Portada del Tratado de Utrecht, de 1713, junto a una imagen del peñón de Gibraltar - ABC / Vídeo: La Eurocámara acepta definir Gibraltar como «colonia»

Los puntos vulnerados del Tratado de Utrecht por los que Gibraltar ya tendría que haber vuelto a España

A lo largo de estos 300 años, Gran Bretaña han incumplido varios de los acuerdos relativos a la jurisdicción territorial, a la comunicación por tierra y a las condiciones establecidas para que se terminara la cesión de la soberanía sobre el peñón

MADRIDActualizado:

Gibraltar lleva siendo noticia y punto fricción entre España y el Reino Unido desde que, al finalizar la Guerra de Sucesión española, en 1713, se firmara el polémico Tratado de Utrecht por el que el Rey Felipe V cedía el peñón a los ingleses «para siempre». El último enfrentamiento entre ambos países lo desveló en exclusiva ABC, después de que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara hace dos semanas que había llegado a un acuerdo con la primera ministra británica, Theresa May, por el que esta se comprometía a abordar la soberanía de la pequeña colonia.

Sánchez, incluso, prometió que una vez se produzca la retirada del Reino Unido de la Unión Europea con el famoso Brexit, «la relación política, jurídica e incluso geográfica de Gibraltar pasarán por España». Este periódico, sin embargo, tuvo acceso a una carta del Gobierno de May en la que desmentía tales afirmaciones. «El gobierno español lo pidió en repetidas ocasiones, pero no lo ha conseguido», explicaba después la primera ministra en relación a la modificación del artículo 184 del Tratado, añadiendo un mensaje a los ciudadanos del peñón: «Siempre estaremos a vuestro lado, estamos orgullosos de que Gibraltar sea británica. Nuestra posición en torno a su soberanía no ha cambiado y no cambiará».

Tratado de Utrecht, de 1713
Tratado de Utrecht, de 1713- ABC

La polémica, de nuevo, estaba servida. Y son ya más de 300 años de polémicas tras la firma del Tratado de Utrecht, en los que España ha intentado recuperar este enclave estratégico de 6,8 kilómetros cuadrados y 31.000 habitantes, sin importar si nos encontrábamos en una república, dictadura, monarquía o bajo un gobierno del PSOE o del PP. En 1720 el Rey Jorge I de Gran Bretaña envió una primera carta a España en la que prometía devolverle el peñón «con rapidez». Siete años después, incluso hubo una guerra por Gibraltar en la que Inglaterra venció. Durante el siglo XVIII, Gibraltar fue sometido a terribles asedios por diferentes regímenes para hacerse con su dominio. En el más importante, entre 1779 y 1783, murieron más de 5.000 españoles, por 1.900 soldados británicos. Más recientemente, el entonces ministro de Exteriores socialista, Miguel Ángel Moratinos, aseguraba en 2009 que la reclamación de la soberanía de dicho territorio era «irrenunciable». Y en 2013, su sucesor, José Manuel García Margallo, respondía que «se ha acabado el recreo de la época de Moratinos en los referente a Gibraltar».

El cuento de nunca acabar. Pero si nos atenemos a lo establecido en el Tratado de Utrecht, más allá de las diferentes controversias y enfrentamientos bélicos entre ambos países a causa del peñón, se puede establecer que Gran Bretaña lleva 300 años vulnerando descaradamente algunos de los puntos que se establecieron en 1713. ¿Qué dicen estos exactamente? ¿Qué establecen y por qué no se están respetando desde Londres?

Jurisdicción territorial

El famoso artículo X dice: «El Rey Católico [Felipe V], por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno». Sin embargo, hoy en día la definición del territorio cedido es objeto de disputa en lo que se refiere a la tierra, el espacio aéreo y el mar, precisamente porque el tratado establecía que la propiedad se cedía «sin jurisdicción territorial y sin comunicación abierta con el país circunvecino por parte de tierra».

Esto quiere decir que, aunque el Reino Unido tiene un título válido de soberanía, habría que resolver el problema de su alcance territorial, pues en el mencionado artículo X no se establecía una línea fronteriza, ni posteriormente se realizó una demarcación. Decía que eran inglesas la ciudad, el castillo y las edificaciones agregadas en 1704, pero ¿qué ocurre con las ampliaciones del terreno que se llevaron a cabo en años posteriores? España ya mostró su oposición a la presencia británica en la lengua de tierra y objetó la construcción del aeropuerto en 1938, pues se encontraban fuera de la demarcación establecida en Utrecht aquel año de 1713.

Comunicación por tierra

Para «evitar abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías», el tratado también fijaba que «la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos». Esto aislaba por tierra a Gibraltar, a la que dejaba abastecerse del mar para su propia subsistencia, pero no comerciar con lo obtenido. Y en tiempos de «grandes angustias», permitía a sus habitantes comprar alimentos en territorio español, pero úncamente para su consumo propio.

Según esta disposición, Gibraltar se mantuvo aislado hasta 1985, cuando, en el contexto de la incorporación de España a las instituciones europeas y a la OTAN, esta intentó atraer a los gibraltareños a posiciones más favorables a su causa, por un lado, y para favorecer el desarrollo del conjunto de la región, por otro. Sin embargo, estos pasos para facilitar los intercambios no han producido avances significativos hacia el objetivo de recuperar el territorio. Más bien al contrario, ya que Gran Bretaña, además de haber consolidado su estatuto político autónomo, ha ido reforzando la economía de la colonia y sigue trabajando para convertir el peñón a medio plazo en un centro de negocios, en contra de lo pactado en el Tratado de Utrecht.

En los últimos tiempos, la gran obsesión del Gobierno británico ha sido consagrar que las aguas que rodean el peñón son de soberanía inglesa, algo que España no acepta, por la sencilla razón de que en el Tratado solo se cedieron las aguas del puerto de Gibraltar. Aún así, el pasado Gobierno de David Cameron, por ejemplo, no perdió ocasión para denunciar las supuestas violaciones de esas aguas por parte de embarcaciones españolas, alentado por los «llanitos». Pero, según lo pactado en 1713, tales violaciones no se han producido.

El fin de la cesión

El tercer pacto establecido en Utrecht es el más importante, ya que aludía a que España tiene prioridad para dar por terminada la cesión si Gran Bretaña intentara «dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de Gibraltar». En este sentido, el Gobierno británico ya ha decidido «enajenar» su colonia. Obviamente no a una potencia extranjera, pero sí a la población del peñón mediante las ambiguas concesiones que se les ha hecho.

Por un lado, la Constitución gibraltareña de 1969 y, por otro, las reformas adheridas en 2006, en las que se introducía el derecho de autodeterminación de los gibraltareños, aunque condicionara este a «los tratados existentes», tal y como exigía España. Si hiciéramos caso al Derecho Internacional e interpretáramos correctamente el artículo X del Tratado de Utrecht, la cesión de España habría terminado y tendría que recuperar los derechos soberanos sobre el territorio cedido.

No hay que olvidar que el susodicho artículo considera a este pedazo de tierra como un punto de apoyo estratégico sin dimensión demográfica, por lo que en él nada se dice de su población. De ahí que dispusiera la reversión a España si Gran Bretaña lo abandonaba. Esto no solo se impide la transferencia a un tercer país, sino también a un Gibraltar independiente, algo que ya avalaron las Naciones Unidas en su resolución 2253 de 1967.

Tres siglos de vigencia de un tratado que jamás se ha revisado y por el que no han dejado de sucederse episodios de tensión entre el Gobierno español y británico, en una relación que el historiador y escritor Federico Sánchez Aguilar calificó como la «herida abierta» de España.