El Gobierno pretende meter a 564 inmigrantes en un centro ilegal en Pozuelo de Alarcón

Hay otro aspecto que no ha quedado claro aún, y no menos importante: la que era una escuela de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social dispone oficialmente de 150 plazas para alumnos y docentes que pasaban por allí apenas unos días; si el recuento oficial habla de 400 personas allí alojadas en la actualidad, ¿cómo se ha conseguido casi cuadruplicar la capacidad máxima? El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, como ya advirtió su alcalesa, Paloma Tejero (PP), en una entrevista en ABC a finales de julio, sospecha que se han podido realizar obras de reforma en el complejo, que se habrían perpetrado sin la consiguiente autorización municipal; esto es, de manera ilegal.

Cuando este verano acudieron los técnicos a girar la correspondiente inspección, la ONG encargada de la gestión del centro, la Fundación Accem, les negó el paso. Ha sido imposible, por lo tanto, certificar si las habitaciones han sido ampliadas de alguna manera para tantísimas personas. El único permiso de obras que figura es para el centro de formación y data de 2013. Cuenta con un auditorio y el mencionado hospedaje para 150 personas. Esta supuesta irregularidad redundaría en las precarias condiciones en las que se encontrarían estas personas vulnerables, indican fuentes municipales.

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Es cierto que la polémica entre el consistorio pozoleño y la Administración central por este lugar viene desde antes del verano. El anunciado (pero nunca concretado en cifras) reparto de 400 menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Madrid hizo encender las alarmas en la ciudad, habida cuenta de que se cree que su destino será el Creade. La regidora Tejero se quejó del hacinamiento de los asilados y de que, si se concretaba la llegada de los cuatro centenares de menas, no lo toleraría. Fue entonces cuando se desempolvaron los expedientes municipales y comprobaron que el lugar carece de licencia oportuna para estos menesteres.

La directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Paloma Favieres, comunicó a Accem de una primera resolución del 11 de junio para adjudicarle 156 plazas en el Creade de Pozuelo; hubo una segunda del 1 de julio para otras 408 camas. De ahí salen las 564 totales, según el documento, al que ha tenido acceso este diario.

El 30 de julio, el consistorio informó de la primera orden de desalojo del edificio, dando un plazo de 15 días para presentar alegaciones al ministerio del ramo, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirige Elma Saiz, de Sumar. Apuraron el plazo hasta el último momento: el 14 de agosto, presentaron el recurso administrativo, día que expiraba el plazo. Una vez revisadas las explicaciones del Gobierno, Pozuelo las ha rechazado y ha comunicado la orden de cese de actividad definitiva. Ahora, concede cuatro meses a la administración (el doble de lo habitual) al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para el desalojo de la infraestructura, gestionada por la ONG.

Desde el ayuntamiento consideran que los interpelados están reconociendo «que había cientos de personas alojadas en el centro sin las condiciones necesarias, a pesar de que en la inspección realizada por los técnicos municipales el pasado 29 de julio no pudieron comprobarlo porque la entidad gestora y el propio ministerio les negaron el acceso». Apostillan que, sin embargo, «no existe ninguna referencia en las alegaciones del ministerio al motivo principal de la orden de cierre, que es que se está ejerciendo una actividad no autorizada y que es causa suficiente y necesaria para su clausura».

Insisten en que «se ha multiplicado por más de siete su capacidad de alojamiento y para un uso bien distinto, el Ejecutivo ha ignorado la posibilidad de iniciar los trámites para solicitar una nueva y adecuada licencia, para lo cual tuvo de plazo hasta finales de agosto».

En la entrevista del 31 de julio, Paloma Tejero afirmaba que no estaban siendo más celosos por motivos políticos con este asunto: «Actuamos con el mismo procedimiento que con cualquier otra instalación que incumple; como hemos hecho con guarderías, restaurantes y establecimientos de alimentación que no tienen la licencia en orden. El trámite es siempre igual. Si está en riesgo la salud de las personas, se decreta el cierre de forma preventiva». En caso de que el ministerio se declarara en rebeldía, la posibilidad de un desalojo policial estaba encima de la mesa, pero ahora sabemos que el trayecto judicial del asunto se puede alargar meses e incluso años.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han dijeron ayer a Ep que, «hasta el momento», no han recibido «ninguna notificación al respecto». «En todo caso, los servicios jurídicos analizarán la documentación, una vez que llegue la resolución, para decidir cómo proceder», añadieron.

En su defensa también salió el PSOE de la ciudad pozoleña, que acusó a Paloma Tejero de alejarse de la «moderación» y de «acercarse peligrosamente a Vox». «Es una pena, pues Pozuelo, hace no muchos años con la guerra de Siria, se declaró ciudad acogedora con el voto unánime de todos los partidos y dio una muestra de solidaridad y generosidad que el PP de ahora parece que quiere enterrar, alejándose cada día más de la moderación y acercándose peligrosamente a Vox», indicó el portavoz socialista, Helio Cobaleda.

Según el edil, «no se entiende» que la alcaldesa «siga empeñada» en que hay «personas migrantes que le gustan y otros que no», que «hay guerras, desplazados, o perseguidos» en «distintos sitios del mundo que le preocupan» y «otros a los que ignora e incluso casi criminaliza preventivamente».

Por ello, explicó que, para su partido, el anuncio de «cese definitivo» de la actividad «no es más que eso», por lo que ha apuntado que después del recurso de reposición que presentó el Ministerio de Inclusión por el cierre, intuyen que «vendrá otro» en alusión a un «contencioso administrativo».

A su juicio, la «resolución inicial de cierre» es «bastante discutible», teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana, que «permite usos como el que tiene», bajo los conceptos de «hospedaje por un lado y equipamiento en todas sus categorías».