El Congreso da el primer paso para dejar en manos del TC las transferencias de competencias a comunidades

Lo que a priori se ha presentado como una reforma para garantizar que el Constitucional tenga la última palabra sobre quién tiene una competencia, puede esconder una aspiración de los peneuvistas para que los compromisos adquiridos por el Gobierno de Sánchez no decaigan ante resoluciones desfavorables. Algo que ya sucedió el pasado marzo, por ejemplo, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo suspendió un decreto que otorgaba al País Vasco la potestad de homologar títulos extranjeros y del sistema universitario español.

Durante su intervención, el diputado del PNV Mikel Legarda, ha expresado que esta norma pretende evitar que la jurisdicción ordinaria «bloquee acuerdos políticos», arrebatando así al Supremo su capacidad para anular una cesión y dejándola en manos del Constitucional y su mayoría progresista. Fuentes parlamentarias consultadas por ABC aseguran que esta medida «aprovecha la mayor inclinación del actual Constitucional a todo lo que sea el debilitamiento del Estado central y la potenciación de las comunidades autónomas».

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Ainhoa Martínez

En el debate para la toma en consideración, el bloque de investidura ha mostrado un frente unido. Imagen que dista mucho de la ofrecida horas antes cuando las manifiestas diferencias ideológicas entre los socios han aflorado por el preámbulo del texto presentado por PSOE y Junts para, precisamente, la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. Pero en esta propuesta del PNV, desde Podemos hasta Junts, el mensaje era el mismo; más autogobierno y menos «bloqueos» de la Justicia.

Así lo ha explicado el diputado de Sumar Lander Martínez: «Apoyamos esta medida porque creemos en un país plurinacional y en fomentar el autogobierno de las comunidades autónomas. No queremos que la palabra dada en acuerdos se diluya en resoluciones cruzadas». En términos similares se ha pronunciado la diputada de ERC Pilar Vallugera que ha anunciado que apoyaría la tramitación de la ley porque con la «arquitectura jurídica» actual las cesiones no se materializan. «Es humillante pactar una transferencia a la que se compromete el Gobierno y que luego no se cumpla. El Estado pacta una política y la Justicia dicta una resolución que contraviene lo pactado, y no pasa nada. Los pactos no se cumplen, y aquí no pasa nada».

Junts, que este martes ha sido testigo de cómo decaía una de las cesiones que más ansiaba, la de gestionar la inmigración en Cataluña desde la Generalitat, ve esta medida como «necesaria y oportuna». El diputado neoconvergente Josep Pagés ha declarado que esta propuesta del PNV sería una «herramienta útil para plantar cara a la judicatura».

La postura más esperada quizás era la del Partido Socialista, que ha comprado el marco del bloque de investidura para defender que esta norma sería una buena noticia que fomentará el «autogobierno». «Votaremos a favor por nuestra convicción inequívoca de adaptarnos a la España moderna y plurinacional. Nos vamos a posicionar frente a los que usan la Constitución para imponer un modelo de España única», ha declarado la diputada socialista Rafaela Romero, apuntalando la tesis de los socios.

Tan solo PP y Vox han roto el discurso para manifestar su oposición a esta medida. Ignacio Gil Lázaro (Vox) ha denunciado que atribuir a un órgano «tan politizado como es el Constitucional actual», competencias de la jurisdicción ordinaria, sólo servirá para consumar un uso partidista de la institución que preside Cándido Conde-Pumpido, «sometida a ser el puso avalista de las decisiones del sanchismo».