El Congreso chileno aprueba la mayor reforma del sistema de pensiones en democracia

El proyecto fue despachado en tiempo récord por el Senado y la Cámara de Diputados, luego de que en diciembre Chile Vamos y el Socialismo Democrático más el Gobierno alcanzaran un acuerdo que ha sido rechazado por los partidos Republicano (PR) y Socialcristiano (PSC), ambos de derecha radical y algunos parlamentarios descolgados de todos los colores.

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La ratificación del texto se convierte así en el mayor hito de la actual Administración y en un legado que el presidente Gabriel Boric podrá exponer al terminar su mandato.

La iniciativa vio la luz gracias a los esfuerzos mancomunados del ministro de Hacienda, el socialista Mario Marcel, y la titular de Trabajo, la comunista Jeanette Jara, quienes resolvieron moderar la propuesta inicial de la Administración de Gabriel Boric presentada en 2022, la cual consideraba el término de las AFP y una cotización del 6% a cargo del empleador destinada a reparto.

Con esta reforma, que entrará en vigencia al noveno mes de su promulgación, es decir, en octubre de 2025 en medio de la campaña presidencial, se consagra un sistema mixto de pensiones en donde los trabajadores, los empleadores y el Estado aportan recursos.

El presidente Boric, conocida la votación en la Cámara, se dirigió al país por cadena nacional y agradeció a todas las fuerzas políticas que permitieron que la reforma sea una realidad. «Sé que no fue fácil y valoro el coraje de resistir duras presiones… Todos los que suscribieron este acuerdo tuvieron que ceder», dijo.

«No es todo lo que queríamos en este Gobierno, pero he preferido privilegiar el acuerdo por sobre la formula del todo o nada», agregó. Y sostuvo que «este es un imperativo ético y un acto de justicia para el país«.

Boric destacó que esta ley resguarda la sostenibilidad fiscal para no hipotecar el futuro y aclaró que nadie abandona sus convicciones más profundas por el hecho de concurrir a este acuerdo. Con ello, reforzó la idea expresada por el ministro Marcel quien dijo que esta reforma no será la última por cuanto todos los sistemas de pensiones se revisan a lo largo de los años.

Esta es la tercera reforma importante al sistema de pensiones instaurado durante el régimen militar de Augusto Pinochet. En el primer mandato de Michelle Bachelet se creó el Pilar Solidario para otorgar pensiones a los más vulnerables y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera se estableció la Pensión Garantizada Universal (PGU) que amplió el rango de beneficiados y el monto.

Además del rechazo frontal de republicanos y socialcristianos, en el Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista el acuerdo final dejó muchos descontentos, razón por la cual la ministra Jara debió hacer uso de sus buenos oficios para impedir que el proyecto fracasara en la Cámara.

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No obstante, hoy dos parlamentarios de izquierda presentaron un proyecto de ley que busca la nacionalización de las AFP, mientras que otros adelantaron que presentarán en marzo una iniciativa para crear el inversor público de fondos. También quedó pendiente asimilar la edad de jubilación de las mujeres a la de los hombres, o sea, 65 años.

El presidente Boric presionó para que la reforma fuera despachada en enero razón por la cual, por primera vez desde la vuelta a la democracia, usó la facultad constitucional de citar al Congreso a sesionar en forma extraordinaria.

En febrero la reforma comenzará a dar frutos. En una semana más la PGU subirá a $250.00 (240 euros) por un incremento inmediato de 25.000 pesos. Luego, durante el año, entrarán en vigencia los demás acápites, entre los que destaca un aumento en la cotización de cada trabajador que estará a cargo del empleador. En la actualidad el patrón impone un 1,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), pero de manera gradual esa mayor cotización alcanzará un 8,5%.

Este 7% adicional a cargo del empleador será destinado en un 4,5% directo a la cuenta individual del trabajador y un 1,5% para la creación de un Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) por el plazo de 30 años que será un préstamo del trabajador al Estado y que será restituido al momento de jubilarse. Este mayor aporte patronal será gradual a lo largo de 9 años, ampliable a 11 años si es necesario para no desequilibrar las arcas fiscales. El 1% restante se sumará al 1,5% actual del SIS y al nuevo Seguro Social compensatorio para mujeres que sufren lagunas previsionales por maternidad y cuidado, así como un premio a aquellas que atrasen su jubilación hasta los 65 años.

El sistema de AFP no sufrió modificaciones profundas pese a la intención inicial del Gobierno de terminar con ellas. La reforma introduce mayor competencia a la industria y aumenta su regulación.

Entre estas se encuentran que las AFP deberán reportar por separado sus funciones de soporte de las de administración de cuentas; además podrán ingresar al sistema otros inversores como las Cajas de Compensación y el Instituto de Previsión Social (IPS) podrá prestar servicios de administración de cuentas.

También cada 2 años se licitará un stock del 10% de los afiliados para así presionar a una baja en las comisiones que se cobran al trabajador y se termina con la movilidad de los afiliados entre multifondos, determinándose que estos permanecerán en fondos generacionales según un rango de edad.

Hoy se conoció que las aseguradoras dueñas de tres AFP chilenas enviaron una carta al presidente Boric advirtiendo que la reforma resultaría en una suerte de «expropiación» y pondría en riesgo acuerdos internacionales. La respuesta vino de boca del ministro Marcel quien aclaró durante la votación en la Cámara que «las AFP no son propietarios de los afiliados ni de los fondos».

Si bien la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entregó su respaldo al acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición, la presidenta de la mayor patronal del país, Susana Jiménez, expresó su cautela frente algunos instrumentos creados y la necesidad de perfeccionarlos por el impacto que tendrán en el mundo del trabajo.

La Asociación de AFP, en tanto, valoró el aumento del ahorro en las cuentas individuales de cada trabajador y la libertad que mantendrán para elegir quien administra sus fondos. No obstante, insistieron que la solidaridad se debe hacer con cargo a impuestos generales y criticaron algunas medidas que «debilitarán las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro».

Los mayores críticos a la reforma aprobada han sido los pequeños y medianos empresarios que aseguran no tener espaldas para poder asumir la carga del 7% que se les impondrá y advirtieron que esto generará un freno en la creación de nuevos empleos, posibles despidos y una mayor informalidad, problema que va al alza en el país.