La Ley de Memoria Democrática parte el Congreso en dos Españas

La disputa dialéctica, con los decibelios habituales, pero con una tensión mucho mayor en el ambiente que en otras sesiones, ha evidenciado que el proyecto de ley del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, por más que salga adelante en la Cámara Baja, divide al país en una cuestión tan sensible como la memoria común. La enmienda entre el Ejecutivo y Bildu para crear una comisión de estudio que reconozca y repare a víctimas de violaciones de derechos humanos entre 1978 y el 31 de diciembre de 1983, como se esperaba, ha copado el grueso de las intervenciones.

Los socialistas se afanaban en reivindicar la Transición y la Constitución, y en limitar el alcance temporal de la ley hasta la promulgación de la Carga Magna en diciembre de 1978. El PP, Vox y Ciudadanos (Cs) cargaban al unísono, aunque con enormes matices en sus discursos, contra un pacto que entienden que cede el recuerdo de España a una coalición que integra a los herederos de la ilegalizada Batasuna, otrora brazo político de la vencida banda terrorista ETA. Y aliados habituales de Pedro Sánchez como ERC y Bildu se jactaban de haber «mejorado» el texto, pero dejaban claro que poco ha cambiado su visión de la Transición. «Legalizaron al fascismo en vez de derrotarlo. Le limpiaron la cara», ha clamado la republicana Carolina Telechea, sin que nadie torciese el gesto en el PSOE.

La diputada de Bildu Bel Pozueta, madre de uno de los condenados por la paliza a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), ha desmontado el relato reivindicativo del PSOE. De nuevo, como hizo en la sesión celebrada en la Comisión Constitucional, ha dicho que gracias a su grupo se amplía el ámbito de aplicación de la ley hasta 1983, «el franquismo en su visión más extensa». Aun así, ha lamentado que la legislación no toque la Ley de Amnistía, demonizada por el independentismo, y que siga ausente «una visión crítica de la Constitución y de los años posteriores». «La Transición no fue modélica ni rompió con la dictadura», se ha quejado, aunque sí ha celebrado que se cree un lugar de memoria en el Palacio de la Cumbre, en San Sebastián, donde fueron torturados «los jóvenes José Lasa y José Zabala», miembros de ETA asesinados en 1983 por los GAL.

Telechea, en cuyo partido ha habido tiranteces por las discrepancias en la posición ante la ley –el histórico Joan Tardà pidió el voto en contra por considerarla insuficiente–, ha hecho equilibrios para defender la abstención de su grupo. Ha alardeado de éxitos logrados por otros partidos como el PDECat y Más País, como que se declare «ilegal» el régimen franquista, pero ha diagnosticado que «la herida sigue sangrando» y que será necesaria, en unos años, una ley aún más ambiciosa. De nuevo, entre ceja y ceja, la Ley de Amnistía, pilar de la Transición.

El momento más tenso del debate ha llegado durante la intervención de Vox. Apenas había empezado a hablar Francisco José Contreras, con un discurso polémico en el que ha encomiado incluso la conmemoración que encabezó el dictador Francisco Franco por «el veinticinco aniversario de la paz en España», cuando los diputados de ERC han abandonado el hemiciclo en señal de protesta. Los han seguido después los de Unidas Podemos y, algo más tarde, los de Bildu y representantes de los grupos Plural y Mixto.

Contreras ha acusado al Gobierno de traer una ley «digna de Orwell» con un «enfoque maniqueo» en el que se pretende «borrar a las víctimas conservadoras». «Nadie ha hablado de las víctimas del Frente Popular», ha clamado, tras exigir que se incluyan también asesinados entre 1931 y 1936, en los años de la Segunda República. «El Valle de los Caídos [la ley prevé su resignificación y cambio de nombre] supuso un hermanamiento postrero de los caídos más allá de la muerte. No resuciten un cainismo que nos costó tan caro», ha sentenciado, con constantes rumores reprobatorios desde la bancada socialista, la única de la izquierda que ha permanecido en el hemiciclo durante su alegato.

Santiago Abascal ha recibido a Contreras en su escaño con un abrazo y le ha acompañado hasta su asiento, con gritos de «libertad» entre los diputados de Vox. La ovación en esa bancada se ha entremezclado con la que después le ha dado la socialista a su portavoz en el debate, Valentín García. Algún amago de improperio asomaba en las filas de Vox cuando el portavoz del grupo, Iván Espinosa de los Monteros, ha chascado los dedos, se ha llevado el dedo índice a los labios y ha pedido contención a los suyos: «Ninguna provocación». Después, en el patio del Congreso, ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional «esta ley absolutamente absurda» cuando se apruebe definitivamente.

