Una bomba de relojería en Justicia

La ministra afronta esta semana, a las puertas del inicio de la campaña electoral, los días más críticos en este departamento. Y en esta ocasión sin posibilidad de huir a la feria de Sevilla. Por un lado tiene sobre la mesa el ultimátum de los funcionarios: este lunes finaliza el plazo de 48 horas que le dieron para que acepte un mediador en un conflicto que a afecta a nada menos que a 45.000 trabajadores que exigen una subida salarial similar a la de los LAJ. Por otra, ha convocado a los propios letrados judiciales después de la revuelta generada en este colectivo al constatar que Justicia no eleva al Consejo de Ministros el acuerdo que puso fin a la huelga el pasado 27 de marzo y que reconocía un incremento de 430 a 450 euros por nónima. Si no aprueban los reales decretos que tienen que contemplar esa subida, ese acuerdo es papel mojado.

No era difícil pensar que la subida de sueldo de los LAJ primero, y de los jueces y fiscales después, iba a provocar la reacción airada de los funcionarios de justicia. No en vano son trabajadores de esos mismos juzgados y llevan tiempo asumiendo funciones que, con la ley en la mano, realmente no les corresponden. Otra cuestión es la «huelga soterrada» que otros colectivos le atribuyen y que exceden con mucho los parámetros del derecho que, como a los demás trabajadores, les ampara. Pero ese es otro cantar.

Tampoco se entiende que para negar esta subida salarial el ministerio se escude en que las leyes a las que va vinculada, las de eficiencia organizativa y procesal, han decaído con la convocatoria anticipada de elecciones, cuando esas mismas leyes están relacionadas con el acuerdo de los LAJ que hay cumplir. No hay duda de que la excusa de la ley decaída viene como anillo al dedo al ministerio, igual que el argumento de que con las elecciones a la vuelta de la esquina este Gobierno no está en condiciones de tomar decisiones de este calado. Pero no resulta creíble, porque el problema es que sí las toma: hace apenas unos días, en lo que parece ya un empeño en poner palos en las ruedas para que la Justicia no funcione, este mismo ministerio se ha negado a prorrogar uno de cada tres refuerzos en los juzgados de toda España. Se trataba de medidas aprobadas por el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial tras analizar la situación de cada uno de esos juzgados y constatar que necesitaban ayuda para sacar adelante el trabajo. Llop ha denegado sin más 49 de las 146 medidas solicitadas. Ahora el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, es decir, vocales de todas las sensibilidades –también de la suya–, le han pedido explicaciones sobre el criterio que ha seguido para aceptar unas y rechazar otras, así como que informe de las partidas presupuestarias con las que cuenta para afrontar estos refuerzos hasta final de año.

Y es que hay casos especialmente sangrantes, como el de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en familia y discapacidad y con tres de sus cinco magistrados titulares de baja. El trabajo que estaba desempeñando hasta ahora una juez de refuerzo y especialista en la materia, en comisión de servicio, era fundamental para ese tribunal: prueba de ello son las 30 sentencias al mes que estaba dictando.

Llop no puede seguir desaparecida ante decisiones que exigen respuestas inmediatas, y aunque trata de ganar tiempo para que sea otro gobierno el que resuelva el problema, la que tiene la bomba de relojería en el ministerio es ella.