Boric comienza a revocar las pensiones otorgadas tras el estallido social a personas con antecedentes penales

Con esto el Gobierno intenta poner atajo a la polémica surgida tras conocerse que muchos de los beneficios monetarios entregados de por vida los recibieron personas que amplios antecedentes penales o contaban con documentación engañosa.

El caso de las pensiones de gracia ha colocado a Boric y su Gobierno en la misma compleja situación que a comienzos de 2023 cuando se conoció que entre los presos indultados por su participación en hechos de violencia durante el estallido social había delincuentes consumados. Tras una serie de dimes y diretes, las autoridades reconocieron una «desprolijidad» en el análisis de los antecedentes de los indultados que desembocó en la renuncia de la ministra de Justicia de la época. Y el caso ha perseguido a la administración porque el más connotado de esos indultados, el «insurrecto» Luis Castillo Opazo fue detenido once meses después por participar en un secuestro.

Noticia Relacionada

El Gobierno de Boric consigue iniciar la tramitación de la reforma de las pensiones

María J. Errázuriz

Aspectos cruciales del texto como un 6% extra de cotización y la creación de entes estatales fueron rechazados

El escándalo de las pensiones estalló hace más de un mes cuando se conoció que varios beneficiados con la pensión tenían graves antecedentes penales como homicidio, fraude reiterado, narcotráfico, pornografía y abuso infantil. La oposición acusó al Gobierno de beneficiar con un sueldo de por vida a quienes cometieron actos de violencia y destruyeron las ciudades sin reparar, en cambio, a los propietarios y locatarios afectados, «las verdaderas víctimas».

En un comienzo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su subsecretario Manuel Monsalves, señalaron que los beneficios no podían ser revocados, pero tras dos semanas de confusión, retrocedieron e informaron que se iba a revisar el proceso para retirar aquellos que debieran ser caducados pues el presidente cuenta con dicha facultad administrativa. Entre medio, afirmaron que quien otorga la calidad de víctimas de violaciones a los DDHH. y debió revisar los antecedentes es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que ha deslindado responsabilidades.

Esta semana, la Contraloría emitió un informe concluyente: entre la Administración de Piñera y Boric se han entregado 419 pensiones de gracia que van desde los 283.000 y 567.000 pesos (de 286 a 574 euros) mensuales. De 144 pensiones otorgadas en 2022, 58 beneficiados cuentan con antecedentes penales.

Además, indicó que en muchos casos los organismos involucrados en el proceso, incluido el INDH, no revisaron todos los antecedentes; en 19 casos no había informes médicos que acreditaran lesiones para tener la calidad de víctima, otros presentaron informes anteriores a 2019 y varios eran documentos ilegibles. Por todo, ordenó iniciar procesos disciplinarios por eventuales faltas administrativas.

Tanto en la oposición como en el oficialismo han criticado lo ocurrido y los únicos que han defendido la actuación del Gobierno es el Partido Comunista, que ante el anuncio de la ministra del Interior de revocar algunas pensiones, anunció que llevará al Estado de Chile a los tribunales de justicia nacionales e internacionales porque se trata de derechos adquiridos por víctimas, sin importar si son delincuentes.