«El estancamiento de la crisis en Venezuela ha envalentonado a Daniel Ortega»

Prueba de ello es la suspensión la semana pasada de la segunda ronda de negociaciones entre los representantes del Gobierno de Daniel Ortega y los de la oposición, a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -plataforma que reúne a representantes de diversos sectores de la sociedad civil-. Lo hizo tras haber firmado días antes unos acuerdos que incluían 18 puntos, según los cuales el Ejecutivo se comprometía a restablecer las garantías a los derechos ciudadanos -libertad de manifestación, de expresión, desarme de los paramilitares, libertad total a los presos políticos...- Unos acuerdos que fueron violados pocas horas después, cuando la policía orteguista reprimió una manifestación pacífica, deteniendo a más de un centenar de personas.

Quedaban tan solo unos días para que se cumpliese la fecha límite -prorrogada hasta el 3 de abril- de esta segunda ronda de diálogo, en la que no participó la Conferencia Episcopal nicaragüense y de la que se apearon los estudiantes, y quedaba todavía un tema por tratar: el adelanto de elecciones para que Ortega desaloje el poder antes de 2021. Una línea roja para la Alianza Cívica, que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, jefe negociador del Gobierno, aseguró durante unas declaraciones a un canal de televisión local «definitivamente» no se trataría en la mesa negociadora.

«Nada de lo que se ha firmado hasta hora tendría validez si no se acuerdan unas elecciones anticipadas. Cómo ese asesino [Daniel Ortega] va a estar tanto tiempo en el gobierno». El que habla es Roberto Dávila, un exiliado nicaragüense –que vive actualmente en España– que perdió a un hijo durante las protestas que comenzaron el 18 de abril en Nicaragua, y que tuvo que abandonar el país poco después para no ser detenido.

«El pueblo no está de acuerdo con que Ortega esté en el poder hasta 2021. Tantos asesinatos no pueden quedar impunes», asegura a ABC Dávila, que perdió a uno de sus hijos, Kevin, un estudiante de veterinaria de 22 años, durante las protestas del pasado mes de abril. «Este señor cree que puede estar negociando como si no hubiera pasado nada, y su policías y matones igual. Tiene que haber justicia». Y cuestiona las garantías que se firmaron en los acuerdos alcanzados en la mesa negociadora el pasado 29 de marzo. «Ese mismo día la policía seguía hostigando a la gente. Están firmando y están violentando», señala. «Ese es el gran problema con Daniel Ortega. Dice una cosa y luego hace otra. Por eso no es creíble. Él es un dictador y no quiere dejar el poder. Quiere que pase el tiempo», insiste.

Así mismo, Dávila se muestra reticente con los miembros de la Alianza Cívica que participaban en este segundo diálogo. «La mayoría son empresarios que miran por sus interes propios, no por el pueblo», señala.

Edgardo Pinell, periodista nicaragënse que también tuvo que huir de su país -actualmente vive en España- por miedo a la represión de Ortega contra los medios y los informadores -más de sesenta tuvieron que dejar el país-, se muestra menos crítico con el trabajo de la Alianza Cívica. «Están haciendo un gran esfuerzo para canalizar una solución para alcanzar la democracia en el país», admite en declaraciones a ABC. Pero sí cuestiona la falta de un plantamiento unificado dentro de esta plataforma integrada por varios sectores de la sociedad civil: «Una cosa son los empresarios, que no son necesariamente políticos y no promueven decisiones muy efectivas en cuestiones de democracia y justicia«. Por otra parte, señala el problema estructural que existe en Nicaragua, ante la falta de organizaciones democráticas. «En este sentido no hay ninguna otra institución, tras haberse consolidado una dictadura en el país desde la llegada al poder de Ortega en 2007, que pueda servir para respaldar los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo». Con esto se refiere a la posición de desventaja de la Alianza Cívica frente a «la fortaleza de un puño unficado», respaldado por los organismos del país, que representa el Gobierno de Ortega. Algo que, en su opinión, «le da fortaleza al mismo Daniel Ortega».

Pinell también señala como una de las causas del alargamiento de las negociaciones al contexto internacional. «Llama mucho la atención que la restauración del diálogo se da en el momento en que la crisis en Venezuela parecía tener arrinconado a Nicolás Maduro , y al mismo tiempo que la situación económica de Nicaragua se estaba desmoronando drásticamente». Transcurrido más de un mes desde el comienzo de la segunda ronda del diálogo, el periodista nicaragüense considera que «el estancamiento actual de la situación venezolana parece envalentonar a Daniel Ortega para no ceder más».

