Unanimidad en el Congreso: la política migratoria del Gobierno es un «caos»

Oficinas de extranjería saturadas, llegadas masivas a las islas, falta de medios, un reglamento de extranjería con fisuras, inoperancia frente a una orden del Tribunal Supremo o una iniciativa legislativa popular (ILP) para una regularización masiva cogiendo polvo en un cajón...Estos han sido solo algunos de los reproches que se han escuchado este martes en el hemiciclo por parte de la oposición y el bloque de investidura.

Saiz ha comparecido a petición propia en la Cámara Baja para dar cuenta de su gestión al frente de esta cartera que compagina con Inclusión y Seguridad Social. Es por esto que la ministra conoce de primera mano el impacto positivo que tiene la inmigración en la economía española. «Hoy tenemos más personas que nunca trabajando. En términos de afiliación a la Seguridad Social, estamos en cifras récord: por encima de los 21,6 millones de afiliados de los que más de 3 millones son trabajadores extranjeros, el 14,2% del total de cotizantes». O lo que es lo mismo, 2 de cada 3 empleos que se generan ahora mismo en España los ocupan personas extranjeras.

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Sectores como la restauración, la hostelería, la construcción o la agricultura «dependen en gran medida de trabajadores extranjeros». Pero solo los datos macroeconómicos no han servido para convencer a la oposición o los socios de que la gestión de los flujos migratorios es adecuada. «Deje el relato triunfalista ministra, su historial de éxitos no se ajusta a la realidad», ha denunciado la diputada del Partido Popular, Sofía Acedo.

«Su gestión está repleta de parches e improvisaciones. El sistema de asilo se usa de forma fraudulenta. La saturación de recursos no es signo de éxito, esto no es gestión», ha concluido Acedo. Lo cierto es que han sido unos meses sangrantes para Saiz a la cabeza de Migraciones. El Supremo dictó hasta tres autos en los que amenazó a la Administración Central con medidas coercitivas si no se hacía cargo de los más de mil menores solicitantes de asilo hacinados en centros de Canarias.

Tampoco fue bien recibido el nuevo reglamento de extranjería, medida «estrella» de la ministra el pasado curso, que fue impugnado por multitud de organizaciones que entendían que legislaba en detrimento de solicitantes de protección internacional. El nombre de Saiz, además, saltó al centro del escándalo de corrupción del PSOE cuando se destapó que bajo su etapa como consejera de Hacienda del Gobierno navarro de María Chivite, la empresa ligada a Santos Cerdán recibía contratos millonarios de obra pública.

En cualquier caso, las llegadas a España no cesan. Aunque se han reducido por la ruta atlántica, cogen fuerza por el Mediterráneo, y el Gobierno balear de Marga Prohens (PP) denuncia que no puede afrontarlo en solitario. Migraciones decretó la semana pasada la emergencia migratoria en las islas para financiar campamentos de urgencia de primera acogida, pero el PP denuncia que «lo que están haciendo en Baleares son barracones para inmigrantes».

PP y Vox, que cada vez coinciden más en su discurso migratorio, han insistido en que la gestión de Saiz es un «caos». «Le animo a venirse a pasear por el barrio de la Isleta o de la Restinga (Canarias), y verá que la gente no esta contenta», le ha llegado a espetar el diputado Andrés Rodríguez Almeida (Vox) a la ministra.

Aunque lo verdaderamente reseñable del debate ha sido quizás la postura de los socios que, lejos de mimar a Saiz, le han exigido mayor eficacia. En algunos casos coincidiendo incluso con las demandas del PP. Así se expresaba el diputado de Més Compromís, Vicens Vidal, que ha asegurado que España «debe ser un país de acogida mucho mas digno. No podemos admitir el colapso en primera acogida como en Baleares este verano, porque no hemos tenido medios».

También el diputado de Esquerra, Jordi Salvador, ha denunciado el «caos crónico de las oficinas de extranjería» que, incapaces de satisfacer la demanda, observan cómo las mafias se hacen con citas previas que venden por 200 y 500 euros el trámite. Formaciones como Bildu o el BNG han querido aprovechar para reclamar que el PSOE recupere el afán que tenían antes de verano por comenzar a tramitar la ILP de regularización de inmigrantes que ha quedado en barbecho desde que estalló el caso Cerdán.

En la misma línea, la diputada díscola de Compromís, Águeda Micó, ha abogado por recuperar iniciativas de regularización de personas migrantes, no sin aprovechar para criticar que la medida extraordinaria que se adoptó en Valencia tras la dana en este sentido, incluía un requisito de padrón que complica la situación de aquellos que, por miedo, viven en la clandestinidad.

En Junts tenían ganas de un careo con la ministra, pues aunque fue una de las grandes defensoras de la propuesta para transferir a Cataluña competencias en inmigración, no acudió al debate de toma en consideración de este martes cuando decayó. «Quizás les viene bien que la medida quedara frenada. No vaya a ser que dándole las herramientas al insulso de Illa se demuestre que (la gestión migratoria) va a funcionar mejor», ha expresado en neoconvergente.

Más dura todavía, si cabe, estuvo la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido. «No caiga en la tentación de los datos falsos y no caiga en la tentación de decir que los menores de los que se tienen que hacer cargo van a pasar a centros del Estado dentro de Canarias. Si va a decir que no van a salir del archipiélago, mejor que no nos nombren».

Una lluvia de reproches que Saiz encajó bien, pero que puso de manifiesto un descontento transversal a todos los partidos con respecto a la gestión de la inmigración irregular. Ya sea por los flujos, la primera acogida, las ayudas, los medios o los trámites para la regularización, las distintas formaciones adoptaron posturas de máximos que dejaron a la ministra en tierra de nadie.