Los letrados judiciales avisan a Llop: habrá consecuencias si no se cumple el acuerdo que puso fin a la huelga

«Pese al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establecía una tramitación urgente, y pese a que se había completado en plazo la mayor parte de la misma (memoria económica, informe de la Secretaria técnica, informe del Consejo General del Poder Judicial), el pasado jueves el secretario general (de Innovación, Manuel Olmedo) nos informó de la paralización de los trámites pendientes para la reforma de los Reales Decretos retributivos sin dar ninguna razón objetiva para ello y ofreciendo solo promesas de su reanudación (...). Lamentablemente a esta hora ni desde un ministerio ni desde el otro (el acuerdo implica también a Hacienda) se nos da garantías de que se aprueben con tiempo las reformas de los reales decretos», señalan las asociaciones es de LAJ en un comunicado.

Y es que el viernes pasado estaba prevista una reunión de la mesa sectorial para informar a los sindicatos de la subida salarial que pactó con los letrados judiciales, un trámite necesario para poder formalizar el acuerdo. Sin embargo, unas horas antes, el jueves el Ministerio de Justicia la desconvocó sin dar explicaciones. La convocatoria no había sentado bien a los sindicatos, que, molestos por no aplicarse a los funcionarios subidas salariales como se acordó con los LAJ y con jueces y fiscales, afearon al equipo ministerial que fijara fecha en el calendario para rematar el acuerdo con los LAJ mientras mantiene el conflicto con los funcionarios, en huelga indefinida desde 22 de mayo. Desde el departamento de Llop se asegura que esta reunión con los sindicatos es previsible y necesaria para formalizar el acuerdo con los LAJ pero aunque lo sea, a nadie se le escapa que a un mes de las elecciones generales al ministerio no le interesa calentar aún más los ánimos de los sindicatos instándoles a visar, aunque sea un mero trámite, la subida salarial para un colectivo que se rechaza para otro. A su vez, sin esee paso previo los reales decretos no pueden ir al Consejo de Ministros. La pescadilla que se muerde la cola.

«Desde la suspensión de la reunión de la mesa negociadora hemos estado instando el desbloqueo y su inmediata convocatoria tanto ante el Ministerio de Justicia como ante el de Hacienda y Función Pública. Lamentablemente a esta hora ni desde un Ministerio ni desde el otro se nos da garantías de que se aprueben con tiempo las reformas de los reales decretos. Es evidente que si existe voluntad política para ello, se puede y se debe cumplir en plazo lo que está pactado y firmado con luz y taquígrafos«, señalan los LAJ.

De momento los letrados judiciales han convocado asambleas informativas para mañana y el viernes y piensan denunciar ante la opinión pública lo que supone «que el Gobierno de España incumpla su propio acuerdo». En paralelo han iniciado estudios jurídicos «para exigir, en su caso, las consecuencias legales de todo orden que pudieran derivarse«.

«Incumplir el acuerdo alcanzado tras más de dos meses de huelga supondría un problema de tal calado en la Administración de Justicia que ni siquiera unos responsables ministeriales al final de una legislatura deberían asumir», dicen.

Entretanto, los funcionarios de Justicia siguen con la huelga indefinida y concentraciones para forzar al ministerio a que se vuelva a sentar a negociar después del fiasco que supuso la última reunión que hace diez días terminó con el encierro de los representantes sindicales. Lejos de desconvocar la huelga ante el adelanto electoral, los funcionarios están dispuestos a echar el resto y están pidiendo a los partidos que asuman en sus respectivas campañas electorales las reivindicaciones que han provocado la huelga. Quieren que los candidatos del PSOE «exijan» a Pedro Sánchez que su gobierno se siente a negociar una solución a este conflicto.

Los sindicatos también han anunciado que en los juzgados y tribunales se exigirá la presencia del Juez o LAJ en aquellas actuaciones procesales en las que la Ley determina que han de realizarse ante ellos, «dejándose de practicar estas actuaciones por el resto de personal funcionario, el convocado a la huelga, hasta que dichas funciones no les sean reconocidas profesional y retributivamente como se reclama en este conflicto«.