Uno de los temas recurrentes durante esta segunda ronda de negociaciones ha sido la l iberación de los presos políticos , casi 800 según la oposición desde el comienzo de las protestas -340 según el Gobierno de Ortega-. Durante este periodo, el Ejecutivo ha prometido la liberación de todos ellos en un plazo de 90 días (antes del 20 de junio). En los acuerdos del día 29 marzo, suscribió además que esta liberación sería «defnitiva», lo que implica la anulación de todos los procesos judiciales. A fecha de hoy, y como el propio régimen presumió este último viernes, han sido excarcelados 200 manifestantes, lo que no supone su liberación sino que se les ha dado casa por cárcel.

«Los presos políticos son un canje para este gobierno», denuncia Pinell. «Las reclamaciones de los familiares y de asociaciones de defensa de los presos se han convertido en un terreno pantanoso y al mismo tiempo beneficioso para el gobierno. Es un tema que Ortega está estirando lo que sea necesario para ganar tiempo».

Este asunto parece haber desplazado otra de las prioridades de la oposición: la exigencia de un adelanto electoral, al que se han negado de manera reiterada Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, «porque eso representa impunidad de lo que ha sucedido en el país. Cuanto más pase el tiempo más difícil es encontrar evidencias para buscar responsables».

Pinell apela a la posibilidad de plantear una estrategia, que aunque larga podría ser efectiva, como la de convocar un referéndum , «algo que ya se hizo en Chile», para que el pueblo vote si quiere o no un adelanto electoral. «Esto permitiría no conformar partidos políticos, porque no sería necesario. La Alianza Cívica no se tendría que constituir como partido político. La elecciones sería más sencilla. La auditoría sería más rápida y también sería más fácil la observancia internacional».

En su opinión, uno de los problemas es que no se han sabido vender las razones que respaldan un adelanto de las elecciones. «Los crímenes de lesa humanidad se solucionan con un adelanto electoral porque se acaba con la falta de institucionalidad democrática , que es la que ha permitido la concentración de poder que provoca el avasallamiento sin ningún punto de control, y ningún parlamento como contrapoder, ningún poder judicial que investigue de manera independiente». E insiste: «La única manera de garantizar justicia y reparación en Nicaragua es con un gobierno electo democráticamente».

La justicia es otro de los obstáculos en la mesa de negociación, en referencia al punto denominado justicia, reparación y no repetición, cuyo objetivo es garantizar justicia para las víctimas de las protestas, y que el Gobierno de Ortega quiere que sea aplicada por la Policía, las instituciones del Estado y la denominada Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, formado por miembros afines al régimen, algo que ha rechazado la Asociación de Madres de Abril (AMA) , formada por padres y familiares de las víctimas de las protestas.

«Eso es algo irónico e insultante para los familiares de víctimas, para las personas que han sufrido torturas, las miles que han perdido su empleo, o las miles que hemos tenido que salir del país -afirma Pinell-. En Nicaragua no hay ningún poder del Estado ni ningún funcionario que escape de la influencia de Ortega. Eso es imposible. Esta medida es para facilitar su impunidad ante los crímenes que ha cometido».

Entre los 18 puntos acordados el pasado 29 de marzo se encuentra uno en el que se asegura que aquellos que abandonaron el país debido a las protestas y la represión podrán regresar con todas las garantías. Algo que pone en cuestión Pinell -que no se plantea volver a Nicaragua de momento-, que asegura que el incumplimiento de estos acuerdos unas horas después de ser rubricados «es una forma de tantear la capacidad y liderazgo interno para contrarrestar los incumplimientos. Está tanteando a los garantes y a los mediadores». Esto ha demostrado, en su opinión, que la capacidad de reacción de la comunidad internacional «se ha ralentizado».

Sobre qué es lo que va a pasar ahora, que la mesa negociadora se ha levantado tras la falta de consenso en temas como la justicia y la democratización del país y parece abrirse un periodo de «reflexión», el periodista nicaragüense mantiene que la estrategia que está llevando a cabo Ortega tiene como fin «tantear» el terreno y «alargar» la situación. «Está apostando al desgaste del adversario, y que la Alianza Cívica pierda legitimidad ante la ciudadanía. Que ante la situación cada vez más fragil de la economía nacional y familiar la gente le vuelva la espalda para ocuparse de su día a día. Que pierda interés por defender un adelanto electoral como solución a esta situación». Desgaste, aburrimiento y pérdida de legitimidad serían las bazas que pretende jugar el Gobierno sandinista para que el pueblo nicaragüense opte por callar y aguantar hasta el año 2021, cuando acabaría el mandatado de Daniel Ortega.

Para evitar esto, Pinell reclama a Alianza Cívica algo más de «creatividad en sus propuestas para buscar una salida a Nicaragua. El gobierno ya sabe desde hace un año cuál es la agenda de la Alianza -adelanto de elecciones, presos políticos-, pero en los métodos para alcanzar esos fines creo que se puede ser más creativo. Tratar de ir más a la ofensiva en el terreno de la negociación, y no estar a la defensiva. Hacer algo que les fortalezca ante la opinión pública».