«Daniel Ortega tiene que pagar por la muerte de todos nuestros hijos»

Ha sido una semana donde los nicaragüenses han vuelto a las calles para recordar por qué salieron aquel 18 de abril de 2018, y que su lucha sigue viva, y también para recordar a los que ya no pueden participar por estar muertos o por vivir en el exilio (más de 50.000).

Uno de estos últimos es Roberto Dávila , mientras que su hijo Kevin, de 23 años , pertenece a los primeros. «Daniel Ortega tiene que pagar no solo por la muerte de mi hijo, sino por la de todos nuestros hijos», reclama Roberto con voz firme, pero al mismo tiempo quebrada por el dolor de la pérdida. «Llegué a España en julio de 2018 porque había una orden de detención contra mí», explica a ABC. Una sobrina que vive en Córdoba le ofreció ayuda para salir del país y refugiarse aquí. «Cogí un dinerito que tenía, compré el billete, y vine aquí». Detrás dejaba a su familia y la tumba de un hijo que había muerto durante las protestas que comenzaron por la reforma de la seguridad social anunciada por Ortega.

Hoy se cumple justamente un año de aquel día que cambió la vida de Roberto. Su hijo Kevin, de 23 años, estudiante de tercer año de Veterinaria, recibía un disparo en la cabeza durante una de las manifestaciones contra las reformas de las pensiones . «La primera represión fue contra las jubilados, a los que golpeó la Policía, y entonces los universitarios también salieron a manifestarse contra esta represión. Entre ellos mi hijo», recuerda. «El gobierno perdió el control de la situación y mandó reprimirla poniendo francotiradores en diversos puntos. Y empezaron a matar a los universitarios».

Tres días despés del comienzo de las protestas, el 21 de abril, «le pegaron un tiro a mi hijo en la cabeza». Roberto salía de la la Iglesia Evangélica cuando recibió la noticia. «Corrí a tres hospitales, en dos de ellos no lo encontré y en otro me negaron rotundamente que estuviera allí». Pero no era cierto. Gracias a un trabajador del centro, Roberto, a escondidas, entró en las habitaciones y «allí estaba mi hijo tumbado en una cama, inconsciente, rodeado de tubos». Los médicos le confirmarían que le quedaban «horas de vida». Sin embargo, Kevin resistió 16 días y dos operaciones. Durante la segunda, algo anómalo pasó, según explica su padre.

Roberto es uno de tantos familiares que han denunciado el trato que algunos manifestantes heridos sufrieron en los hospitales. «Ortega había dado la orden de no atenderlos, de que los dejaran morir». Aquellos sanitarios que contravinieron la orden fueron perseguidos y amenazados con la cárcel. «Muchos tuvieron que marcharse a Costa Rica».

Investigaciones posteriores confirmaron la forma sistemática, por parte de los agentes del gobierno y de los paramilitares -armados por la propia Policía-, de disparar a los manifestantes «en la cabeza, cara y tórax». La represión era letal. «Las ONG de Derechos Humanos vinieron a Nicaragua y yo lo denuncié, y posteriormente el gobierno los expulsó del país». Representantes de la ONU fueron expulsados del país el 31 de agosto de 2018.

A Roberto Dávila se le cayó el mundo tras la muerte de su hijo, como a toda su familia. «No solo era mi hijo, era mi amigo». Ambos compartían la pasión por el fútbol. «Incluso mi esposa me reclamaba porque le dedicaba más tiempo a él que a mi mujer», se atreve a bromear. Y recuerda de Kevin que era un chico obediente «al que no le gustaba la injusticia ». Algo que pagó con su vida.

Después de morir Kevin, Roberto se sumó a su causa. «Tras enterrar a mí hijo, yo también comencé a manifestarme. Me metí en todas las marchas». Se integró en la Asociación de Madres de Abril (AMA) , formada por familiares de las víctimas de las protestas. «Mientras nos manifestábamos nos grababan agentes del gobierno, para después perseguirnos y matarnos». Eso le obligó a dejar el país, «a mi familia, mi trabajo. Tuve que salir huyendo».

A España llegó sin dinero, «todo lo gasté en el billete de avión. Vine sin un peso. Mi sobrina me estuvo manteniendo, pues no tenía documentos para trabajar». Actualmente forma parte del programa de Accem, que apoya a los exiliados y refugiados de diversos países. Su familia, hostigada en Nicaragua, donde seguían buscando a Roberto, también tuvo que escapar. «Varias asociaciones de nicaragüenses aquí en España hicieron un crowfunding para sacarla de allí». Hoy, su esposa y sus otros dos hijos están con él. «Allí no se puede vivir». A pesar de ello, insiste que algún día «quiero regresar a mi país porque soy nicaragüense».

Sobre la negociación entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica (representantes de la sociedad civil), asegura que se han inclumplido los acuerdos: «No hay libertad de expresión, ni de manifestación, hay presos políticos que no han hecho nada...». Para Roberto, el gobierno no tiene ningún interés en alcanzar una solución: «Solo quieren ganar tiempo para continuar en el poder y evitar las sanciones. Lo que el pueblo quiere es justicia y que no quede impune la violación de los derechos humanos. Queremos una verdadera libertad y democracia», concluye.