Anticorrupción rechazó investigar las inspecciones intimidatorias de Montoro

Ocurrió el pasado 26 de septiembre en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, cuando casi la totalidad de sus integrantes, 25 fiscales, se sentaron en Junta para debatir quién tenía la razón: si la fiscal titular del asunto, Carmen García Cerdá, que se había topado con unos correos electrónicos en la causa que parecían apuntar un uso espurio de los recursos de la Agencia Tributaria y quería profundizar, o el fiscal jefe, Alejandro Luzón, que no veía tales indicios ni razón, por tanto, para autorizar que Anticorrupción pidiese al juez que reclamase la documentación que viajaba adjunta en esos emails.

Como informó ABC al cabo de la jornada, ella perdió el pulso: 19 votos a favor de prescindir de esa diligencia frente a cinco críticos con la decisión de no investigar más. Sobre la mesa, un dossier que recogía la posición de ambas partes y documentación parcial de la investigación, que lleva cinco años bajo secreto de sumario. Los asistentes pudieron así ilustrarse ya desde unos días antes sobre la disyuntiva.

Destaca, ahora, uno de los papeles que se facilitaron al cónclave. Era un email entre los máximos responsables de la Agencia Tributaria que daba cuenta de que se había hecho una inspección a un periodista cuyo nombre había censurado previamente la fiscal que preparó la documentación. Hubo especulaciones después, ya en los corrillos, y salió incluso el nombre de Federico Jiménez Losantos, pero quien en aquella época había publicado información que ponía en evidencia las prácticas del despacho fundado por Montoro no era él, sino Javier Chicote, en ABC.

Este diario tuvo acceso al correo, pero también al anexo. El documento ofrece una disección de la vida fiscal de alguien que no es una persona políticamente expuesta, no estaba involucrado en ninguna actividad delictiva ni es titular de una gran fortuna con perfil de riesgo. De hecho, nunca se le notificó que estuviera siendo investigado por Hacienda y no se registró ni inspección formal ni proceso sancionador alguno. Tampoco había con qué. Pero ahí estaba, radiografiada su genealogía, desde su hija de corta edad hasta sus suegros, en un esquema a color que compartieron en aquel momento el director de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), José Manuel de Alarcón –aún en el cargo–, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez; y el director de Inspección Financiera, Luis María Sánchez González, como revela el encabezamiento del email. Era septiembre de 2017.

Los fiscales no tuvieron acceso a ese anexo, según ha podido contrastar ABC en distintas fuentes presentes en el cónclave. En cuanto a los correos, se aportó información parcial, pero quienes lo solicitaron específicamente sí pudieron ver emails como el mencionado con el nombre de Javier Chicote oculto. No tenían, en cualquier caso, toda la información porque la causa de Tarragona sigue bajo secreto.

En esta tesitura, arrancó la sesión, que ya había sido pospuesta en una ocasión anterior. García Cerdá realizó una exposición inicial dando cuenta de la necesidad de pedir al juez instructor que requiriese a la Agencia Tributaria los documentos anexos que figuraban en los correos electrónicos ya recabados. Refirió que se trataba de una cuestión de derechos fundamentales de las personas que pudieran estar afectadas por esas comunicaciones, pero no tuvo muchos apoyos su argumentación. Otros fiscales tomaron la palabra y afloraron los elementos que acabarían decantando la balanza en su contra. El primero, de acuerdo a las fuentes consultadas, que la mayor parte de los presentes no veían tan claro como García Cerdá que los correos fueran indiciarios de delito, por lo escueto de su contenido y porque eran comunicaciones internas en la Agencia Tributaria entre subordinados y un superior. Un fiscal tomó la palabra para subrayar en este punto que, siendo así, no podría darse una revelación de secretos, como concretan las fuentes sondeadas.

Pero también se puso sobre la mesa que el objeto de la investigación en el juzgado de Tarragona es un tráfico de influencias para conseguir, mediante una prevaricación, la aprobación de una legislación ventajosa. Se trata de un delito complicado de perseguir, pues la actividad de lobby no está regulada en España y difícilmente va a prevaricar el Poder Legislativo. De acuerdo a una de las fuentes presentes consultadas, este hecho, como la consideración de que esos correos nada tendrían a priori que ver con las personas y sociedades investigadas en Tarragona, fue también determinante. Sobrevolaba además la idea de que se pudiera desencadenar una investigación prospectiva y lesiva de los derechos fundamentales de los titulares de esos emails en los que figura el que a día de hoy sigue dirigiendo la ONIF.

Quienes apoyaron a García Cerdá pusieron estos elementos en un segundo plano para incidir en que la Fiscalía tiene obligación de investigar y al menos, averiguar la razón de inspecciones como la del 'Informe Chicote'. Sostuvieron que su mera existencia, en un contexto de una investigación por tráfico de influencias, precisamente, sobre Hacienda, ya es suficientemente sospechosa y cabía hacerse muchas preguntas sobre por qué se había realizado esa inspección, por qué sus resultados se manejaban al más alto nivel y si hubo alguna justificación objetiva o, por el contrario, obedecía a motivos espurios. Pero quienes sostuvieron que la obligación era al menos, mirarlo, fueron minoría: cinco frente a 19. Ahora todos lo han visto ya en ABC, que este miércoles publicó los detalles.

Hay un elemento más que ha aflorado después de que 'El Periódico de España' destapase la existencia de la investigación sobre las actividades con las empresas gasísticas del despacho que fundó en su día Cristóbal Montoro. Constan en los archivos del Poder Judicial dos resoluciones de la Audiencia Provincial de Tarragona sobre esta causa y, aunque anonimizadas, muestran claramente que Anticorrupción recurrió dos decisiones del juez. Una es la de mantener la causa bajo secreto aunque han pasado ya cinco años. El tribunal avaló que siga a día de hoy a puerta cerrada. La otra es por la resolución que acordó pinchar teléfonos de los investigados.

En este caso, el tribunal revocó la medida porque entendió, que pese al tiempo transcurrido sólo obraban «sospechas» en la causa, que no indicios con solidez suficiente como para esa quiebra de derechos fundamentales. Según las fuentes consultadas, no fue García Cerdá quien promovió esos recursos, sino su superior en Anticorrupción, que es una institución jerárquica. La negativa a recabar los correos era así una corrección más de las aplicadas a las decisiones de la fiscal en esta investigación, pero ha acabado aflorando una inspección de Hacienda sospechosa a un periodista y se ha quedado en un limbo por esa circunstancia.

La respuesta oficial en Anticorrupción es que no hay comentarios: la causa sigue secreta y las deliberaciones de la Junta de Fiscales siempre lo son.