Santos Cerdán, a su salida de la cárcel: «Se han dicho mentiras y manipulaciones sobre mi persona»

A pesar del frío, el exsecretario de Organización del PSOE, ya dimitido de todos sus cargos, vestía únicamente un traje chaqueta oscuro y camisa azul sin corbata. Visiblemente más delgado que cuando entró en la cárcel, portaba una carpeta roja. Antes de introducirse en el coche en el que abandonó el recinto, se acercó a los periodistas que esperaban a las puertas de la cárcel. Se quejó de las «mentiras y manipulaciones vertidas sobre mi persona», afirmó, en los dos últimos informes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le han situado como el director de una red corrupta y beneficiario de mordidas y pagos de dádivas, como el alquiler de un piso en el centro de Madrid o una tarjeta de crédito con la que pagó gastos para sí mismo o sus familiares por más de 30.000 euros. «Confío en que la verdad se imponga», afirmó también, agradeciendo a sus familiares y a sus abogados, Benet Salellas y Teijelo, la ayuda que le han brindado.

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Horas antes, a las 11 de la mañana, el magistrado Puente decretó su libertad provisional al considerar que el riesgo de destrucción de pruebas por el que entró en prisión provisional el pasado 30 de junio ya no existe, una vez que la Guardia Civil ha recopilado y puesto sobre la mesa todos los indicios que existen contra él por la presunta dirección de una trama para el cobro de comisiones millonarias por adjudicaciones de obra pública en el Ministerio de Transportes. El instructor acordó las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el Supremo o el juzgado más próximo a su domicilio y la prohibición de salir del país, además de la retirada del pasaporte.

Puente señala en el auto de libertad que el riesgo de que pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes, que era muy intenso cuando se dictó la medida de prisión, «aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado, habiéndose logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, -ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes-, y con las que ya se cuenta».

En su resolución, dictada un día después de trasladar a las partes el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le sitúa al frente de la trama orquestada con directivos de Acciona, detalla que «el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación».

Sin embargo, la existencia de esos consistentes indicios «no justifica por sí mismo» el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios. En diciembre el magistrado debía revisar la medida de prisión porque iban a cumplirse seis meses desde que la acordó. No ha hecho falta agotar ese tiempo ni dictar una prórroga.

El juez señaló ayer que puede ser descartado razonablemente que pueda fugarse o destruir pruebas en la medida en que «el investigado no ostenta en la actualidad cargo público alguno, ni tampoco conserva relación orgánica de dirección con el partido político del que fuera, en su día, secretario de Organización», en referencia al PSOE.

Añade el auto que «no se identifica tampoco la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga o posible sustracción a la acción de la Justicia que, aunque nunca pueda ser descartado de forma completa o absoluta, puede en este momento tratar de conjurarse con la adopción de medidas cautelares diversas y, por descontado, menos restrictivas de la libertad personal».

Y por último, respecto al riesgo de destrucción de pruebas, entiende que se ha mitigado, por lo que no hay razón para mantener la prisión provisional. Añade el magistrado, sin embargo, que corresponde establecer determinadas medidas cautelares contra él ante la persistencia y robustecimiento de los consistentes indicios de comisión de hechos delictivos, con el propósito de asegurar su presencia en el procedimiento, y dificultando la posibilidad de sustracción de la acción de la justicia.

Así, impone al investigado la obligación de que comparecer cada 15 días en el Supremo o en el juzgado más próximo a su domicilio si así lo pide, así como cuantas veces sea llamado, y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte en el juzgado, que deberá ser entregado por él en la Secretaría de la Sala Penal del Supremo. Se espera que a lo largo del día el político abandone la prisión madrileña de Soto del Real.