La red de miles de voluntarios de la oposición venezolana para parar el fraude electoral del chavismo

En la noche que siguió a los comicios, María Corina Machado aseguró que «mientras el régimen dormía muy preocupado, nosotros estábamos muy ocupados». Su comando de campaña había logrado, en tiempo récord y mediante una amplia red de colaboración, escanear y publicar los resultados electorales. La oposición nunca se había organizado de tal forma, y sin la recopilación de esas evidencias, la acusación de un fraude hubiese sido extremadamente frágil, como ha sucedido en el pasado. Fue necesaria la preparación de una gran logística ciudadana, y el equipo de la líder opositora compartió con ABC cómo se gestó la gran hazaña.

Acostumbrado a un gran número de incidencias en los centros de votación, el comando de campaña ideó la coordinación del plan 600k, una red de más de 600.000 voluntarios que estaría distribuida por todos los centros y que se encargaría de reportar cualquier incidente y garantizar el resguardo de las actas al final de la votación. Los ciudadanos recibieron formación y realizaron actividades que permitieron, un mes antes, simular el 28-J para poder corregir cualquier inconveniente.

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En Venezuela el sufragio es electrónico. En una máquina se vota por un candidato y luego se imprime un comprobante que debe ser depositado en una urna. Cuando se cierra el centro electoral, los resultados registrados en las máquinas de todo el país son transmitidos de manera encriptada a las salas de totalización en Caracas y también son impresos en actas, que quedan como respaldo.

El Gobierno sabía lo que estaba planeando la oposición y dificultó su organización. Puso trabas para entorpecer el registro de los 90.000 testigos de mesa, una acreditación sin la cual los voluntarios no podrían permanecer en el centro electoral. «No es que los cogiéramos por sorpresa. Lo que no contaban es con que tuviéramos tal nivel de ingeniería y preparación», comenta una de las cabezas detrás de la logística.

Los obstáculos no dejaron de aparecer. El día de la votación se impidió la entrada de testigos debidamente acreditados en más de 1.300 centros, y en algunos casos funcionarios dispararon al aire para disuadir la protesta ciudadana que exigía la entrada. Algunos habían admitido que tenían órdenes de no entregar las actas de escrutinio al final del día, según los reportes que iban llegando al comando de campaña. La votación empezaba a las ocho de la mañana, pero las trabas hicieron que varios centros estuviesen todavía cerrados a las 12 pm. Sin embargo, la participación fue alta, teniendo en cuenta que una enorme cantidad de venezolanos exiliados no pudieron participar. La red de los 600k iba reportando la afluencia.

La hora más difícil llegó a las seis de la tarde, cuando comenzó el cierre de los centros de votación. En ese momento, la máquina imprime la primera copia del acta y esta se guarda en un sobre que resguarda el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego se imprimen las actas de los testigos y otras tantas para quienes estuviesen allí, pero para ese momento, muchos personas habían sido expulsadas de sus centros.

Mientras tanto, los que sí habían podido hacerse con sus copias, enviaban al comando una foto del código QR que aparece al final de las actas, un resumen gráfico que dice en qué centro, municipio o parroquia se emite y el número de votos de cada tarjeta. Con esa información, el comando nacional podía monitorear los resultados con velocidad. Y luego los testigos tenían instrucciones de correr y entregar las actas en los distintos puntos de escaneo, que en algunos casos podían tardar horas, para digitalizar la evidencia.

El porcentaje de actas recibidas en el comando nacional ascendía, pero a las siete de la noche, cuando tenían el 35%, empezaron a notar una paralización. Y en ese momento, el 'call center' de incidencias comenzó a bullir, así como los distintos grupos que se organizaban mediante WhatsApp, una aplicación que ahora Maduro pidió eliminar por ser un instrumento para multiplicar el odio y el fascismo».

Los reportes, que llegaban masivamente alrededor del país, eran dos: «Me están sacando del centro de votación» y «el operador no me quiere dar el acta». Pero la instrucción era que no abandonaran el lugar sin las copias de las actas.

En algunos casos, el CNE cedió a la presión civil de quienes aguardaban fuera de los centros. En otros, los testigos que no eran del comando, pero que apoyaban a Edmundo González, facilitaron las copias, y en algunas ocasiones fueron los propios testigos del PSUV, el partido de Maduro, quienes lo compartieron. La oposición no consiguió todas las actas, pero sí las suficientes para confirmar la victoria de González; aún si Maduro hubiese ganado en el 100% de las actas faltantes, sería insuficiente para cambiar los resultados.

Los documentos que muestra la oposición están abiertos para que cada venezolano pueda revisar y cotejar con lo que vio en su centro, y todavía no hay testigos oficialistas que denuncien que la copia que tienen no coincide con la publicada.

Desde el Gobierno se maneja todo con opacidad. Las auditorías reglamentarias fueron suspendidas y los números anunciados aún no se respaldan con detalles de totalizaciones. Y suponiendo que el sistema electoral hubiese recibido más de 30 millones de ataques cibernéticos por minuto, como asegura la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el CNE aún podría mostrar las copias en físico que tiene bajo resguardo para poder desmentir los números opositores, pero reina el silencio.