La política europea favorece los planes del Gobierno para asaltar el Poder Judicial

Sin ninguna sorpresa, la Comisión no quiso ayer valorar las últimas decisiones del Gobierno español para intentar embridar al poder judicial, bajo el pretexto de que lo que se había visto hasta entonces era «un anuncio». Sin embargo, el portavoz reconoció que «estamos al corriente» de las últimas decisiones del Gobierno y en su tradicional lenguaje aséptico también recordó que suceden «en el contexto de la ausencia de nombramientos» en el Consejo General del Poder Judicial. Por ello, el portavoz de la Comisión ha vuelto a pedir que se acuerden cuanto antes «e inmediatamente después pactar la reforma del método de elección, en línea con los estándares europeos» que suponen que sean los propios jueces los que elijan a sus dirigentes.

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Si el ejecutivo comunitario va a entrar en reproches al Gobierno de Sánchez no se sabrá hasta mediados del año que viene, cuando el comisario de Justicia, Didier Reynders, elabore el informe anual sobre el estado de derecho y que tal como están las cosas no puede ser favorable para España. Pero para saber exactamente qué consecuencias puede tener esa evaluación, los observadores de la política europea consideran que los casos de Hungría o Polonia pueden ser muy reveladores para apreciar hasta qué punto el pragmatismo puede imponerse a las decisiones políticas. En el caso de Hungría, la Comisión hizo la semana pasada una evaluación en la que consideraba que los pasos dados por ese país en la dirección que le reclama Bruselas no eran suficientes para desbloquear los 7.000 millones de ayudas a la recuperación que le corresponden. Pero el Consejo, los gobiernos de los demás países miembros, Francia y Alemania a la cabeza, le respondieron pidiendo otro informe en el que valorase con más entusiasmo los pasos que ha dado Orbán, porque no quieren avalar las sanciones y además esperan que Hungría deje de vetar el crédito de 18.000 millones que Ucrania necesita para que el gobierno no se colapse a causa de la guerra.

De momento, la Comisión respondió ayer con un documento en el que viene a decir que un nuevo informe no cambiaría las cosas, con lo que devuelve la pelota a los gobiernos de los países miembros. Los jefes de Estado o de Gobierno se reunirán la semana que viene en un Consejo Europeo, el último del año, todavía a tiempo de ignorar el informe de la Comisión y aprobar el desembolso de los 7.000 millones, lo que sería una victoria espectacular para Orban, que no solo se considera que ha erosionado profundamente las reglas democráticas en su país sino que en los últimos meses parecía más un aliado de Moscú que de Bruselas. En ese Consejo Europeo, en el que también participará Sánchez, se discutirá por tanto el caso húngaro y lo que ya se sabe con toda certeza es que no habrá una mayoría para castigar a Hungría. Sánchez votará probablemente a favor de ignorar el informe de la Comisión porque estará a su vez preparando el terreno si esta situación alcanza a su gestión.