Prisioneros de Maduro: el esfuerzo en defender al indefenso en un país sin ley

Oenegés como Foro Penal apenas han podido confirmar poco más de mil detenciones, pero la diferencia numérica se debe al hermetismo procesal del Estado venezolano; los defensores de derechos humanos deben recopilar y corroborar por su cuenta las denuncias de familiares, pero es posible que la cifra que maneja el Gobierno sea la real, teniendo en cuenta que hay muchas personas que no se atreven a alzar la voz.

A todos los detenidos se les ha asignado defensores públicos; no se les ha permitido acceso a abogados de confianza, como establece la ley. Pero eso no ha impedido que la sociedad civil se organice para exigir que se cumpla el debido proceso.

Noticia Relacionada

La advertencia de María Corina Machado: «Si Maduro se queda por la fuerza, vendrán terribles consecuencias»

Ludmila Vinogradoff

La líder opositora se ha mostrado agradecida con el presidente brasileño Lula da Silva

Oswaldo Blanco es un joven abogado, y, aunque se especializa en políticas públicas, decidió ofrecer sus servicios como defensor gratuitamente a través de las redes sociales. Le estaban llegando reportes de testigos de mesas electorales que estaban siendo detenidos y también de amigos y conocidos. Y desde que su 'post' se viralizó, no ha dejado de recibir denuncias, y se ha encargado de asesorar a cientos de familiares de víctimas de detenciones arbitrarias.

El escenario represivo en el que el Gobierno venezolano arremete contra los opositores no es nuevo, pero sí es mucho más intenso que en otras oportunidades. En las jornadas de protestas antigubernamentales de 2017 o 2019, «la represión era dirigida a los que estábamos en las calles -comenta Blanco-, «no a las personas que estaban en la puerta de sus residencias filmando. Ahora es distinto; el Estado dejó de perseguir al protestante y se enfocó en perseguir a los replicantes».

En ocasiones anteriores, las autoridades más o menos respetaban a las mujeres y a los mayores. Las listas de detenidos las engrosaban los jóvenes. Pero hoy no hay distinción para la persecución. Entre los detenidos hay menores de edad, mujeres y hombres mayores, personas con problemas de salud que requieren atención médica o individuos con trastornos del espectro autista entre ellos.

«La situación es grave. No tenemos información de cuáles son los delitos que está imputando el Estado en estas audiencias», asegura el abogado Ezequiel Monsalve, de la oenegé Defiende Venezuela. «La Fiscalía, que es la que formula los delitos, debería entregarla, pero es hermética. Hay rumores de que están se están imputando al menos seis cargos como el de asociación para delinquir, terrorismo o instigación al odio, pero no hay manera de confirmar».

Tradicionalmente, el madurismo ha utilizado a los presos políticos como fichas de negociación. Es un patrón que se ha visto en la última década, en el contexto de rebeliones populares como la de 2014, y Monsalve considera que es ese el papel que jugarán los miles de detenidos, pero no tiene la certeza de cuándo ni con qué propósito. «Quizás para tener garantías en una suerte de transición, o para generar miedo y negociar, no sabemos».

El número de detenciones tuvo su pico en los primeros tres días después de las elecciones, y han descendido paulatinamente, pero la estabilidad depende de la situación política. «La situación es tan volátil que un día puede ser muy distinto al siguiente», comenta Monsalve.

En la nación bolivariana también se criminaliza la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el abogado Kennedy Tejeda, de Foro Penal, se encuentra a la órden de un tribunal con competencia en terrorismo, en Caracas. Aún no se conocen los delitos que se le imputan, pero se sabe que fue detenido en Carabobo cuando intentaba reunir información de algunos detenidos.

Todos los casos están siendo derivados a Caracas. A pesar de que en el interior del país hay fiscales y defensores que podrían asumir los casos, los procesos de todo el país se han centralizado en la capital. Por eso en los tribunales caraqueños no cabe un alma. Hay demasiada gente buscando noticias, pero dentro de los juzgados reina la desinformación. Los pocos funcionarios que hablan, aseguran que esta semana no se va a avanzar con ningún proceso.

Del edificio sale una joven con la cara iluminada. Su hermano se encuentra privado de libertad desde el lunes pasado y, tras una semana, ha logrado hablar con el defensor público que le asignaron. El abogado le aconsejó que «espere a que baje la marea», asegurándole que el Ministerio Público no tiene pruebas para imputar a las más de dos mil personas que ha capturado el Gobierno.

Sin embargo, el defensor, que lleva más de 300 casos de detenidos, le aseguró que todos cumplirán un mínimo de 45 días tras las rejas, el tiempo establecido para que la fiscalía realice sus investigaciones. La advertencia no es solo para calmar las expectativas sino para evitar que los angustiados consanguíneos caigan en la estafa de otras autoridades que exigen elevadas sumas de dinero a cambio de la libertad. «No se dejen engañar, porque no hay poder humano que saque a esa gente; que permanezcan ahí es un lineamiento presidencial», le dijo el abogado, «y la orden se está obedeciendo». La joven sigue a la espera de noticias de la prisión, para poder llevarle a su allegado ropa, comida, y elementos de aseo personal, que el Estado no garantiza.