May rechaza un referéndum escocés antes de completar el Brexit

El pasado martes la primera ministra separatista de Escocia, Nicola Sturgeon, lanzó su gran órdago y exigió un nuevo referéndum de independencia entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, antes de que el Reino Unido complete su salida de la UE. May le respondió aquel mismo día con un irritado mensaje en el que calificaba la idea de «divisiva e inoportuna», pero no concretó si lo autorizaba o no. Hoy ha roto esa ambigüedad: no habrá referéndum antes de que concluya el Brexit. Su justificación es que en este momento todas las energías deben estar centradas «en buscar el mejor acuerdo para el Reino Unido con la UE».

El argumento de Sturgeon es que el segundo referéndum de independencia debe llevarse a cabo antes de la primavera de 2019 para que los escoceses, que votaron seguir en la UE masivamente (62%-38%), no se vean arrastrados al Brexit duro que ha elegido el Gobierno de May. También alega que el Partido Nacionalista Escocés (SNP) ganó las elecciones escocesas del año pasado con un programa en el que decía claramente que pediría el segundo referéndum si se producía «un cambio significativo» de circunstancias, y citaba entre ellas la posible salida de la UE.

May sostiene todo lo contrario, que es injusto obligar a los escoceses a votar sin que sepan que tal funciona un Reino Unido ya fuera de la UE: «Sería injusto para con los escoceses hacerles tomar esa decisión sin la información que necesitan sobre cómo funciona el Brexit», explicó en su entrevista de este mediodía en la cadena ITV.

Sturgeon replicó al «no» del Número 10 con cinco tuits encadenados, donde acusa a los conservadores de tener «miedo al veredicto del pueblo escocés». Alex Salmond, que promovió como líder escocés el referéndum de 2014 y fue derrotado por diez puntos, optó por su habitual tono «Braveheart»: «May lamentará el día en que dijo a Escocia lo que puede y no puede hacer».

El próximo miércoles, Sturgeon presentará en el parlamento escocés de Holyrood, en Edimburgo, la petición de un segundo referéndum. Aunque no tiene mayoría absoluta, lo sacará adelante con el apoyo de los Verdes, también separatistas . Según la Ley de Escocia, Londres tendrá que decidir entonces si hace valer la llamada «sección 30» y autoriza al Parlamento escocés a celebrar la consulta.

David Mandell, el ministro para Escocia de May , explicó que para que se celebre un referéndum debe ser «legal, justo y decisivo», como se estableció en 2014, en el que acordaron Cameron y Salmond. Pero sostiene que celebrarlo ahora no sería justo, porque los escoceses no pueden tomar una decisión informada sobre el Brexit. «No entraremos en discusiones o negociaciones sobre la sección 30 y cada requerimiento en este momento será rechazado», avisó.

Ruth Davidson, la joven líder tory en Escocia , un valor en alza tras quedar segunda en las elecciones de allí del pasado año, convocó una rueda de prensa tras la declaración de May y pidió que el referéndum se rechace «de manera concluyente». Sin embargo el pasado julio Davidson reconoció que si el SNP pedía formalmente la consulta no habría más remedio que permitirla .

El Brexit, una alarde de nacionalismo británico, ha tenido el paradójico efecto secundario de otorgar munición al insaciable separatismo escocés, que hace menos de tres años había prometido que el referéndum de 2014 zanjaría el debate de la independencia «para una generación». La negativa de May a aceptar las fechas que propone Sturgeon servirá para alimentar el victimismo, tan caro al nacionalismo, y podría dar más apoyos a la causa separatista.

May ha hecho su declaración contra el referéndum en una jornada política que hasta el momento estaba marcada por las irregularidades económicas del Partido Conservador en la campaña electoral de 2015, donde según la Comisión Electoral ocultó gastos de apoyo a algunos candidatos. Las normas electorales se burlaron para cobrar ventaja frente a sus rivales en circunscripciones marginales que eran claves para la victoria de Cameron.

El Partido Conservador ha sido sancionado con una multa equivalente a 80.000 euros por gastos electorales no declarados de 315.400 euros en tres elecciones de diputados adelantadas que tuvieron lugar en 2014 y por las generales de 2015. Es la mayor sanción de este tipo de la historia y la primera que reciben los tories.