y eso me genera coraje», comenta a ABC, «porque mi hermano también lo es, y que el Gobierno ni siquiera permita una visita consular me parece tremendo. Tenemos en España un Gobierno tan sinvergüenza como el de Maduro».

Su familia materna es madrileña y la paterna andaluza, y emigraron a Venezuela a principios de los años 70, cuando el país vivía su época dorada debido a la bonanza petrolera. Entonces, Alejandro González tenía alrededor de 14 años y su hermana 10. Allí se formaron y adquirieron la nacionalidad venezolana. «Venezuela me dio todo. Y también me lo quitó», lamenta Yajaira, quien hoy reside en Aranjuez.

Su padre es el único familiar que queda en Venezuela y solo puede hablar 20 minutos a la semana con Alejandro, quien, tras más de año y medio sin juicio, ha perdido alrededor de 20 kilos. «Ellos intentan sobrevivir en ese encierro, explica Yajaira. «Es un desgaste emocional brutal, un sinvivir. Una espera de siete días para obtener 20 minutos en los que tampoco pueden expresar libremente si son torturados, porque se comunican a través de un telefonillo; todo está grabado y hay custodios vigilando. Lo que mi padre observa es un deterioro físico y un desgaste emocional, no solo para los que están ahí adentro, también para los familiares».

Los familiares que visitan a los detenidos en la cárcel El Rodeo I son encapuchados y trasladados a ciegas a través de aquella prisión de máxima seguridad. Y, después de ser requisados, los funcionarios les quitan las capuchas en un cubículo en el que pueden, a través de un cristal, ver a sus allegados.

Alejandro fue comandante de un grupo de la aviación que se retiró en tiempos del fallecido Hugo Chávez «porque no le gustaba lo que veía», recuerda su hermana. Luego empezó a trabajar en Chevron como director aeronáutico. Estuvo casado una década con Rocío san Miguel, quien también es hispanovenezolana. Y también está presa sin juicio, desde febrero de 2024. Esta abogada y activista de derechos humanos –especialista en asuntos militares–, es señalada por el chavismo por supuesto «terrorismo» y «traición a la patria». Yajaira cree que ese vínculo explica la detención de su hermano: «No tienen pruebas, por eso no hay juicio».

En el Rodeo I también está encerrado Fernando Noya, un arquitecto venezolano –y español por ascendencia gallega– detenido desde 2020, acusado de participar en la operación Gedeón, un fallido alzamiento militar. Su hermana, Verónica, también habla con decepción del papel que ha tenido el Gobierno español en este conflicto. Ha pedido por todos los medios reunirse con el Ministerio de Exteriores, al menos para saber qué gestiones están haciendo, pero todavía espera alguna respuesta.

«Siento que han sido indiferentes. La política exterior española frente a los presos políticos venezolanos con nacionalidad española ha sido, por no decir nula, insuficiente», comparte a este periódico con desesperación, asegurando que su hermano ha sido víctima de torturas y que vive en condiciones inhumanas. «El cónsul anterior, que acaba de salir, fue humano: nos atendió, estuvo pendiente del caso. Pero entiendo que se le hacía difícil ejercer sus funciones en Venezuela. Aun así, fue insuficiente».

El esposo de Verónica, el capitán de la Guardia Nacional Antonio Sequea es otro preso político que también fue detenido en la misma operación y fue condenado a 24 años de prisión por presuntos delitos de «terrorismo». Además, lo imputaron por haber participado en el frustrado levantamiento cívico-militar de abril de 2019 en el que Leopoldo López había burlado el arresto domiciliario gracias a la colaboración de funcionarios de Inteligencia del régimen.

Verónica recuerda que, tras la detención de su hermano y su esposo, su casa fue allanada y agentes de la DGCIM –la contrainteligencia militar–, llegaron incluso a buscar a sus hijos al colegio, entonces de 11, 7 y 4 años. También ellos conocieron lo que significa ser perseguidos. Fue entonces cuando decidió emigrar a España. «Salimos sin nada y nos tocó empezar de cero», comenta. Y desde estas tierras, tan lejos de los suyos, reclama que «los gobiernos deben ser más firmes, dejar la tibieza y no apartar la mirada» frente a la situación de los presos políticos en Venezuela.

Las condiciones de las cárceles venezolanas son indignas. Especialmente para los presos políticos. En los últimos días, al menos nueve de ellos han intentado suicidarse por desesperación en la cárcel de Tocorón, según denunció la semana pasada María Corina Machado. La razón es la comida. «Les dan mortadela con gusanos y arroz en mal estado», advierte a ABC Orlando Moreno, coordinador nacional de Vente Venezuela, el partido que lidera Machado.

