Un manifestante indígena muerto y 12 militares heridos en una jornada violenta de paro nacional en Ecuador

Efraín Fuerez, un comunero kichwa, de 46 años, habría sido herido en medio de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, en el sector del puente Llumán, en la vía Cotacachi-Ibarra, en la provincia de Imbabura, en la Sierra norte de Ecuador, a 110 kilómetro de Quito. La Conaie y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunciaron que el manifestante, originario de Cuicocha, provincia de Imbabura, falleció después de recibir impactos de bala y rechazaron el uso letal de la fuerza. El hecho se habría producido aproximadamente, a las 06.30, de este domingo, en la vía Panamericana Norte.

Un vídeo de las cámaras de seguridad de la vía, difundido por la Conaie, provocó rechazo en el país. Allí se muestra el momento en el que Fuerez era trasladado en brazos por varios comuneros, mientras estaba herido, pero, cuando ven llegar vehículos militares todos huyen y solo una persona se queda ayudándole. Después, los dos vehículos militares detuvieron la marcha y soldados armados descendieron, pero en lugar de socorrer al herido, golpearon y patearon a quien estaba asistiendo al herido; solo cuando los militares se fueron llegaron más personas para socorrer y llevar a Efraín Fuerez a un centro de salud donde falleció.

Las Fuerzas Armada reaccionaron en un comunicado en su cuenta de X, pero no se refirieron a la persona fallecida, sino que dieron a conocer que un convoy de alimentos destinado a abastecer a las zonas más necesitadas de la Sierra norte fue emboscados y que, fruto de esa acción, 12 militares fueron heridos y algunos otros retenidos.

Pasado el mediodía, el Gobierno confirmó que un manifestante murió y que varios militares fueron heridos. En un comunicado, condenó lo que llamó un violento ataque perpetrado por manifestantes que, bajo la fachada de una «protesta pacífica», emboscaron un convoy humanitario, custodiado por miembros de las Fuerzas Armadas. Y agregó que, como consecuencia de esta violenta emboscada, nueve militares resultaron heridos y «un manifestante perdió la vida al atacar a las fuerzas del orden». También se refirió al uso de «tácticas guerrilleras» en la protesta, como disparar cohetes artesanales hacia un helicóptero, quemar una estación de Policía en Otavalo, como ocurrió la semana anterior, así como a la presencia de extranjeros, presuntamente vinculados al grupo criminal Tren de Aragua.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo en redes sociales que lo de Cotacachi no fue una protesta, sino «una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas». Y agregó que con los manifestantes habrá diálogo y garantías, con el crimen organizado, ley y firmeza.

La relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Gina Romero, respecto de la muerte de Efraín Fuerez, dijo en su cuenta de X, que «protestar es un derecho, no puede costar la vida». Y agregó que ha recibido noticias de que las Fuerzas Armadas de Ecuador están actuando en contexto de protesta, que es contrario a los estándares institucionales de la región, inclusive en estados de excepción.

El paro nacional indefinido, que el domingo 28 cumplió siete días, ha dejado pérdidas económicas que se estiman en seis millones de dólares diarios, ya que afecta a toda la cadena productiva; la semana anterior, los ganaderos de la zona donde se ha concentrado el conflicto debieron derramar la leche de las numerosas fincas de las provincias de la Sierra norte, donde también están las mayores plantaciones florícolas del país que igualmente se han visto perjudicadas; en los mercadores también se siente la escasez de algunos productos por lo que algunos de ellos han encarecido su precio.

La noche del domingo, el Gobierno envió un nuevo convoy, esta vez de 100 vehículos, con refuerzos militares y de Policía con el propósito de despejar las vías de esta parte del país, en la madrugada de este lunes. Las autoridades han señalado que en la provincia de Imbabura existe una fuerte presencia de mineros ilegales respaldados por grupos de delincuencia organizada que estarían financiando y entrenando a los violentos.