García ha repetido los argumentos esgrimidos por el exlendakari Patxi López en declaraciones a los medios y profundizados después por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de cuya cartera, en tiempos aún de Carmen Calvo, nació la ley aprobada este jueves en la Cámara Baja. Todos ellos han ensalzado la Ley de Amnistía, la Constitución y la Transición en su conjunto, ante los recelos sembrados a su derecha y a su izquierda. Si Bildu presumía de extender la concepción de la dictadura hasta el 83, el PSOE negaba la mayor mientras el PP, Vox y Cs culpaban a los socialistas de traicionar el legado de aquella época.

Antes, habían encendido ya el debate Guillermo Díaz (Cs) e Íñigo Errejón (Más País), con dos vibrantes intervenciones para decir una cosa y la contraria. El diputado liberal ha recordado cómo su grupo ofreció su mano al Gobierno en su proyecto de memoria a cambio de que aceptase prohibir por ley los homenajes a etarras; el líder de la escisión de Podemos ha pedido con vehemencia a la derecha que no mezcle unas víctimas con otras. «Solo un partido 'lobotomizado' puede dar la memoria a Bildu, a quienes regaron España con trescientos muertos en esos años [de 1975 a 1983]», decía Díaz; «Tengan la valentía de decir qué piensan de esta ley sin instrumentalizar a otras víctimas. Esta es una ley del dolor de hoy. De quienes tienen a sus antepasados en cunetas», contrarrestaba Errejón.

Mikel Legarda, del PNV, ha bajado el diapasón, como es habitual en él, y ha defendido la ley como un avance. Todo lo contrario que Jaime Mateu, diputado del PP, quien perdió a manos de ETA a su padre y a su hermano. «La recordaremos como ley Bildu o ley totalitaria. Tratan de imponer su verdad atentando por ello contra el pluralismo», ha disparado contra el Gobierno, doble víctima del terrorismo. «El proyecto de ley que van a aprobar es indecente y rupturista de la convivencia. ¿Cómo es posible que extiendan el franquismo hasta el 31 de diciembre de 1983?», ha apostillado, y ha lanzado un mensaje directo a los asientos que ocupan los cinco diputados de Bildu: «Digan conmigo: yo siento y condeno todos los asesinatos de ETA».

Mateu ha prometido que el PP derogará la Ley de Memoria Democrática si alcanza el Palacio de la Moncloa, un compromiso al que se ha sumado después Contreras no sin malicia en sus palabras: «Esta ley Vox la derogará si llega al Gobierno. Qué lástima que el PP no derogase la ley anterior [la Ley de Memoria Histórica de 2007] teniendo mayoría absoluta ni derogue la andaluza teniendo mayoría absoluta».

El secretario de Estado Enrique Santiago, líder del PCE y diputado de Unidas Podemos, ha recuperado los gritos apartados por Legarda y en un tono muy elevado ha cargado contra el PP, Vox y Cs, a los que ha acusado de querer «negar los derechos» de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. También, de paso, ha defendido la enmienda transaccional con el PSOE que explicita que la Ley de Amnistía debe regirse en base a derecho internacional: «No puede seguir utilizándose la Ley de Amnistía conquistada por la resistencia antifranquista para negar los derechos de las víctimas», ha dicho, aunque ha admitido que anular o modificar la ley no cambiaría nada porque la Constitución prevé que no pueda haber penas retroactivas.

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El debate lo ha cerrado el ministro Bolaños, tras escuchar todas las posturas, y ha hecho un repaso de los puntos claves de la ley. «Esto es lo que dice la ley y no lo que algunos dicen que dice la ley», ha repetido reiteradamente, en un talante justificativo con el que ha querido alejar la crítica de la derecha y del centro-derecha, que persigue el franquismo pero no el terrorismo de ETA, pero también la visión de Bildu. El socialista García, justo antes de Bolaños, ha remarcado que la controvertida enmienda pactada con Bildu solo ampara a los asesinados por aquellos que buscaban «el mantenimiento de la dictadura», pero en ningún caso «a las bandas terroristas ni a las bandas contraterroristas». Concluida la votación, ya bien entrada la tarde, ha aplaudido, solamente, la mitad del hemiciclo.