Desde algún lugar clandestino, como en los que se resguardan los miembros de la organización para sortear la persecución de Maduro, Moreno explica que los detenidos siguen recibiendo tratos crueles; son castigados con exposición al sol, completamente desnudos en las cancha de los penales. O que les roban la comida –que depende de los familiares– y la ropa a varios de los miembros de su partido que permanecen tras las rejas. Otros, por el contrario, con menos tiempo de sol, son extorsionados para obtener el beneficio de la luz natural o de recibir la ropa o la comida que les mandan las familias. «Si un funcionario tiene una novia y ella quiere un maquillaje caro, él presiona al preso: «Si quieres que siga ayudándote, dile a tu familia que lo compre». Luego hasta indican la marca exacta para que la familia se lo entregue a la novia. Hasta ese nivel estamos llegando», comenta Moreno con indignación.

Algo que, en palabras de Moreno, no le importa a España, «a pesar de que su Gobierno ha sido permisivo con Nicolás Maduro», señalando a uno de los principales colaboradores de la Moncloa. «Que Zapatero venga a lavarle la cara al régimen criminal sin abogar por sus compatriotas es un exabrupto», dice en referencia a las negociaciones en las que se liberó a un grupo de estadounidenses presos y que el régimen atribuyó a las gestiones de Zapatero. En esa ocasión «ningún español fue excarcelado», reclama. «No hubo una operación para liberar a nuestros ciudadanos. Al contrario, Zapatero facilitó la liberación de un estadounidense condenado en Venezuela por un triple homicidio en Madrid, Dahud Hanid Ortiz, que hoy está libre en EE.UU. gracias al canje en el que él participó». Y en cada excarcelación «se cuelan presos comunes sin relación con casos políticos».

En realidad, el Gobierno español no tiene poder alguno en Caracas porque no logra acceder a verificar el estado de sus conciudadanos presos –algunos que se encuentran en situación de desaparición forzada–, pero tampoco protesta. No emite comunicados, no alza la voz. «parece que se quiere normalizar la situación de los rehenes en Venezuela», comenta Moreno.

De igual forma, el activista opositor subraya que «En Venezuela la ONU no funciona» y señala al coordinador Gianluca Rampolla, quien nunca atiende las protestas de los familiares de las víctimas, pero sí aparece en las manifestaciones chavistas. «Estamos llegando al punto en que el régimen secuestró también a la diplomacia internacional», comenta. «Los gobiernos que callan se vuelven cómplices de un régimen que tortura y comete crímenes de lesa humanidad. España debería denunciarlo ante la Corte Penal Internacional y proteger a sus ciudadanos, pero los abandona».

Quizás peor que estar preso es estar desaparecido. Y en esa situación se encuentra la hispanovenezolana Catalina Ramos, quien es bióloga y también colaboradora de Machado, fue detenida hace más de 90 días y hasta el día de hoy su familia, que reside en España, no ha sabido nada de ella. «Se supone que está en el Helicoide, pero no existe ningún tipo de confirmación», comparte a ABC su hermana Marisol desde Tenerife, de donde es originaria su madre.

Para la familia Ramos, regresar para intentar averiguar algo es impensable. «Hemos visto persecución y acoso contra familiares de otros presos políticos. Además, mi madre tiene 91 años y no puedo dejarla. Mis sobrinos tienen sus trabajos, todos tenemos una vida que nos impide hacerlo. Viajar, lejos de ser una solución, podría añadir más problemas». Al preguntarle cómo ha impactado en su familia esta situación, Marisol comparte que ha sido un «golpe muy duro». «Éramos cuatro hermanos; ya hemos perdido a dos, y ahora pasa esto con Cati... Apenas estábamos recuperándonos de la muerte de Olga [una de las hermanas, que enfermó] cuando ocurrió su detención. Estamos devastados como familia y nos cuesta mucho sobrellevarlo».

El sufrimiento se repite en decenas de familias; Alejandro Miranda, Ángela Expósito, Ignacio Monllau, Jorge Yespica, Jorge Alayeto, Juan Rodríguez, Juan Perera, Karen Hernández, María Auxiliadora Delgado, Montserrat Espinosa, Nicolás Cano, Sara Martín, Sofía Sahagun Ortiz y Uaiparu Guerere son otros de los hispanovenezolanos detenidos por motivos políticos.

Además, cientos de venezolanos siguen tras las rejas para ser utilizados como fichas de cambio, como el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares. «No hemos sabido nada de Rafael», explica el presidente electo a ABC. «Según le han dicho a mi hija Mariana debería estar en el Rodeo I, pero mi hija va a ese centro y le dicen que no está ahí».

O como el abogado Perkins Rocha, estrecho colaborador de Machado y quien acaba de cumplir un año detenido. «Seguimos sin acceso a visitas, llamadas, atención médica ni posibilidad de designar defensa privada», comparte a este diario su hijo Santiago. «Nos preocupa su salud; ha comenzado a pedir medicamentos para la próstata, la depresión y la ansiedad, a pesar de no tener antecedentes de esas condiciones. Además, el proceso para entregarle comida, medicinas y ropa limpia ha empeorado: los días asignados se redujeron de tres por semana a solo uno».

Como ellos, miles de venezolanos, incluidos españoles, siguen esperando que algo termine de suceder en Venezuela para que la comunidad internacional ejerza mayor presión y el país finalmente pueda salir de la arbitrariedad a la que está sometido desde hace casi 30 años.