La reunificación trajo las reformas

Cuando en la noche del 9 de noviembre de 1989, miles de berlineses orientales cruzaron el muro, lo primero que hicieron fue ir a los grandes almacenes de la otra parte de la ciudad. En realidad, nunca lograrían pisar del todo la tierra prometida: tras unos primeros años de terapia de choque, su nivel de renta y su situación laboral prosperó, pero el esfuerzo por acomodar veinte millones de personas en las viejas estructuras de la RFA acabaría exigiendo un adelgazamiento general de prestaciones sanitarias, sociales y salariales.

Esas medidas de ajuste, puestas en marcha entre 2003 y 2005 por el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schroeder y consensuadas con el liderazgo democristiano de Angela Merkel , prepararon al mayor país de Europa para la actual crisis . Alemania se anticipó, según ha reconocido el propio presidente francés, Nicolas Sarkozy, a lo que otros socios europeos han debido hacer después.

El primer estadio de la reunificación no fue fácil. «La fuga de cerebros jóvenes del este de Alemania, los perjuicios para la capacitación y el empleo, la pérdida neta de más de dos millones de habitantes en el intercambio Este-Oeste, la desaparición de unos dos tercios de la industria de la RDA, el desempleo galopante, la transferencia de las empresas estatales a manos privadas (o su cierre definitivo), todo ello describe una realidad dura y a menudo amarga», ha escrito el autor Gunter Hofmann.

En 1991, al año de la integración, la producción industrial en la exRDA había caído a menos de la mitad, representando solo el 8% de la antigua RFA. En 1992, se alcanzaron los tres millones de parados. En 1993 el país tuvo un crecimiento negativo del 1,2%. Las arcas del Estado tuvieron además que sufragar transferencias de oeste a este para pagar jubilaciones, administración pública, mejora urbana y fomento de inversiones: en total 1,6 billones en veinte años.

La cifra de los cuatro millones de parados, superada en 1997, acabó derribando a un Helmut Kohl con muchos años ya en la Cancillería, y volvió a sobrepasarse en 2002, obligando a Gerhard Schroeder a medidas de urgencia para no verse también barrido. En marzo de 2003, Schroeder presentó la Agenda 2010, un paquete de reformas estructurales inspirada por los principios liberales con los que el canciller había teorizado sobre una «tercera vía» a la alemana. Cuestionado fuertemente por sus propios correligionarios y por los sindicatos, lo que luego provocaría una escisión de la izquierda del SPD, Schroeder tuvo que dejar la presidencia del partido, pero vio aprobadas sus propuestas.

La Agenda 2010 establecía una fuerte reducción del impuesto sobre la renta (el tipo máximo pasaba del 48,5% al 42% y el mínimo del 19,9% al 15%); el recorte de las pensiones, con retraso de la edad de jubilación; restricciones en la asistencia sanitaria, con diversas prestaciones ahora a cargo de los abonados, y el final de garantizadas ayudas estatales al sector privado coyunturalmente en crisis.

Otra parte importante, la reforma del mercado de trabajo, se planteó en las llamadas leyes Hartz, por el nombre de Peter Hartz, director de recursos humanos de Volkswagen y presidente de una comisión a la que el Gobierno había solicitado recomendaciones. Las leyes Hartz I y Hartz II, de hecho, ya habían entrado en vigor enero de 2003. Regulaban la creación de empresas privadas de trabajo temporal y la introducción de los contratos mini-empleo para la ejecución de trabajos de muy baja remuneración, poca duración y exentos, para el asalariado, de cotización a la seguridad social. Hartz III, modificando ciertas atribuciones de la Administración para crear la Agencia Federal de Empleo, entregó en vigor a comienzos de 2004. Y justo al año siguiente lo hizo Hartz IV, que restringía la accesibilidad, la duración de la prestación y la cuantía del subsidio de desempleo.

El Gobierno de coalición del SPD y los Verdes consensuó gran parte de esas reformas con la CDU/CSU. Así ocurrió con lo referente a las pensiones y la seguridad social. Tocar el envidiado estado de bienestar alemán —pago público para estancias en balnearios y repuestos anuales de gafas por meras razones estéticas, por citar solo algunos ejemplos—, solo podía hacerse mediante un acuerdo ampliamente mayoritario. Los democristianos pusieron más dificultades en la tramitación parlamentaria de las reformas laboral y fiscal, lo que forzó a algunas revisiones antes de su aprobación final.

Las medidas no comenzaron a tener efecto hasta que superó 2005, año en que el desempleo se acercó a los 5 millones de parados, lo que suponía un récord del 11,7%. La situación llevó a una cadena de derrotas electorales del SPD en diversos estados federados y provocó el adelanto de las generales. En noviembre de 2005 Merkel pasó a encabezar un gobierno de gran coalición, en el que democristianos y socialdemócratas se comprometían a seguir ejecutando las reformas fiscales, sanitarias y laborales en marcha. La ciudadanía entregó aún más poder a Merkel en las elecciones de 2009 para capitanear el tiempo de crisis internacional.

Alemania se beneficia ahora del mayor cambio en el estado de bienestar obrado desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras otros países vecinos se movían en la dirección opuesta, como los socialistas franceses, que introdujeron la semana de 35 horas, los socialdemócratas alemanes desregularon el mercado laboral con apoyo de la oposición democristiana. Sindicatos y empresarios pactaron una moderación salarial a cambio de seguridad en el empleo y crecimiento. Un modelo laboral flexible y subvenciones del Gobierno redujeron las horas de trabajo para permitir a los empresarios ajustarse al ciclo económico sin necesidad de contrataciones ni despidos. El desempleo se ha reducido constantemente, hasta el 6,7% con que se cerró 2011, una tasa propia de la RFA antes de que el ímprobo esfuerzo de la reunificación desbordara las capacidades del país.