Hacienda investigó en 2017 a políticos y periodistas señalados por Montoro

Entre los afectados está el jefe de investigación de ABC, Javier Chicote, al que la cúpula de Hacienda investigó y trató de sancionar sin éxito justo después de que publicara una serie de reportajes en los que avanzaba que el despacho del ministro, que nació como Montoro y Asociados y entonces se llamaba Equipo Económico, cobraba hasta 300.000 euros por informes para grandes empresas interesadas en influir en Hacienda.

Los días 28 y 29 de junio de 2017 este diario, con la firma de Javier Chicote, remató una serie de investigación sobre el despacho fundado por el político del PP con estas informaciones: «Montoro llevó a Equipo Económico a cenas con el Ibex organizadas por Rato», en las que el presidente de ese despacho privado y exsecretario de Estado de Presupuestos con el propio Montoro en el último Gobierno de Aznar, Ricardo Martínez Rico, captaba clientes de la mano del político del PP, y «Equipo Económico cobra de empresas que necesitan cambios legislativos. Ferrovial pagó 270.000 euros por dos informes sobre el modelo de contratación pública». Apenas tres meses después, a la vuelta de las vacaciones de verano, los más altos responsables de la Agencia Tributaria (AEAT) ya se habían concertado para rastrear al periodista.

Así consta en el correo que el 26 de septiembre de 2017, a las 10.02 horas de la mañana, se intercambiaron el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), José Manuel de Alarcón -que sigue figurando en el mismo cargo en el organigrama de la AEAT-; el propio director de la Agencia, Santiago Menéndez Menéndez; y el director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis María Sánchez González. Nada menos que la cúpula de la Agencia Tributaria, por encima de la cual sólo estaban el propio ministro y su secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández Moya. En dicho correo, el jefe de la ONIF adjunta a los otros dos «el informe detallado» que «hemos realizado sobre Javier Chicote» y avanza que «vamos a remitir una FITT -ficha de información con trascendencia tributaria- para su carga en el plan de inspección». Es decir, para rastrear de arriba abajo a un periodista y una sociedad insignificantes a efectos de una investigación de esas dimensiones, manejada desde la propia cúspide de la Agencia Tributaria.

De hecho, la ONIF ya había empezado ese rastreo, porque el documento adjunto que se intercambian los tres subordinados de Montoro bajo el título 'Informe Chicote' consta de siete páginas con todo lujo de detalles, aunque no dio lugar a ninguna investigación formal y, por tanto, el afectado nunca tuvo conocimiento hasta que dicho dossier apareció en la causa que investiga ese juzgado de Tarragona por otras presuntas irregularidades de la firma de Montoro, su hermano y antiguos colaboradores, adelantado por 'El Periódico de España'.

Tanto se afanó la cúpula de la Agencia Tributaria para intentar justificar una investigación más exhaustiva contra el periodista de ABC que incluso ya ese primer informe contiene un gráfico con toda su familia, incluidas su mujer, su hija, sus suegros, sus padres, sus hermanos y hasta la abuela de su esposa, además de la pequeña empresa familiar y otras propiedades que el periodista y sus hermanos heredaron cuando falleció su padre, o la hipoteca que el informador pidió para pagar su casa. Pese a esos esfuerzos por encontrar algo que justificara la apertura de la investigación formal, el propio informe inicial sobre Chicote ya concluía que «no se detectan incrementos patrimoniales no justificados» y que «el movimiento de efectivo de sus cuentas bancarias tampoco presenta un perfil particular de riesgo».

La primera información sobre el despacho fundado por Montoro que publicó ABC elaborada por Chicote fue el 25 de abril de 2017 con este titular: «Anticorrupción se querella contra Equipo Económico por un contrato de las Cámaras» de Comercio. Y añadía que «entre los denunciados del despacho que fundó Montoro está su hermano Ricardo», quien se quedó como accionista cuando el político fue rescatado por Rajoy como ministro de Hacienda en 2012. Al día siguiente, ABC dio algunos detalles más: «Equipo Económico fue 'la bisagra' entre Gobierno y Cámaras».

Un mes después este periódico también informó de la admisión a trámite de la querella para publicar, a continuación, una investigación propia, al margen de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción. Así, Javier Chicote desvelaba el 28 de junio de 2017 en estas páginas que «Montoro llevó a Equipo Económico a cenas con el Ibex organizadas por Rato». Este diario descubrió, mediante testimonios directos, unos hechos ocurridos a lo largo de 2011, cuando el Partido Popular ya se perfilaba como claro vencedor de las elecciones generales de noviembre de ese año, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero acorralado por la crisis económica.

Montoro celebró distintos encuentros con importantes empresarios -varios del Ibex-35- y banqueros internacionales a los que acudió acompañado de Martínez Rico, presidente y máximo accionista de Equipo Económico, quien había sido su mano derecha de Presupuestos durante el mandato de José María Aznar. Los encuentros -cenas- los organizó Rodrigo Rato y se celebraban en la sede de Caja Madrid, donde Martínez Rico aprovechaba para «repartir tarjetas de Equipo Económico», un claro mensaje a los empresarios que escuchaban los planes del Gobierno y del ministro de Hacienda que estaban por venir.

Al día siguiente, el 29 de junio de 2017, el jefe de investigación de ABC publicó otra exclusiva que tuvo gran alcance: «Equipo Económico cobra de empresas que necesitan cambios legislativos. Ferrovial pagó 270.000 euros por dos informes sobre el modelo de contratación pública». Esta forma de operar, vender informes e intentar influir en el Gobierno para favorecer al cliente, es exactamente lo mismo que se investiga actualmente en ese juzgado de Tarragona.

Fueron estas dos últimas informaciones, del 28 y 29 de junio de 2017, las que desataron la ira del entonces ministro de Hacienda. El mismo 29 de junio, Montoro amenazó a ABC en declaraciones a la prensa: «Estoy esperando a que alguien pase la raya para defenderlo donde debo, en los tribunales. Pero no lo consigo porque están ahí midiendo bien el terreno». Montoro nunca acudió a los tribunales, pero apenas tres meses después, transcurrido el parón veraniego, sus subordinados más directos ya habían aprovechado los ingentes recursos de la Agencia Tributaria para buscar algo contra el periodista que publicó esas informaciones que tanto enojaron al ministro.

Pero Chicote no fue la única 'víctima' de esos rastreos del equipo de Montoro. Fuentes jurídicas confirman a ABC que también fueron objeto otros periodistas o directivos de medios de comunicación, además de políticos tanto del Partido Popular como del PSOE. Tres grupos de personas distintas, pero con un denominador común: todas ellas eran molestas para el ministro de Hacienda. Esta información obra ya en poder del mencionado juzgado de Tarragona que lleva la causa contra el bufete de Montoro y sus allegados por presunto tráfico de influencias y otras irregularidades. La acusación pública corre a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que también tiene constancia de todo ello. Este periódico intentó ayer recabar la versión del jefe de la ONIF, que declinó y derivó al gabinete de prensa de la Agencia Tributaria.