Los funcionarios denuncian el colapso de consulados por peticiones de nacionalización

Este representante de los funcionarios asegura que la situación está retrasando los trámites normales y habituales que necesitan hacer los españoles que se encuentran en Latinoamérica. «Pasaportes, certificados, poderes... Se está dando el caso de que las personas con doble nacionalidad que viajan a España aprovechan para hacerse allí los documentos que necesitan dada la lista de espera que hay en los consulados en Latinoamérica», señala.

La nueva Ley de Memoria aprobada abre un plazo de dos años para que los descendientes de exiliados soliciten la nacionalidad española. Justicia publicó después una instrucción que abre esta opción a cualquier descendiente de emigrante español, hasta tercera generación. Esta maniobra no solo ha disparado el volumen de peticiones sino también de consultas ya que el contenido de la ley difiere del de la instrucción, y ello ha generado una elevada inseguridad sobre el alcance real de la reforma.

Según ha podido saber ABC, los propios consulados han planteado dudas sobre cómo actuar ante la diferencia de contenido entre la ley y la instrucción, pero la respuesta de Justicia ha sido que ésta es de obligado cumplimiento. El departamento de Pilar Llop se apoya en que la Ley del Registro Civil establece que los encargados de los registros «deben cumplir las órdenes, instrucciones, resoluciones y circulares» y que «el incumplimiento o la inobservancia» de ellas será falta disciplinaria.

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Pero es tal la incertidumbre sobre la legalidad de la instrucción que hay muchos despachos de extranjería que han optado por no ofrecer la tramitación, pese al elevado número de clientes que lo solicita. No en vano, existe el temor a que las nacionalizaciones que se concedan según la instrucción sean revocadas por los tribunales. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha recurrido esta disposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pidiendo que suspenda su aplicación. En las próximas semanas se conocerá si esta medida cautelar es aceptada.

Estas dudas legales también están contribuyendo a la saturación de los consulados por las elevadas citas de consultas que se solicitan. El Ministerio de Exteriores, de momento, se mantiene al margen. El departamento de José Manuel Albares señala que es la cartera que encabeza Pilar Llop «quien imparte instrucciones a los registros, incluidos los registros civiles consulares». «Nosotros nos limitamos a canalizar las instrucciones del Ministerio de Justicia a las oficinas consulares», explican desde este departamento.

Como consecuencia de todo ello, las nuevas citas se van abriendo con «cuentagotas» en los consulados, explica Puertas, quien señala que ante la falta de refuerzos, los cónsules están derivando las labores por la nueva Ley de Memoria a personal que hasta ahora estaba atendiendo los trámites que necesitan los ciudadanos españoles.

El Gobierno, mientras tanto, mira hacia otro lado. Según los funcionarios, los cónsules han pedido más personal para hacer frente a la avalancha de trabajo, pero la respuesta que les llega es negativa, señalando que el Ministerio de Hacienda no autoriza el incremento de gasto. Exteriores no avala la petición de los cónsules. «Hay consulados que tienen más carga que otros, pero cualquier cosa es una buena oportunidad para pedir más personal», señalan desde este ministerio.