Pedro Sánchez infla las cifras de exiliados del franquismo por la vía de nacionalizaciones masivas

El truco se encuentra en que el Ejecutivo ha diseñado un formulario específico para que este colectivo curse su petición y este documento se encuentra previamente argumentado con el exilio como único motivo posible para la emigración del antepasado. «Que la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el/la solicitante es hijo/a de padre o madre, o nieto/a de abuelo/a originariamente español que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española como consecuencia del exilio», reza el citado formulario.

Este documento fue publicado en el Boletín Oficial del Estado como anexo I a la instrucción con la que el Ministerio de Justicia reformó el pasado 25 de octubre la nueva Ley de Memoria Democrática por la puerta de atrás, para conceder la nacionalidad a todos los descendientes de emigrados españoles –por cualquier motivo, económico o laboral por ejemplo– y no solo a los hijos, nietos y bisnietos de exiliados.

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La utilización de este modelo es obligatoria para que la administración española conceda la nacionalidad. «La solicitud-declaración de opción se presentará por los interesados ajustada a los modelos oficiales previstos en los anexos I, II, III y IV de esta instrucción», mandata la citada instrucción de Justicia.

Los otros tres anexos se refieren a supuestos distintos a la emigración del antepasado. Así el II está previsto para los hijos de madre española que perdió su nacionalidad por casarse con un extranjero antes de que se publicara la Constitución; el III deben usarlo los hijos de padres o madres a los que se les reconoció la nacionalidad por lo previsto en la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero; y el IV es el modelo que deben utilizar los hijos de españoles que hubiesen pedido la nacionalidad no de origen.

ABC ha preguntado al Ministerio de Justicia por el falseamiento de datos al que se está obligando a los descendientes de emigrantes españoles que solicitan la nacionalidad, pero el departamento que dirige Pilar Llop ha declinado dar explicación o argumentación alguna.

Por su parte, otras fuentes gubernamentales señalan que se debe a un error. «La instrucción que se redactó originalmente era coherente con la Ley de Memoria –nacionalidad para hijos, nietos y bisnietos de exiliados–, pero fue modificada en el último momento ante las presiones de los colectivos de descendientes de españoles en el exterior. Por las prisas, los anexos no fueron revisados ni corregidos y se publicaron con su redacción original, que solo preveía que optaran a la nacionalidad los exiliados», explican las citadas fuentes. No obstante, esta versión no aclara por qué el Ministerio de Justicia no ha procedido a modificar los formularios, una vez que ha tenido conocimiento de que obligan a falsear datos.

Estas fuentes aludían así a que el Ministerio de Justicia llegó a difundir dos instrucciones distintas en solo cinco días, como denunció ABC, confirmando la existencia de una motivación política tras el cambio de criterio del Gobierno en la segunda de ellas.

La primera instrucción fue firmada de forma electrónica el 20 de octubre de 2022 por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, y publicada en la sede virtual del Ministerio de Justicia. Los registros civiles tuvieron acceso a ella telemáticamente, pero no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Su contenido coincidía con el contenido de la Ley de Memoria Democrática y reglamentaba su aplicación.

Pero tan solo cinco días después, Puente firmaba y enviaba al BOE una versión distinta de esa instrucción en la que reinterpretaba la Ley de Memoria ampliando la concesión de pasaporte español a todos los hijos, nietos y bisnietos de emigrantes españoles. «Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella», estableció.

Para justificar la diferencia entre esta redacción y el contenido de la Ley de Memoria, Puente se erigió en interpretadora de la voluntad real del Congreso y el Senado, considerando que era «posible encontrar una interpretación más acorde» con su «verdadera voluntad». En esta línea defendió «lógico entender» que «el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley» a los descendientes de emigrantes, pese a que el objetivo declarado de la Ley de Memoria es resarcir exclusivamente a las víctimas del franquismo.

Sofía Puente Santiago es hermana del alcalde de Valladolid y exportavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente. Pese a ser fiscal y, por tanto, ajena a los cuerpos de registradores y notarios a los que tradicionalmente han pertenecido sus antecesores, Justicia fichó a Puente en enero de 2020 –unos días después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente y echara a andar el Gobierno de coalición–.

Fuentes judiciales señalan que su nombramiento fue cuestionado internamente, ya que sus principales funciones se centran en asuntos relacionados con los derechos notarial y registral. No obstante, estas fuentes también señalan que aunque Puente es la firmante y, por tanto, responsable de la instrucción que reforma la Ley de Memoria, quien forzó el cambio de criterio fue la secretaria de Estado de Cooperación y secretaria del PSOE Exterior, Pilar Cancela.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de enero, Ferraz le encargó a ella la dirección de la campaña de los socialistas en el exterior para las próximas elecciones de mayo, donde los residentes fuera de España –y también los nuevos nacionalizados con la Ley de Memoria– pueden participar en los comicios autonómicos.

Esta cita electoral será la primera que se celebrará tras la reforma aprobada el pasado otoño para aumentar el voto de los españoles en el exterior, eliminando el voto rogado. El PP considera un «escándalo» que Cancela esté combinando sus viajes a terceros países como secretaria de Estado de Cooperación con su labor de «captadora de votos para el PSOE». Para esta última tarea tanto el aumento del censo electoral como el relato antifranquista son dos cartas a jugar que están usando los socialistas.