Montero, de perfil con las represalias de Hacienda en la época de Montoro

Entre los afectados destaca Javier Chicote, jefe de investigación de este periódico, sobre el que la cúpula de la Agencia Tributaria elaboró y manejó un extenso informe con todos sus movimientos, y en el que se rastreó incluso a su hija de tres años, su padre -que había fallecido en 1999- y hasta la abuela de su esposa, una octogenaria que vive de su pensión.

Todo ello ha trascendido ahora tras aparecer ese documento, titulado 'Informe Chicote', en la causa que instruye un juzgado de Tarragona contra el bufete que fundó el propio Montoro, rebautizado como Equipo Económico, por presunto tráfico de influencias con empresas que querían influir en el Gobierno y el ministerio del que formaba parte el político popular, que se desvinculó formalmente de ese negocio particular cuando en 2012 retomó la misma cartera que había ocupado hasta 2004.

Y no parece que fuera una simple comprobación aleatoria, como confirman varias claves. La primera, que ese informe se encargó y elaboró justo después de que Chicote publicara cinco exclusivas sobre Montoro y el mencionado despacho, gestionado por su hermano y subordinados suyos durante su primera etapa como ministro. Las informaciones aparecieron entre abril y junio de 2017 y en septiembre, justo después del parón veraniego, ya se estaban intercambiando ese informe el entonces director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez; el director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis María Sánchez; y el jefe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), José Manuel de Alarcón, que todavía sigue al frente de este departamento, en teoría encargado de investigar a grandes fortunas y multinacionales, no a un particular que factura todos sus trabajos como periodista con una sociedad minúscula.

ABC se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para preguntar por estas prácticas intimidatorias, de las que no sólo fue objeto Javier Chicote, sino otros periodistas e incluso políticos de PP y PSOE, como confirman fuentes de la investigación a este periódico. La causa está bajo secreto en ese juzgado tarraconense y de momento el único informe que ha trascendido es el que afecta al periodista riojano. A eso se agarran el ministerio de María Jesús Montero (PSOE) y la propia AEAT, que se limitan a señalar que «no podemos decir nada» con el argumento de que se trata de una «investigación judicializada».

Preguntados por el informe a modo de represalia contra Chicote, las mismas fuentes insisten en que no les consta ni tiene por qué constarles, pese a que este periódico detalló el pasado miércoles los nombres y apellidos de los tres responsables de la Agencia Tributaria que participaron, sus respectivos departamentos y hasta el día y la hora exacta en que se lo intercambiaron a través de sus correos electrónicos oficiales. De hecho, ese mismo informe circula ya fuera de Hacienda y del juzgado con los datos privados del periodista afectado y toda su familia.

ABC también ha preguntado tanto a Hacienda como a su Agencia Tributaria si tienen intención de abrir una investigación o procedimiento interno sobre ese alto cargo que todavía sigue al frente de la ONIF y que participó en la componenda. Desde Hacienda responden que no les consta y desde la AEAT insisten en no hacer más comentarios. Eso sí, añaden que se realizan fichas de investigación «sobre muy diversos perfiles de contribuyentes» y que «lógicamente»sólo «se les informa, en su caso, cuando se inicia una comprobación o inspección, que no es lo mismo que investigación».

En este caso esa «ficha», de la que el afectado no ha tenido conocimiento hasta seis años después y a través de terceros, coincidió con el ministro amagando públicamente con querellarse contra ABC por esas informaciones de Chicote, con la intervención directa e inmediata de toda la cúpula de la Agencia Tributaria y su departamento de grandes fraudes y con una extensión -siete páginas enteras- y detalle que alcanzó incluso a la abuela de su esposa y a su padre ya fallecido.

De momento, el departamento de Montero no tienen nada más que decir y mantiene en su puesto a uno de los protagonistas de esa «investigación». Numerosos medios se han hecho eco y hasta tres de entidades como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodista de Investigación (API) han condenado esas prácticas que «no pueden quedar impunes».