La Justicia argentina ordena confiscar 20 inmuebles de Cristina Kirchner por el lucro de su corrupción
La orden abarca hasta un centenar de inmuebles de los condenados por la causa Vialidad
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La Justicia ha dictaminado la confiscación de las propiedades de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y del empresario vinculado al kirchnerismo Lázaro Báez en relación con la causa Vialidad, por la cual la exjefa de Estado cumple una pena de ... seis años de prisión domiciliaria en Buenos Aires. La medida afecta también a los hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia Kirchner.
La decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner tiene como objetivo cubrir los casi 685.000 millones de pesos –428 millones de euros– por los que deben responder los nueve condenados en la causa Vialidad. Una vez concretada la incautación, las propiedades ejecutadas pasarán a manos de la Corte Suprema de Justicia. La expresidenta había intentado evitar que se llegara a esta instancia judicial.
La determinación de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso abarca más de 80 propiedades pertenecientes a Báez y otras de la exmandataria: un terreno en la provincia austral de Santa Cruz que supera los 6.000 metros cuadrados y más de 20 inmuebles que la ex jefa de Estado cedió a sus hijos. En estos casos, la Justicia consideró que existe una vinculación con el caso de corrupción investigado en la causa Vialidad.
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«El decomiso se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino, orientada primordialmente a impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita», indicaron los jueces en un escrito. También hicieron referencia a «la función reparadora del daño social causado, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación activos de la corrupción, obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción».
En una instancia previa, los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, habían entregado una lista con más de 100 bienes de los condenados del caso y que eran potencialmente confiscables. La fecha límite para que todos los condenados dieran una respuesta «de forma solidaria» por la suma establecida por la Justicia era el pasado 13 de agosto, pero esto no sucedió.
La defensa de Kirchner
Antes de llegar a esta instancia, los abogados de los acusados intentaron evitarla y se refirieron a esta medida como una «multa encubierta». En el caso puntual de la expresidenta, su defensa buscó frenar la incautación de sus bienes. Cristina Kirchner cuestionó el cálculo del importe dictaminado por la Justicia, además de considerar que no correspondía la ejecución de bienes que fueron adquiridos con anterioridad al año 2009 –cabe recordar que la causa Vialidad hace referencia al periodo comprendido entre este año y 2015–. La exocupante de la Casa Rosada también criticó que la medida no debería afectar a sus hijos, quienes no se encuentran entre los acusados.
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Como respuesta, los jueces sostuvieron que no se aplica en estos casos un criterio de «trazabilidad científica», sino de razonabilidad económica. A su vez, hicieron referencia a un conjunto de «ganancias derivadas, bienes transformados, sustituidos o mezclados», concluyendo que la medida sí puede afectar a personas no condenadas en la causa Vialidad, como es el caso de los vástagos de la expresidenta o su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
En relación a Néstor Kirchner, los jueces consideraron que «si bien es cierto que no ha existido una sentencia condenatoria… ello no quita que la reconstrucción histórica de los hechos lo halló en el marco de la maniobra, celebrando múltiples negocios con Lázaro Báez», a la vez que explicaron que «los bienes heredados por sus hijos supieron formar parte de la masa común de bienes de la sociedad conyugal que conformó con Cristina Fernández de Kirchner».
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