«El Estado ha renunciado a exigir responsabilidad política y moral a los cómplices de ETA»

González ha compartido en la Sociedad Bilbaína una mesa redonda con el exsecretario general de la Presidencia de Gobierno Javier Zarzalejos y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero , en lo que ha sido la puesta de largo de la asociación Esteban de Garibay . Un colectivo recientemente constituido por el exdelegado del Gobierno en el País Vasco Carlos Urquijo bajo el propósito de reforzar los vínculos de las Comunidades Autónomas vasca y navarra con el resto de España.

Durante su intervención, Juan Pablo González ha puesto de relieve los factores que mermaron la lucha contra ETA en su etapa de mayor carga asesina, la de la década de los 80. Entre otros, ha hecho alusión a la indefensión y la falta de medios de las Fuerzas de Seguridad del Estado , la nula cooperación de las autoridades francesas y los «errores» de la propia Audiencia Nacional, fruto en parte de lo que ha considerado una cierta «trivialización de la violencia etarra».

Pero la banda, ha añadido, también se sirvió de una «impunidad política y moral» que el ahora presidente de la Audiencia Provincial de Madrid ha vinculado a las «complicidades, silencios y comprensiones» de un sector de la sociedad. «Desde luego ha habido contrapartidas, y la fundamental es que el Estado ha renunciado a exigir responsabilidad política y moral a los cómplices de ETA». Es decir, a «aquellos que desde el 78 hasta la fecha han obstaculizado cuantas iniciativas se pusieran en marcha» para luchar contra la organización terrorista. Entre ellos se encuentran, a su parecer, los firmantes del Pacto de Lizarra, en el que participaron Herri Batasuna y el PNV.

«Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos», ha dicho el magistrado parafraseando a Martin Luther King. En este punto, ha puesto en valor la labor de la asociación Dignidad y Justicia, en especial la de su presidente, Daniel Portero, que en 2013 registró una querella por delitos de lesa humanidad contra la cúpula de ETA con motivo del asesinato de su padre, el fiscal Luis Portero. Como resultado de la apertura del procedimiento, en abril del pasado año la Audiencia Nacional propuso juzgado a cuatro históricos de la banda terrorista: «Josu Ternera», «Ata», «Gurbitz» y «Txeroki» .

El propio Portero ha subrayado este sábado que la «impunidad» de la banda sigue existiendo, algo que se puede percibir tanto en los 379 asesinatos que permanecen sin resolver como en la existencia de causas pendientes como la que atañe a los llamados «abogados de ETA», entre los que se encuentra Arantza Zulueta.

Con el propósito de evitar la «humillación a las víctimas», el presidente de Dignidad y Justicia ha abogado también por realizar modificaciones en el código penal para actualizar los requisitos que se exigen para que los reclusos obtengan el tercer grado o la libertad condicional . No puede ser, ha opinado Portero, que un terrorista sea recompensado por pedir perdón por carta o por repudiar a ETA. «Eso es muy fácil ahora, no van a tener represalias —ha insistido—. ¿Qué tiene eso de colaboración?».

En sintonía con lo manifestado por sus compañeros de mesa, Zarzalejos ha catalogado el relato de la historia de la banda como síntoma de una impunidad que ha permitido a la izquierda radical consolidarse como actor político. Algo que ha achacado al gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero , que bajo su punto de vista trató de «disfrazar el fin de ETA de un proceso de negociación».

«Las bases esenciales de la derrota de ETA ya estaban puestas en 2004, pero ETA no podía acabar de la manera que el PP, después de dos legislaturas, había abocado que debía acabar», ha aseverado Zarzalejos.