La Comunidad de Madrid emplaza a Tragsa para que negocie mejorar las condiciones a los bomberos forestales

Las protestas de los bomberos forestales, que son contratados por Madrid a través de Tragsa –son 500 efectivos en la región–, como en otras muchas comunidades, se refieren a sus salarios –en torno a 1.300 euros mensuales, afirman–, pero también a otros factores como sus escasos medios materiales, y esto sí se lo achacan a la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, criticaba días atrás esta huelga que «se hace sólo en Madrid» y que tachó de «política». No obstante, también ha habido comunicaciones oficiales de la Consejería de Medio Ambiente apoyando las reivindicaciones de los forestales, aunque recordando a la vez que no son su responsabilidad.

El consejero Novillo ha pedido oficialmente una reunión con el presidente de Tragsa para este viernes, en la que abordar las reivindicaciones de este colectivo. Quiere Novillo que la empresa estatal convoque formalmente una mesa de negociación con todos los actores implicados para la próxima semana, en la que estarán presentes representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. De este modo, Medio Ambiente se pone en el papel de mediador en el conflicto.

Para argumentar la imposibilidad legal de ser quien atiende las reivindicaciones de los forestales, la Comunidad se apoya en un informe de la Dirección General de Trabajo: este señala que el anterior convenio del sector lo firmó la Asociación Empresarial del Sector de la Prevención y Extinción de Incendios de la Comunidad de Madrid (ASEPEIF), pero en la actualidad, la que presta el servicio es la empresa TRAGSA, estatal, que ha subrogado a los trabajadores que prestaban esta función.

«Según el Estatuto de los trabajadores, la representación para esa negociación la ostenta ahora en CEIM, como organización empresarial más representativa en la Comunidad de Madrid», remata, para concluir que «Tragsa no está legitimada para negociar el convenio colectivo del sector, pero sí puede negociar su propio convenio de empresa. La ASEM 112 no tiene legitimidad para negociar ese convenio colectivo de los trabajadores que no son empleados públicos suyos sino personal laboral de empresas concesionarias».

El consejero recuerda «al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que es su compañera María Jesús Montero quien como ministra de Hacienda es responsable de los salarios que cobran los trabajadores de Tragsa en Madrid y en toda España». Uno de los portavoces de las brigadas puntualizaba ayer: «Si la Comunidad pone dinero sobre la mesa, difícilmente el Ministerio de Hacienda o Tragsa se van a negar».