Detenidos 7 empleados de una empresa 'desokupa' con antecedentes por coaccionar con armas a los vecinos de una corrala

Portaban, precisan fuentes de la investigación, dos defensas extensibles, puños americanos, un cuchillo y un espray de pimienta. Todos son españoles, de 53 y 24 años y cinco de ellos presentan antecedentes policiales.

En el barrio, hay división de opiniones sobre algunos de los 23 habitantes de las diez habitaciones del minúsculo edificio, que empieza en un angosto pasillo que da a un patio desvencijado y al aire libre, donde se acumulan chatarra y se ve el rastro de un ratón aplastado. Una escalera mellada da acceso a la planta alta, donde hay más viviendas. El señor Antonio, como conocen a un octogenario, carpintero y vecino del número de al lado, sale en defensa de los okupas: «Son buena gente, jamás he tenido problemas con ellos».

En el bloque de enfrente, un joven también les da el beneficio de la duda: «A mi primo, un día que venía de fiesta, el conductor del Uber le robó su móvil, y estas personas lograron recuperárselo».

Otros habitantes del barrio, sin embargo, se quejan de robos, hurtos e incluso de algún atraco violento por parte de moradores de Azucenas, 12. Una de las personas que está allí de okupa reconoce que en algunas de las infraviviendas «se ven cosas raras». 

Los interpelados lo niegan de cabo a rabo: «Somos gente sin recursos, aquí hay cuatro niños. Ni hay droga ni nos dedicamos a nada malo. A mí acaba de salirme un trabajo de 20 horas limpiando en un hospital», afirma Teresa [nombre ficticio], mientras que Ricardo, español de 52 años (divorciado, padre y abuelo), reclama un alquiler social: «Soy electricista y vivo de los arreglos que hago. A veces cobro 600 euros, otros meses 800...».

Ayer por la mañana, uno por uno fueron pasando por la comisaría de Tetuán. Mientras presentaban sus denuncias, los siete arrestados seguían en los calabozos. Ibrahim, a punto de cumplir los 60 años y sin trabajo, relata cómo fue lo que ocurrió el lunes por la mañana: «Llamaron a la puerta y la abrieron a patadas. No nos dejaban ni salir a comprar. Aporrearon vivienda por vivienda, y sacaron un papel, del que nos decían que, si firmábamos en ese momento, nos iríamos a las 8 de la mañana del día siguiente. También nos ofrecieron 300 euros por desalojar en el momento, o de lo contrario íbamos a salir de allí en ese momento y con lo puesto».

Pero no llevaban ni un solo escrito del juez. Apenas un papel de elaboración casera a nombre de la empresa Anpla Servicios Integrales. ABC intentó ayer en cuatro ocasiones contactar con ella, pero uno de los teléfonos que aparece en la web está dado de baja y el otro pertenece a una agencia de viajes. En cuanto a APD Security Iberia, su móvil estaba apagado o fuera de cobertura.

Por el momento, los okupas, que llevan hasta diez años residiendo allí, se han salvado del desalojo. Son conscientes de que malviven en un lugar en ruinas, que en cualquier momento puede venirse abajo: «¿Y adónde nos vamos?».